Por Luis Suárez, miembro de La Comuna.

La escena transcurre en las puertas de una cárcel, la de Guadalajara. Un nutrido grupo de militantes socialistas encabezados por su líder Felipe González despide a un par de compañeros que van a entrar a cumplir condena. Es el 10 de septiembre de 1998, y a varios de los dirigentes asistentes al momento – Pérez Rubalcaba, Borrell… - se les saltaron al parecer las lágrimas cuando les vieron traspasar la reja. De Felipe González dicen las crónicas que nunca se le había visto tan embargado por el dolor y la rabia.

¿Quiénes eran esos condenados? Dos altísimos cargos de los gobiernos presididos por Felipe González: José Barrionuevo, ministro del Interior entre 1982 y 1988; y Rafael Vera, secretario de estado de seguridad, entre 1986 y 1994.

¿Por qué eran despedidos como héroes a la puerta de la cárcel? ¿habían sido condenados por defender los derechos humanos o sindicales, por luchar por las libertades, contra la opresión…? No, por ser los responsables del secuestro y tortura durante 10 días, en 1983, de un ciudadano francés, Segundo Marey, confundido con un militante de ETA. Hechos por los que fueron también condenados otros políticos cómplices o participantes directos del partido socialista y de las instituciones vascas.

Con esa condena el Tribunal Supremo ratificaba la responsabilidad de estos personajes en la creación y financiación, con fondos públicos, de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), organización terrorista culpable al menos de 27 asesinatos – de los cuales se estima que 10 eran personas ajenas a ETA. La condena, a pesar de las protestas del aparato socialista y su impugnación de la justicia, fue ratificada por el Tribunal Constitucional (2001) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2010).

Conviene recordar que, además de organizar asesinatos y secuestros, estos ‘héroes’ y su trama oficial robaban a dos manos: durante esos mismos años toda la cúpula de interior se auto-indemnizó ilegalmente con sobresueldos a costa de los fondos reservados.

A lo largo de las distintas investigaciones y procesos en torno a los crímenes de los GAL - un caso de libro de terrorismo de Estado o guerra sucia -, quedó por resolver la principal incógnita (la X), es decir, la cúspide de la pirámide de mando. Quiero decir que quedó oficial y judicialmente pendiente de establecer, porque extraoficialmente la incógnita tenía muy poco misterio: cuando hasta el propio ministro está en el ajo, cuando el ministro es de la total confianza del presidente, cuando la guerra sucia dura años… es fácil deducir que el presidente de gobierno, o sea, Felipe González, esté igualmente en el ajo, o más bien, sea quien da la luz verde. Lo cual por cierto es lo mismo que piensan en la CIA, según los papeles recientemente desclasificados de esta agencia.

No son de extrañar por ello las muestras de solidaridad, llevaban mensaje subliminal para los condenados: aguantad, no cantéis, que vamos a sacaros de ahí en un pispas. Y, efectivamente, la movilización (no solo callejera sino también mediática, encabezada, como no, por el ‘progresista’ El País) tuvo su efecto: el gobierno del PP, entonces presidido por Aznar, concedió el indulto en las vísperas de Navidad. Por encima de las rivalidades partidistas, la primacía de las razones de Estado. En suma, de una condena de 10 años, a un tiempo en prisión de… 3 meses.

Siguiente escena: agosto de 1999, Felipe González es entrevistado en Chile por la televisión y preguntado por su opinión sobre la orden de detención emitida en octubre del año anterior por el juez Baltasar Garzón contra el dictador genocida chileno Augusto Pinochet, entonces en Londres. Un hecho que había provocado una ola internacional de entusiasmo entre todas las personas defensoras de la justicia y la libertad.

No es el caso de González, que declara ante los medios chilenos que no le parece razonable su detención. De hecho, desde el primer momento González se había manifestado en contra de la orden de detención, hasta el punto de verse la dirección del PSOE obligada a desmarcarse públicamente de él.

Traigo a colación estas escenas y antecedentes – de entre otros muchos posibles - como preámbulo al comentario de la carta a una jueza, última manifestación pública del mismo expresidente Felipe González (FG), con motivo de la toma de declaración a Martín Villa en la embajada argentina el pasado 3 de septiembre, por crímenes del aparato del Estado bajo su mando durante la Transición: en concreto 12 homicidios y cientos de heridos, entre 1976 y 1978.

La carta de FG forma parte del lote que el inculpado recabó de distintas figuras políticas igualmente vintage o viejunas de nuestro país y remitió a la jueza en su, suponemos, descargo, que han sido reflejadas en los medios. Esa carta ha revelado un desapego hacia la más básica noción de justicia que viniendo de un expresidente del gobierno y exdirigente máximo del partido socialista resultaría inquietante, sino fuera porque, dados antecedentes como los narrados, no puede sorprendernos: no es un trastorno senil sobrevenido, es su forma natural de pensar y actuar.

