Buena parte de la judicatura alrededor de una mesa historiada, tapete verde en el centro y los dados rodando. Adentrémonos en la ficción. Seis y tres. Nueve. Le toca, por ejemplo, a la Audiencia de Barcelona, que usa el turno para absolver a quien amenazaba, en el Orgullo de 2019, con hacer heterosexual a hostias a una persona que vestía con ropa femenina. El aplauso en la sala es generalizado.

“Mejor que lleves un guardaespaldas, porque ahora, cuando salgas, te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar”, proseguía, a violentos gritos, el energúmeno hace cinco años ante esta persona que se reconocía como LGTBI+ y que quería comprarse una hamburguesa en un restaurante de la capital catalana. El tribunal censura los insultos y vejaciones del acusado, pero concluye que no tienen suficiente entidad para ser considerados como un delito del odio.

Lanzan los dados, de nuevo, sobre el verde. Rodeando el tablero octagonal en el que se dirime, por azar, quién es el siguiente, quedan los restos de la cena, licores y ceniceros que sostienen cigarros cubanos a medio consumir. Vaya, suman siete, es el turno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que siguiendo el criterio del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (que había jugado los dados previamente) decide abrir diligencias por terrorismo contra Carles Puigdemont por la causa de Tsunami Democràtic. Un nuevo intento de frenar la aplicación de la amnistía aprobada en el Parlamento. La decisión también es recibida con regocijo en el salón.

Ruedan los dados de nuevo, entre el humo pesado y el taconeo de los whiskies on the rocks se dibujan graves carcajadas. Dos y tres. Cinco. “¡Por el culo te la hinco!”, bromea uno de los comensales. Es el momento del juez Joaquín Aguirre, del Juzgado 1 de instrucción de Barcelona, que alardea, entre tanta risotada, de ser capaz de tumbar al Gobierno al haber reabierto la causa Volhov, que insinúa participación rusa en el Procés, lo que permite imputar a Puigdemont por el delito de traición, el cual no se contempla en la amnistía. Si cae Puigdemont, cae Sánchez, deduce Aguirre. Hecha la ley, se escoge otro delito que no esté incluido en la amnistía para seguir con el juego.

Otra partida más, y es el turno de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. ¡Sujétame el cubata! Reabre la causa contra la exvicepresidenta del Govern del Botànic Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por su exmarido. Tras meses de un proceso tortuoso, la política de Compromís fue declarada inocente en abril; pocas semanas después, la acción judicial vuelve a golpearla sin aportar pruebas nuevas.

Siguen jugando los comensales, cada vez más cargados de alcohol. Suenan los tragos de gin tonic que se deslizan por la garganta, glup, glup. Suenan los dados rebotando en el cubilete, clac, clac. Uno y cinco. Seis. Juega Belén Pérez Fuentes, del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid, que anuncia la absolución para Miguel Frontera, quien acosó durante meses a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, e Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, en la puerta de su domicilio. El acoso de ultras a la familia fue sistemático y extendido en el tiempo.

Las carcajadas cada vez se vuelven más histriónicas. El pedo es considerable y generalizado. Una fiesta, vamos. Y siguen lanzando los dados, y continúan saliendo jueces a jugar. Y en cada partida, parece que pretenden demostrar, estos funcionarios, que ellos mandan sobre el resto, que a nadie se le ocurra contradecirles o poner en duda su estatus, su posición o su poder. Unos funcionarios que se van alejando del sentir del resto de la sociedad, que se proponen salvaguardar sus postulados ideológicos por encima de todas las cosas e influir en la toma de decisiones cotidianas, encerrados en su salón de fiestas, jugando a los dados, clac, clac.

Menos mal que esto que contamos solo sucede en este relato de ficción. En la realidad, vivimos en uno de los países con una Justicia más moderna y ecuánime, donde sería imposible tal abuso de poder. Por cierto, según el último CIS de 2023, la Justicia era el servicio público peor valorado por la ciudadanía.