No sé si nuestros gobernantes y políticos son tan ingenuos como parecen a veces o simplemente, se lo hacen. Tampoco sé qué es peor de las dos cosas, porque si hablamos de ingenuidad, entramos en la incapacidad de ser conscientes de las cuestiones de fondo de los problemas que atañen al país, y si nos referimos a hacer la vista gorda, el cinismo rayano con la crueldad resulta insoportable hasta para quienes estamos curados de espanto.

Hace unos días, gracias al preciso y valiente testimonio de Marta Vigara en la Ser, contando su experiencia sobre un aborto por un embarazo de riesgo, pudimos conocer en toda su dimensión y muy bien ilustrada la distancia que existe entre aprobar leyes que amplíen derechos y libertades y la garantía de que se cumplan. El testimonio de la médico Vigara, víctima de una despiadada violencia institucional y obstetricia, inauguró un camino informativo con el que llevamos ya varios días. Por desgracia, además, la espita que abrió Marta es una fuente inagotable de casos abocados al dolor y al sufrimiento, porque en España no se garantizan los derechos al aborto y a la eutanasia. Entre otros, sin duda, como el de la cobertura de la dependencia, la vivienda digna, la salud mental, etc. etc.

Todos estos derechos básicos se recogen en leyes meridianamente claras, aprobadas por mayoría de la voluntad popular representada en las Cortes e, incluso, en muchos casos, plasmados en la Constitución Española de 1978, manoseada para las cosas de hiperventilados (banderas, unidad territorial, himnos y monarcas) e ignorada para estas otras del vivir que cito.

Volvamos, no obstante, a la escandalosa negación del aborto y la eutanasia en la sanidad pública que hemos conocido al detalle estos últimos días. ¿Qué han hecho los gobiernos central y autonómicos frente a esta cascada de informaciones sobre enfermos crónicos-degenerativos y mujeres embarazadas que rompen el alma cuando narran el desprecio y la indiferencia con la que son tratados, en su dolor inabarcable? Aparte de justificar la derecha que objeción de conciencia es sagrada (sic) y de rasgarse las vestiduras la izquierda, no he oído a un solo dirigente progresista que vaya al fondo de la cuestión; ni a una.

El derecho al aborto y a la muerte digna, y por eso me detengo en ellos, son dos facultades que entran en colisión frontal con uno de los poderes fácticos más arraigados en este país: el poder católico. Y en esta España aún tan atrasada en tantas cosas es imposible tratar a ese poder católico como un ente aislado en su comunidad de creyentes, que ni nos importa quiénes son ni qué hacen en su vida privada, pues a este ámbito deben pertenecer y garantizarse el derecho a la libertad religiosa.

Los tentáculos del Vaticano, de la Conferencia Episcopal, del opus dei, de los legionarios de Cristo o de los neocatecumenales, sin despreciar a todos esos movimientos evangelistas que tratan de permear nuestra política y nuestra vida, llegados de América y regados con miles de millones, están en todas las instituciones y ocupan buena parte de la educación y la sanidad públicas, así como las conciencias de quienes deben garantizarlas.

¿Puede un juez dictar una sentencia condicionado por su religión negando un derecho recogido en una ley? ¿Un médico sí puede negar un aborto o una eutanasia porque es católico y aplastar así una voluntad legítima? ¿Qué va primero, entonces: la conciencia de un médico o la vida digna -que incluye la muerte ídem- de un ser humano? ¿El catolicismo de un sanitario o el derechor reconocido de una mujer a interrumpir su embarazo? ¿Está entonces la religión por encima de nuestro Estado de Derecho? Porque, ¿qué creen que ha conformado esa conciencia antiaborto y anti-eutanasia de los sanitarios objetores, el miedo a ver sangre?

Es una vergüenza que los derechos de hombres y mujeres, pero sobre todo de éstas, tratadas como ciudadanas de segunda por el dogma católico, sigan viéndose mutilados por poderes religiosos que tanto daño han causado y siguen causando al permitirles salirse de su ámbito de acción. ¿Y qué hace el Gobierno? Contratar a un comité asesor sobre aborto y eutanasia con siete de doce miembros vinculados estrechamente con la Iglesia católica, según desveló Ángel Munárriz en Infolibre esta misma semana: un gobierno progresista renegando del laicismo en las leyes que más exquisita laicidad deben incorporar. ¿De verdad no lo han pensado siquiera? Es insoportable.

Sin un Estado laico en forma y fondo, no hay avances que valgan; y no valen socialdemócratas melindrosos porque aquí hablamos de voluntades legítimas de hombres y mujeres que están por encima de todas las cosas porque hablamos de derechos y libertades que evitan toneladas de sufrimiento. Y no admiten ni más aplazamientos ni más burocracias: es ahora cuando todas las religiones deben desaparecer de la esfera pública. Estamos en el siglo XXI. Y muy hartas.