Vivimos tiempos oscuros, y más negros que se pueden tornar si la derecha extrema se hace con el poder el próximo 23 de julio. Desde que PP y Vox fraguaran más de un centenar de pactos por todo el país para gobernar conjuntamente diversas instituciones, la censura de representación de obras clásicas de Lope de Vega o Virginia Woolf se han ido sucediendo. A este panorama restrictivo de libertades se suma ahora la sentencia de cárcel para una periodista, sencillamente por haber hecho su trabajo: informar con veracidad. Si se abre esa ventana, los pilares de toda la casa democrática se tambalean.

Informar sobre el brutal asesinato de la joven Laura Luelmo en 2018 le ha salido muy caro a la periodista de Huelva Información: una pena de dos años de cárcel, inhabilitación durante ese tiempo del oficio con el que se gana la vida, el pago de una indemnización de 30.000 euros a la familia de la víctima, además de una multa de 18 meses con una cuota de seis euros diarios. Su delito, haber desvelado detalles del sumario judicial para poder construir sus informaciones que la Audiencia Provincial de Huelva considera que no tenían entidad suficiente para poder considerarse noticia.

Este es, en realidad, el quid de la cuestión. Tal y como advierte el director de Huelva Información, Javier Ronchel, "ahora los jueces nos tienen que decir a nosotros lo que es noticia o no. La sentencia cuestiona el Derecho a la Información y sienta un peligroso precedente". En cierto modo, es como si ahora el recurso de apelación fuera sentenciado por periodistas en lugar de jueces. Zapatero a tus zapatos.

El problema aquí es que al zapatero le irrita la labor de quien cuenta cómo hace esos zapatos. A los magistrados de la Audiencia Provincial de Huelva no les interesa la revelación de secretos, pues si de veras lo hiciera, investigarían cómo salió el sumario de los juzgados. La periodista no se hizo con ese material de manera ilícita, pues la desclasificación del sumario fue obra de algún funcionario o funcionaria de los juzgados.

Lo que molesta a los jueces, tal y como sugiere el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías es que se conozcan los pormenores del proceso porque, de ese modo, podría conocerse si hacen bien o no su trabajo. En el caso de los magistrados que han condenado a esta periodista es evidente que han errado, y así lo ponen de manifiesto diversos colegas de judicatura. Si Urías califica la sentencia de "disparate" y "mordaza" y sostiene que los jueces "aplican mal el Código Penal", el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, afirma que "el apartado 2 y el 3 del artículo por el que ha sido condenada esta periodista no están previstos para los periodistas".

La sentencia es una mordaza a la prensa en toda regla, la instauración de una censura proactiva antes, incluso, de que se produzcan los hechos. Según expone el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, el mensaje que manda la Audiencia Provincial de Huelva es "ojo con lo que se publica porque puede ser revelación de secretos". Y eso nos lleva a los profesionales de la información a la autocensura, incluso, cuando los datos que manejamos son veraces.

Al extendido lawfare al que tenemos que hacer frente, es decir, esa práctica que nos lleva a los tribunales por difundir verdades incómodas, ahora se suma la acción de la justicia que se cree al margen del escrutinio periodístico. Detrás de ambas situaciones se encuentra una situación que saben aprovechar quienes cercenan el derecho a la información y la libertad de prensa: la precariedad que vivimos en la profesión.

El desamparo en el que nos encontramos y las escasas posibilidades económicas son el campo fértil sobre el que orinan políticos, empresarios y ahora, también jueces, para tratar de evitar que la información veraz llegue a la ciudadanía. Imponer penas de cárcel a una periodista por hacer su trabajo es una barbaridad y debe suponer todo un llamamiento a la profesión para hacer piña, para hacer gala de ese corporativismo del que siempre nos han acusado y que, paradójicamente, apenas hemos practicado, porque si algo ha imperado en nuestro oficio es el 'sálvese quien pueda'. Una unión que trascienda nuestras fronteras y mire también a compañeros como Pablo González y las prácticas autoritarias de que está siendo víctima en plena Unión Europea.

Vienen tiempos muy oscuros y de la unión de quienes informamos no solo depende en gran medida que eso no ocurra sino, además, que si finalmente sucede la última chispa de esperanza y resistencia no se pierda... así nos lluevan condenas de jueces que han perdido el norte.