En una de mis vidas anteriores participé en la negociación de varias reformas laborales. Se puede concluir de aquellas experiencias que, en general, han supuesto un retroceso continuo en derechos laborales y están asociadas a la mayoría de las Huelgas Generales que se han convocado en España. Salvo en contadas ocasiones, cuando el movimiento sindical cambiaba la correlación de fuerzas, por ejemplo, tras la Huelga General del 14 de diciembre de 1988.

Otro aprendizaje que podemos sacar de los procesos de negociación de las reformas laborales es que siempre ha sido competencia del Ministerio de Trabajo. Los ministros de Economía nunca las han negociado con los agentes sociales: ni Boyer, Solchaga, Solbes, Rato o Guindos participaron en estas negociaciones. Viene a cuento por la maniobra del nuevo gabinete de Pedro Sánchez de colocar a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la coordinación de las negociaciones para la derogación de la reforma laboral de 2012 del Partido Popular.

Las cosas no suceden por casualidad ni son temas formales o menores. Veamos: la ministra de Economía es una de las defensoras más decididas de las políticas neoliberales ortodoxas en el Gobierno de coalición. Ha estado siempre obstaculizando medidas sociales y de mejora laboral como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y ha defendido la llamada "mochila austriaca" y el contrato único, auténticas agresiones a los trabajadores para igualar a la baja los derechos laborales vendiéndolo como si fuera un avance. Sin referirse nunca a "derogar la reforma", lo último que ha dicho es que tiene que haber "cambios equilibrados acordados con la patronal en la legislación laboral".

La CEOE ya ha manifestado, por activa y por pasiva, que no quiere una derogación de la reforma laboral. Normal, no quiere renunciar al inmenso poder que le concedió el Gobierno de Rajoy y la anterior ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ahora asalariada de la organización patronal en una de las puertas giratorias más escandalosas que se conocen para pagar favores. Con la última y pequeña subida del Salario Mínimo de 15 euros, la CEOE se posicionó en contra y envió un aviso al Gobierno de que no actuara a través de la acción normativa en caso de desacuerdo con la reforma laboral. La CEOE pide derecho de veto y, por sus palabras, Calviño se lo concede.

La derogación de la reforma laboral es un compromiso electoral tanto del PSOE como de Unidas Podemos (y de otras fuerzas políticas), y forma parte del acuerdo para formar el Gobierno de coalición. Es decir, tienen que derogarla sí o sí. En un tema tan importante no es baladí quien debe dirigir las negociaciones y los objetivos a defender. Porque el fondo del asunto es: ¿reforma laboral aguada o en su totalidad? Como dice la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra, Julia López López: "Hay que derogar la reforma PP porque no es compatible con un modelo de relaciones laborales basado en los derechos fundamentales". Y añade: "Diálogo social siempre, pero la acción política como acción normativa urgente también", en un recomendable artículo donde resume cuáles son las líneas rojas para la derogación de la reforma laboral de 2012.

Hay que recordar que no está encima de la mesa de negociación la nefasta reforma laboral de Zapatero de 2010 contra la que se realizó la Huelga General del 29 de septiembre. Como tampoco está la recuperación de garantías frente al despido colectivo e individual, que han ido desmontando su causalidad con reformas laborales anteriores.

El problema es que Nadia Calviño no quiere derogar la reforma laboral, sino maquillarla. Defiende lo mismo que la CEOE: la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial y que los derechos recogidos en convenio se pierdan si no se renueva el convenio (ultraactividad). Pedro Sánchez lo sabe y asume una grave responsabilidad al colocarla, puenteando a la ministra de Trabajo y obviando el diálogo social en el que viene trabajando desde marzo con sindicatos y patronal. Como dice el Secretario General de CCOO, esto es un "menosprecio" al diálogo social.

¿Qué persigue este nuevo-viejo PSOE con esta maniobra y qué puede pasar? Para intentar comprender los hechos hay que poner contexto. Por un lado, está la complejidad de la situación política, con una derecha y ultraderecha crecidas porque la práctica desaparición de Ciudadanos, y quizá una mayor división de la izquierda del PSOE, les beneficia en una serie de circunscripciones y les puede dar la mayoría. Y tanto PP como Vox están cada vez más decididos a pactar para desalojar del poder a un gobierno que consideran ilegítimo y contra el que aplican una oposición feroz y desestabilizadora. Por otro lado, el Congreso de Valencia del PSOE ha evidenciado que los abrazos de Felipe González no son gratis, y parece marcar una tendencia de un giro hacia el centro en búsqueda de viejos bipartidismos perdidos para poner distancia con Unidas Podemos, especialmente con la recuperación de Antonio Hernández y Óscar López.

Por último, parece evidente que se han puesto nerviosos por las encuestas y sondeos de opinión sobre Yolanda Díaz, con una valoración por encima de Pedro Sánchez, y con alta aceptación entre el electorado socialista. Esto debe preocupar a más de uno, que se mueve entre que la izquierda del PSOE no pierda espacio, pero que tampoco crezca demasiado. Con este intento de ninguneo de Yolanda Díaz se quiere frenar su tirón electoral, que hace que no solo la voten por ser de izquierdas, sino a pesar de ser de izquierdas.

Sánchez se equivocaría si, de motu propio o asesorado por sus spin doctor de la Moncloa, piensa que puede cumplir su compromiso electoral con una derogación descafeinada de la reforma laboral, restando protagonismo a la ministra de Trabajo y a Unidas Podemos. Podría provocar una crisis de Gobierno y un choque con los sindicatos. Con ello arriesgaría el Gobierno presente y el futuro, empeorando las expectativas electorales en unas elecciones generales que están más cerca que lejos. ¿Error, deliberación, mal asesoramiento…? Da lo mismo. El problema de no derogar como corresponde la reforma laboral es peor aún que una crisis de Gobierno: produciría el desencanto de muchos trabajadores y sectores de la izquierda y la desafección electoral. Sería una lástima que todos los aciertos que ha tenido este Gobierno progresista, incluida la gestión de una terrible pandemia, se tirasen por la borda por jugar con fuego por cálculo electoralista y por colocar al frente del cumplimiento de un compromiso político tan importante a quien no cree en él.

No se puede esperar a confirmar una estrategia tan peligrosa. Una derogación insuficiente de la reforma laboral sería la tumba de este Gobierno y una condena a futuro, porque facilita el triunfo de la derecha en alianza con el neofranquismo. Tal y como están las cosas, es la hora de que los sindicatos y la sociedad civil se plantee una movilización poderosa para recuperar derechos laborales y cambiar un modelo de mercado de trabajo basado en la precariedad y los bajos salarios. De lo contario, las trabajadoras y las trabajadores seguirán entre los dientes de los tiburones y pasarán factura.