No les importa la verdad ni los hechos. Se mueven en la posverdad, una manera elegante de calificar la mentira y los bulos que les salen gratis. Tiran de brocha gorda, hiperbolizan y exageran: “Gobierno criminal”, “Golpe de Estado”, piden la dimisión de Pedro Sánchez, de Pablo iglesias y de cualquier ministro. Y lo hacen de forma habitual en el Congreso de los Diputados, todos los miércoles en la sesión de control al Gobierno, y a diario en las redes sociales. Hay una falta total de razones y argumentos sosegados y sobran insultos, teatralización y agresividad Se busca deslegitimar al Gobierno y de paso deslegitiman las instituciones y la democracia. Todo vale para tapar su propia corrupción e incompetencia y para ganar un puñado de votos. Es como si una política venenosa se hubiera extendido por el país. Incapaces de buscar soluciones colectivas resucitan el odio y la intransigencia.

Es la derecha de siempre, sin frontera con la ultraderecha. Intenta tumbar al Gobierno cuando España vive una situación extraordinaria por la epidemia de coronavirus y la pobreza en expansión que provoca la crisis socioeconómica sobrevenida. Se ha desplomado el PIB, la inversión y el consumo, y aumentará gravemente el paro, el déficit y la deuda, pero les da igual. Se ataca con más saña, justamente, cuando más se necesitaría unidad y colaboración de todas las fuerzas políticas y sociales. No por una cuestión estética, sino por pura eficacia. Lo dice la OMS: “No politicen el coronavirus a menos que quieran más bolsas de cadáveres”. Llevamos ya demasiadas muertes para seguir despreciando la salud y la vida de las personas. Ante la pregunta de qué diferencia a nuestro país de otros a la hora de abordar la tremenda situación sanitaria y por qué nos van peor las cosas, la experiencia de otros países europeos nos da algunas pistas. Aquí la oposición es desleal, no coopera, entorpece y resta apoyo y credibilidad de forma sistemática a las medidas que los expertos plantean que se deben tomar. Es envidiable, por ejemplo, el caso de nuestro vecino Portugal y el apoyo de la oposición al Gobierno de Costa que, en buena medida, explica sus mejores resultados

La oposición practica una estrategia de tierra quemada y olvida que lo hace en un país que tiene muchas más debilidades de las que parece. Desde una economía bastante dependiente, a un mercado de trabajo que es el reino de la precariedad, un débil Estado de Bienestar y unos servicios públicos debilitados por los recortes y las privatizaciones. Además de serios problemas de cohesión política.

Hace unos días se preguntaba el diario suizo Neue Zürcher Zeitung si España es un Estado fallido. Es una buena ocasión para pararnos a pensar qué nos está pasando. Parece evidente que los problemas existen, son serios y van mucho más allá de que en Cataluña o el País Vasco haya sectores importantes de la población con una identidad propia que defienden el derecho democrático a decidir. Hay problemas mayores como son los déficits en el funcionamiento de los poderes clásicos del Estado: un ejecutivo asediado por una brutal oposición lo que limita su capacidad de actuación en temas tan graves como la epidemia; un Parlamento que es la caja de resonancia de la bronca y la crispación política; y un poder judicial con su órgano de gobierno caducado por el derecho de veto que ejerce el PP, y con la sombra de la sospecha sobre su independencia por la politización.

Pero quizá el principal problema es la falta de falta de cohesión social que produce las profundas desigualdades sociales, y la apropiación del concepto de España y de sus símbolos por la ultraderecha. A ello hay que añadir: la crisis constitucional generada por una monarquía cada vez más cuestionada, especialmente por las generaciones más jóvenes, y que acumula escándalos con total impunidad; la crisis de confianza ciudadana por una corrupción que salpica a muchos y de manera continua al principal partido de la derecha; un retorno del franquismo que niega, en la práctica, toda reconciliación y la memoria histórica de las víctimas, que practica un burdo revisionismo desde la ignorancia y la agresividad como se ha podido ver en los ataques a la figura de Largo Caballero y Prieto y que han provocado la vergüenza ajena de cientos de historiadores. Ya lo decía Walter Benjamin: “Ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence”. Y con nuestra “modélica” Transición parece que este enemigo no ha dejado de vencer.

Para afrontar estos problemas habría que decidir el modelo territorial del Estado, la forma de la jefatura del Estado, cerrar las heridas de la memoria histórica, aceptar democráticamente los resultados de las urnas –algo que no hace una derecha que tiene mal perder- y permitir gobernar, aunque se realice la debida oposición. Al final, todo se reduce a una cuestión democrática: votar para decidir y aceptar lo votado.

En todo caso, lo que es evidente es la pésima imagen del país que se proyecta fuera de nuestras fronteras. En Europa no se entiende el nivel de bronca política, el antipatriotismo que demuestra la derecha boicoteando al Gobierno incluso ante la recepción de los fondos europeos de ayuda frente al Covid-19, y el negacionismo de gobiernos como el de Madrid que se oponen a la aplicación de medidas laxas en situaciones extremas de contagios y que haga de todo un conflicto político para desestabilizar al Gobierno.

En este crujir de las cuadernas de este barco llamado España tiene mucha responsabilidad la que debería ser –y no es- una derecha democrática homologada a las europeas. PP y Ciudadanos gobiernan Comunidades Autónomas y grandes ayuntamientos gracias a la ultraderecha que está cobrando su peaje, que marca su agenda e intenta crecer electoralmente a su costa. En Europa, con buen sentido por su terrible experiencia histórica, se aplica la política del cordón sanitario cuya función es evitar que se extienda la infección del fascismo. En España, PP y Cs están jugando con fuego cuando blanquean y dan carta de naturaleza a la ultraderecha protofranquista. Y mucho ojo, que después de los discursos del odio vienen los hechos del odio como ha sucedido en Grecia con Amanecer Dorado.

Una muestra de lo crecida que está la ultraderecha es la moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo de la mascarada de Vox no es otro que colocar al resto de la derecha en una posición incómoda para intentar quitarle apoyos y votos. Nada más anunciarla, empezaron en las redes sociales la campaña contra la “derechita cobarde” del PP y Cs. Además de calentar a su hinchada en una dinámica peligrosa que excita los peores sentimientos de intolerancia, persigue que la derecha siga pillada en la estrategia de la tensión que han creado con el objetivo de acabar derribando a Gobierno por cualquier método. Y cuando digo por cualquier método, es por cualquier método. Ya hubo propuestas de Gobiernos de concentración y movimientos extraños en pleno Estado de Alarma con tanteos a poderes económicos. No deja de ser significativo que los que acusan al Gobierno de golpe de Estado son los que más sueñan con él.

El hartazgo ante el estado de degradación de la vida política es mayúsculo. Ya está bien. Salir de este bucle y que triunfe la democracia exige que el Gobierno cumpla su programa, gobierne para la mayoría social y busque el respaldo de su electorado. Es la única manera de evitar el desastre y la desafección política, social y electoral. Rescatando la participación crítica de la ciudadanía, el sentido de lo colectivo, la defensa del bien común, mucha educación pública de calidad y el ejercicio de la democracia. No todos son iguales, aunque insista en ello la machacona propaganda de algunos medios de desinformación masiva. Por ello tiene que haber una sanción moral, política y electoral hacia aquellos que faltan al respeto a los demás, que embarran el terreno de juego, que utilizan la crispación y el todo vale para acabar con el rival. Solo recuperando una conciencia cívica colectiva, valores de fraternidad, cohesión social y de respeto mutuo conseguiremos superar las dificultades que este país tiene por delante.