Junts ha anunciado que el lunes decidirá si continúa apoyando o no al Gobierno de coalición, es decir, si van a seguir negociando con PSOE y Sumar dentro del llamado bloque de investidura que conforman los partidos que apoyaron la Presidencia de Sánchez. En el momento que escribo estas líneas, todo apunta a la ruptura, aunque no a la moción de censura que desean sin disimulo en el Partido Popular. La ruptura con el Gobierno supone cerrar las negociaciones abiertas, incluida la de los Presupuestos Generales del Estado, y acabar con las visitas de Zapatero a Waterloo, lugar de residencia de Carles Puigdemont, líder de Junts que sigue esperando que al Supremo le salga de las puñetas aplicarle una ley de amnistía constitucional para regresar a Catalunya ¿Jueces que no aplican las leyes aprobadas por un Parlamento soberano? Eso es, y le llaman “democracia plena”.  

En Junts sostienen que las razones por las que han decidido romper con el Gobierno no tienen nada que ver con el preocupante ascenso de Aliança Catalana, la ultraderecha independentista catalana, sino con las políticas “radicales” de Sánchez y Díaz, sean en vivienda o en derechos laborales. “Radicales”, claro, si las miramos desde la perspectiva neoliberal del partido catalán, porque desde la izquierda del PSOE, las propuestas del Ejecutivo se quedan en socialdemocracia moderada, y justitas. En realidad, la clave está en esa corriente populista y xenófoba que se está llevando por delante a todas las derechas europeas -y hasta a algunas izquierdas- y que tiene que ver con las mal llamadas “políticas antiinmigración”, que son, en realidad, violaciones de los derechos humanos.

Los alcaldes de Junts están muy preocupados con el ascenso de AC y las próximas elecciones municipales, así que han pedido a Puigdemont un cambio de rumbo: el independentismo catalán de derechas cree que no puede competir con el de Silvia Orriols manteniendo a un Gobierno de coalición progresista en el Estado español; mucho menos, arguyen las fuentes consultadas, si es el PSC quien gobierna en Catalunya con el apoyo de su principal competidor independentista, ERC, que también integra el bloque de la investidura de Sánchez. 

La de Junts es una decisión histórica que tira por la borda su apuesta por la transversalidad de dar prioridad a la independencia de Catalunya por encima del eje ideológico izquierda-derecha, una apuesta que tuvo su máxima expresión en el procés y que ha ido desinflándose hasta acabar en un Govern socialista en la Generalitat, por culpa de unos tribunales autobendecidos como garantes de la unidad de España, la dejación de funciones de un Gobierno del PP y varios errores del propio independentismo, que infravaloró lo anterior y lo fio todo a la épica soberanista.

Pese a que fue el propio Puigdemont quien pidió a su partido, militantes y votantes que no sucumbieran a las “modas” xenófobas de Aliança Catalana y abordarán el tema de la inmigración como el “debate complejo” que es, con “el rigor” que merece, la presión de la ultraderecha ha acabado doblando el brazo a Junts, en la misma medida que el PP ha sucumbido ante la xenofobia militante de Vox. En Junts descartan hoy una moción de censura que dé el Gobierno a Feijóo y a Abascal, toda vez que fue éste quien en 2020 presentó una propuesta en el Congreso para ilegalizar a los partidos nacionalistas e independentistas, porque para Vox, “el nacionalismo es incompatible con la democracia” (Espinosa de los Monteros, septiembre de 2020), como si los de Abascal no fueran unos ultranacionalistas españoles, al más puro estilo franquista. Y no solo fue Vox el decidido a dejar fuera de la democracia (la suya) a los nacionalistas, porque en enero de 2024, también el PP planteó ilegalizar a aquellos partidos que propusieran referéndums de independencia, o sea, al propio Junts. 

Al final y en un contexto parlamentario tan polarizado, no obstante, la cuestión de la ruptura con el Gobierno lleva a la superficie dos cuestiones: el independentismo catalán está en sus horas más bajas y Puigdemont tendrá que afrontar la poderosa percepción general de que no estar con un Gobierno progresista y plurinacional -el mismo que te dio la amnistía o te quitó la sedición, muy a su pesar- significa dar alas a una ultraderecha españolista que quiso meterte en la cárcel y convertirte en un paria electoral.