En su carta a la jueza Servini, FG no se limita a glosar las virtudes personales y la labor conciliadora de Martín Villa durante la Transición, como hacen el resto de remitentes - cuestiones que, por otro lado, no contradicen ni justificarían los hechos por los que está imputado. FG avanza unos metros más: anima a la jueza a que ‘depure las responsabilidades que correspondan de los responsables de estas denuncias temerarias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa’.

¿Habrá leído FG el sumario? ¿Sabrá FG que está construido alrededor de los testimonios de las víctimas y sus familiares, con el máximo rigor jurídico? ¿Pensará que la jueza ha llevado adelante el proceso contra viento y marea, o, más precisamente, contra el boicot del Estado español, sobre la base de ‘denuncias temerarias y campañas de acoso’ – en palabras de FG?

Son preguntas retóricas: FG no conoce ni le interesa el sumario, no le importan los testimonios, entiende que hay, de nuevo, ‘razones de Estado’ que justifican, exculpan cualquier crimen. De su carta se deduce: la Transición fue complicada; los asesinatos de manifestantes o sindicalistas fueron parte del precio a pagar. Una vez más, la glorificación de nuestra ejemplar ‘injusticia transicional’: Renuncia a la justicia a cambio de consenso, pactos de impunidad, continuidad del aparato franquista para la legalización de la izquierda...

En esta perversión de principios éticos y democráticos coincide aproximadamente con el resto de remitentes de cartas, y con el bastión resistente del régimen del 78; sin embargo, para cualquier observador internacional nuestra impunidad resulta chocante y de hecho confronta con el derecho internacional de los derechos humanos y también con cualquier tribunal no contaminado por nuestra atmósfera negacionista, como el de la propia jueza Servini.

FG ha exhibido en su toma de posición pública tanta falta de respeto hacia la justicia y su independencia como de empatía hacia las víctimas. Hablando de estas, ha circulado en estos días otra carta de FG, del 31 de marzo del año 76, a escasas semanas de la matanza de obreros por la policía del 3 de marzo en Vitoria, dirigida en nombre del PSOE a la familia de una de las víctimas, concretamente, Pedro Martínez Ocio. Haciendo ya entonces gala de sonrojantes eufemismos (‘triste pérdida’, ‘últimos acontecimientos’), ofrece su ‘más sentido pésame’ y se pone a su disposición para ‘cualquier tipo de ayuda’ que necesiten. Ni una palabra de solidaridad y respaldo político; leyendo la breve carta nadie imaginaría que se trata de una víctima de la violencia policial contra el ejercicio pacífico de los derechos civiles.

Esa matanza y esas víctimas forman parte de los crímenes impunes a día de hoy que le son imputados a Martín Villa, producidos en un contexto sistemático de persecución de la oposición y represión de las libertades, de inercia dictatorial de un franquismo sin Franco. Crímenes, en consecuencia, de lesa humanidad que ni prescriben ni pueden ser amnistiados según la doctrina internacional. La primera ‘ayuda’ que las víctimas han necesitado - y se les ha negado - durante todo este tiempo es la de un Estado que garantice su derecho a la justicia.

Por el contrario, la carta ahora enviada por Felipe González a la jueza muestra finalmente, 44 años más tarde, cuál es su ‘ayuda’: el encubrimiento definitivo del asesinato y la instigación al procesamiento de las propias víctimas.

Tanto los favores – como el indulto - del PP a los condenados del PSOE por el GAL, como la negativa hace un par de meses de ambos partidos (en algo se ponen de acuerdo, aunque no desde luego en solucionar problemas de este país), junto a Vox, a la creación de una comisión parlamentaria de investigación de aquellos mismos hechos, o esta carta de FG en apoyo de Martín Villa… nos hacen pensar en un sustrato de favores y complicidades entre ambos partidos, estimulado por lo que saben – y callan – los unos de las hazañas inconfesables de los otros, particularmente de los años de la ‘bendita Transición’.

Las cartas enviadas a la jueza, al igual que la otra carta pública reciente, tan notoria y delatora, de las 70 figuras políticas en apoyo del emérito en fuga, muestran una sensibilidad extrema, enfermiza, de la piel de los defensores del régimen del 78: cualquier cuestionamiento de los hechos o de sus protagonistas provoca reacciones cuasi-histéricas.

Pero en democracia ningún tabú debe ser sagrado. Ya lo dijo Orwell: La libertad es el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Y es mucha la gente que a estas alturas sí quiere oír. Quienes llevamos años empeñados en romper la campana de ignorancia e impunidad en que nos pretendió encerrar la Transición, y por el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, no nos vamos a achantar por cartas ni presiones de los económica y mediáticamente poderosos.

En estos mismos días los tribunales españoles – la Audiencia Nacional - han condenado a 133 años de cárcel a uno de los asesinos de Ignacio Ellacuría y otras 6 personas en El Salvador en 1989. Un militar condenado por un crimen de estado más de 30 después en aplicación de la doctrina de la justicia universal sobre crímenes de lesa humanidad. Ni el tiempo, ni las complicidades políticas, ni las razones de Estado: la justicia. De eso se trata, nada más y nada menos.