¿A quién le está costando políticamente el 'caso Móstoles'?

Hace unos días escribía en estas mismas páginas sobre cuánto cuesta políticamente hacer daño a las mujeres. La pregunta partía de una idea relativamente sencilla: una sociedad puede condenar explícitamente la violencia machista y, al mismo tiempo, asumir con bastante facilidad que quienes la ejercen, la banalizan o gestionan negligentemente sus consecuencias continúen siendo personas políticamente elegibles, profesionalmente recuperables o socialmente rehabilitables. El caso de Móstoles obliga ahora a formular esa misma pregunta desde el otro lado: ¿a quién le está costando políticamente este caso?

Por ahora, la respuesta es bastante obscena. La exconcejala del Partido Popular que denunció a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, dejó su acta, abandonó la política y se dio de baja del partido en 2024. Bautista sigue siendo alcalde.

Conviene dejar una cosa clara para no jugar a ser tribunal: Manuel Bautista no está condenado. La causa por presunto acoso sexual y laboral permanece en instrucción y será la justicia quien determine su responsabilidad penal. Pero utilizar la ausencia de sentencia para fingir que políticamente estamos ante una página en blanco sería bastante tramposo. La querella fue admitida, la denunciante ratificó durante más de tres horas su relato ante la jueza y la magistrada rechazó el intento de la defensa de archivar la investigación señalando que la querella contiene una "extensa prueba documental". Su declaración como investigado está prevista para el 1 de diciembre. Mientras la justicia hace su trabajo, se puede analizar algo que no requiere esperar ninguna sentencia: qué hizo una organización política cuando una mujer acudió a ella diciendo que estaba siendo acosada por un hombre situado por encima de ella en su propia estructura.

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Y ahí hay bastante menos espacio para la duda. La mujer pidió ayuda al Partido Popular antes de acudir a los tribunales. Escribió al entorno de Isabel Díaz Ayuso, mantuvo reuniones con responsables del PP madrileño, reclamó amparo y solicitó que se activara el protocolo contra el acoso. El partido terminó archivando el expediente sin tomar declaración ni a ella ni a los testigos que había propuesto. Y conocemos además parte de lo que ocurrió durante aquellas reuniones porque fueron grabadas.

Ana Millán, entonces vicesecretaria de Organización del PP madrileño y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, llegó a decirle: "Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual". Parece bastante claro que había entendido lo que aquella mujer le estaba contando. Lo retorcido viene justo después: "Ese amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia" y "Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada".

Una compañera de partido te escucha relatar una situación que ella misma define como "un acoso de manual" y la solución que te ofrece es que no denuncies. Esto no necesita demasiada ornamentación teórica para resultar escandaloso. La institución reconoce internamente la gravedad de lo relatado y, en lugar de preguntarse cómo proteger a la mujer y esclarecer los hechos, convierte el silencio en una forma de protección. No denuncies porque denunciar puede perjudicarte. Y, efectivamente, ya veremos enseguida a quién terminó perjudicando todo aquello.

Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, consiguió todavía llevar la banalización un poco más lejos. Resumió lo ocurrido diciendo que Bautista "le tira los tejos", ella "le da calabazas" y después cambia la relación entre ambos. Cuando un periodista le preguntó posteriormente por aquella interpretación respondió: "¿Y tú cómo ligas?". Pues, señor Serrano, a estas alturas de la película, qué narices entiende usted por ligar.

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Porque este es precisamente uno de los mecanismos más viejos mediante los que se ha desactivado socialmente el acoso: convertir relaciones profundamente atravesadas por el poder en historias de cortejo que salieron mal. Aquí no estamos hablando de dos desconocidos intentando averiguar si existe interés mutuo. Estamos hablando de un alcalde y una mujer integrada en su equipo político. Ella denuncia proposiciones sexuales, su negativa y un posterior proceso de aislamiento, retirada de funciones y hostigamiento. Eso tendrá que probarse judicialmente, pero presentar semejante relato como un hombre que "tira los tejos" y una mujer que "da calabazas" hace desaparecer precisamente lo que permite entender el posible acoso: quién tiene poder sobre quién y qué puede ocurrir después de un rechazo.

Y Ana Millán deja otra frase que explica muchas cosas: "Todas hemos aguantado muchas cosas en política". Probablemente sea verdad, y ese es precisamente el problema. La política ha sido históricamente una institución construida por hombres, alrededor de trayectorias masculinas y con unas reglas formales e informales profundamente atravesadas por esa desigualdad. La entrada de mujeres en esos espacios no hace desaparecer de repente las reglas del juego. Muchas han tenido que aprenderlas, negociarlas e incluso reproducirlas para poder permanecer y acumular cuotas de poder dentro de instituciones que seguían funcionando bajo lógicas creadas mucho antes de su llegada.

