La Junta de Andalucía no está a la altura. Por tercer día consecutivo está caída su página web a través de la cual es posible solicitar el bono joven del alquiler que financia el Gobierno de España. Tras meses de espera, los y las jóvenes que precisan de esa ayuda de 250 euros al mes para tener acceso a la vivienda llevan desde el pasado lunes sin poder realizar la gestión por una pésima gestión del Gobierno andaluz que vive tan alejado de la realidad que no supo anticipar la avalancha de solicitudes que se le venía encima.

No tenía que elaborar una medida que paliara las dificultades de acceso a la vivienda, ni dotarla económicamente. De todo eso se había encargado el Gobierno de España, que con un fondo anual de 200 millones de euros para los próximos dos años -de los que 68,4 millones recaen en Andalucía- trataba de mitigar los problemas habitacionales que se sufre en España. Lo único que tenía que hacer el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla era gestionar las solicitudes y el reparto, pero ha sido incapaz.

La falta de previsión ha vuelto a sacar los colores a la Junta, que pese a contar con soluciones tecnológicas sencillas y baratas para hacer frente a estos picos de demanda informática, continúa anclada en un modelo obsoleto que no presta un servicio de calidad a la ciudadanía. En un momento en el que es posible contratar una mayor capacidad de procesamiento a demanda, pagando únicamente por lo que se utiliza, sorprende que el Gobierno andaluz cometa patinazos de esta envergadura. Y esta desidia aún sorprende más considerando que la Junta no ha sido precisamente de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha la convocatoria de ayudas -algo por lo que el Defensor del Pueblo Andaluz ya le llamó la atención-; de hecho, Catalunya adjudicó las ayudas el pasado 17 de junio.

Solo es el principio, porque dicho patinazo se ha cometido en la recepción de solicitudes: todo hace temer que si inepta es la Junta en su recepción más aún lo será en su resolución. De los pocos datos que han trascendido destacan los 350.000 intentos entre las 9:00 y las 12:00 horas del lunes... y sólo hay dinero para 14.000 personas. A pesar de ese volumen, la Junta sostiene que hasta las 18:00 horas de ayer martes únicamente había recibido un total de 5.563 solicitudes. Los datos hacen temer lo peor.

Su reparto no se realizará en función de su mayor o menor necesidad por falta de ingresos, siempre y cuando entren en los requisitos de ser menor de 35 años y que sus rentas no superen los 1.979 euros mensuales en 12 pagas o los 696 euros al mesen 14 pagas. Si se cumple con esos requisitos, la adjudicación de las ayudas se realizará por orden de llegada, pero dados los problemas técnicos registrados por la Junta, ¿está en disposición de hacer un reparto justo siguiendo ese criterio?

Miles de andaluces tenían su documentación lista el lunes y a las 9:00, cuando se iniciaba el plazo de solicitud, se toparon con que la página web ya estaba caída en el peor de los casos y, en el mejor, con que después de haber seguido todos los pasos, la web indicaba no haber recibido ningún dato. La consejera de Vivienda, María Francisca Carazo, en primer término, y el presidente Moreno Bonilla, en segundo, han sido manifiestamente negligentes. Lo han sido en la previsión y, una vez que les explotó en las narices el problema que ellos mismos habían generado, han sido negligentes en su resolución, si prestar el debido soporte a los miles de jóvenes que intentaban acceder a esta ayuda estatal, hasta el punto que fueron las personas afectadas quienes se organizaron en redes sociales para prestarse apoyo.

Lo que está sucediendo con el bono joven del alquiler evidencia que en San Telmo no tienen los pies en la tierra. No parecen ser conscientes de las necesidades de la ciudadanía porque, de haberlo sido, ¿no habrían tenido listos los sistemas informáticos? Del mismo modo que el Gobierno de Moreno Bonilla habla de la mejor Educación mientras el alumnado hacinado en barracones se extiende por Andalucía y crecen las concesiones para centros privados o las citas de Atención Primaria se demoran mientras se colapsan las urgencias, en lo único que tenía que hacer la Junta, esto es, canalizar las solicitudes, ha suspendido estrepitosamente. La ha pifiado con un derecho constitucional.