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Ahí "todas hemos aguantado" deja de ser una frase sorora y se vuelve bastante retorcida. Yo aguanté, otras aguantaron y parece que ahora tú también tendrás que aprender qué cosas forman parte del precio de estar aquí. En lugar de cuestionar la estructura que obliga a las mujeres a aguantar determinadas situaciones para permanecer en ella, se convierte esa capacidad de aguante en una especie de requisito informal de la carrera política.

Y esta es también una buena advertencia contra una identificación demasiado sencilla entre presencia de mujeres y transformación feminista de las instituciones. Una mujer puede alcanzar muchísimo poder adaptándose perfectamente a las reglas de una estructura patriarcal y contribuir, además, a reproducirlas sobre otras mujeres. Eso no la coloca en una posición equivalente a la de los hombres que históricamente han construido y dominado esas estructuras, porque el género no desaparece cuando una mujer asciende. Lo que demuestra es algo bastante menos reconfortante: que las instituciones pueden incorporar mujeres sin dejar de penalizar a aquellas que cuestionan las condiciones bajo las que se les permite permanecer.

Isabel Díaz Ayuso, ella que nunca defrauda en estas cuestiones, calificó inicialmente lo ocurrido como un "caso fabricado contra el PP". Cuando la investigación judicial continuó, defendió que no aplicaría una "justicia de autor" contra Bautista y sostuvo que nadie había demostrado los hechos. El PP madrileño ha mantenido su respaldo al alcalde incluso después de que la jueza acordara investigarlo. Y resulta llamativo comprobar cómo toda la maquinaria de la prudencia aparece de repente para proteger la continuidad de quien ocupa el puesto de poder.

En mi columna anterior recuperaba el concepto de himpathy desarrollado por Kate Manne: esa empatía desproporcionada que aparece alrededor de determinados hombres cuando son acusados de causar daño a una mujer. Entonces empiezan las preguntas sobre su carrera, su reputación, su futuro y sobre si resulta justo que una acusación pueda destruir todo lo que han construido. Móstoles encaja al dedillo en ese mecanismo. Hay que proteger la presunción de inocencia, por supuesto, y esperar a que la justicia determine si cometió un delito. Pero mientras toda esa exquisita cautela protege su continuidad política, cuesta encontrar una preocupación equivalente por proteger la de ella.

Por eso cuesta mirar Móstoles sin recordar Ponferrada. Hace veinticinco años, Nevenka Fernández denunció por acoso sexual al entonces alcalde, Ismael Álvarez. Era concejala de Hacienda de su gobierno. Álvarez fue condenado en 2002, dimitió aquel mismo día y años después volvió a presentarse a unas elecciones municipales. Pero limitar aquella historia a la condena y la dimisión deja fuera justo lo que resulta más pertinente ahora: qué le ocurrió a ella.

Nevenka tuvo que huir. Antes de denunciar ya había tenido que marcharse a Madrid para intentar llevar una vida normal y, después, la campaña de descrédito, el señalamiento público y la presión llegaron a hacer imposible su permanencia en Ponferrada. Terminó abandonando también el territorio español y pasó años lejos de su familia, de sus amistades y de su casa. Mientras ella tenía que reconstruir su vida fuera, más de 3.000 personas llegaron a manifestarse en Ponferrada en apoyo de Álvarez después de su condena.

Lo que conecta ambos está en un lugar bastante incómodo: quién acaba marchándose. Han pasado veinticinco años. Tenemos leyes, protocolos contra el acoso, planes de igualdad, códigos éticos, formación, instituciones especializadas y un vocabulario mucho más preciso para identificar la violencia machista. Han cambiado muchas cosas y sería absurdo negarlo. Sin embargo, una mujer acude a una estructura política pidiendo amparo y escucha que denunciar "te va a hundir", que "te comen", que todas han tenido que aguantar y que protegerse consiste en no hacer nada. Lo verdaderamente perverso es que aquella advertencia terminó pareciéndose demasiado a una profecía autocumplida: la mujer que pidió ayuda fue quien terminó fuera y Bautista continúa siendo alcalde.

Por lo tanto: ¿a quién le está costando políticamente el caso Móstoles? Hasta ahora, a ella. Y ahí aparece una de las formas más persistentes de la desigualdad: que señalar el daño pueda terminar teniendo para una mujer un coste político, profesional y personal mayor que el que la propia existencia de la denuncia tiene para el hombre señalado. Veinticinco años después de Nevenka hemos aprendido muchísimo sobre cómo llamar a las cosas. Lo que sigue bastante menos claro es quién continúa pagando por ellas.