La futura Ley de Datos (Data Act) de la Unión Europea está en cuestión por el sector privado, que plantea el riesgo de que romper secretos comerciales podría terminar por hacer perder competitividad a Europa frente a China o, lo que es lo mismo, dañaría su propia cuenta de resultados. Sin embargo, puede producirse un riesgo aún mayor: una vuelta de tuerca más hacia la privatización de la investigación.

El objetivo que persigue Bruselas con la Ley de Datos no sólo es otorgar a las personas un mayor control sobre sus datos, sino también generar riqueza y recuperar una soberanía tecnológica que siente haber perdido ante actores como EEUU. Para ello, su articulado contempla la obligatoriedad para las empresas de compartir datos con usuarios, otras empresas y gobiernos, especialmente en lo que se refiere al Internet de las Cosas (IoT), es decir, la información procedente de sensores y otros dispositivos electrónicos que recopilan datos de rendimiento.

La Unión Europa considera que buena parte de esos datos están infrautilizados y que, de ser compartidos, podrían ser aprovechados generando un PIB adicional de 270.000 millones de euros para 2028. Un buen ejemplo de esta apertura de datos sería cualquier persona que cuente con maquinaria que actualmente cuenta con sensores que remiten información de rendimiento al fabricante, pero a la que el consumidor no tiene acceso; de tenerlo, podría aprovecharlos para optimizar su uso, anticiparse a avería o, en caso de que ésta se produzca, recurrir a un reparador más barato que el servicio técnico del fabricante.

La presidencia sueca quiere dejar el texto de la ley bien atado antes de ceder su presidencia a España, cuyo inicio arranca el 1 de julio, por lo que el 27 de junio es la fecha tope impuesta por los nórdicos para alcanzar una posición conjunta sobre el texto del proyecto de ley y enviarlo al Parlamento europeo.

Sin embargo, el análisis que realizan de la ley las empresas, agrupadas en DigitalEurope, es bien distinto. Entre las multinacionales que han puesto el grito en el cielo destacan las alemanas SAP y Siemens, que esta misma semana solicitaron ampliar el plazo e introducir cambios en la legislación. Las empresas remitieron una misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidencia rotatoria sueca; la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager; y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

En ella plantean cómo todos los esfuerzos realizados en Europa en torno a IoT podrían quedar desbaratados por el intercambio de datos. DigitalEurope dibuja un peligroso futuro en el que, incluso, la ciberseguridad terminará viéndose comprometida, algo especialmente delicado en dispositivos y sensores del área sanitaria –una de mas más vanguardistas en IoT-. Otro grupo empresarial bajo el paraguas de la Global Data Alliance también denuncia ambigüedades en el texto e instan a que sean resueltas por los reguladores.

La ciencia pierde

No es la primera vez que la legislación europea pone en guardia a los intereses empresariales. La Ley de Mercados Digitales, que ponía el foco en las llamadas Big Tech como Google o Amazon para que compartan datos con otros competidores más pequeños, ya piso más de un callo. No sorprende, pues, que los intereses empresariales quieran imponerse a la legislación desde el sector privado… pero si miramos a la comunidad científica, la evaluación que ésta hace de la futura Ley de Datos es opuesta. Desde su óptica, creen que la investigación financiada con fondos públicos termine viéndose perjudicada como consecuencia de que el acceso a datos por parte de ciertas empresas se ve ampliado.

Desde el ámbito científico consideran que, si bien es cierto que se abre el acceso a determinada información entre empresas, puntualiza que ese intercambio de datos no se realiza con fines de investigación. Se prioriza el impulso de la innovación por parte de las empresas, pero no por parte de la investigación pública. De hecho, el texto restringe el acceso a estos datos para organismos del sector público a situaciones excepcionales, de prevención de emergencias o para el cumplimiento de funciones de interés público a las que están obligados.

En el caso de las instituciones académicas, éstas quedan en una suerte de limbo, porque según expertos legales ni siquiera entran en la definición de organismos del sector público, quedando privadas de solicitar información a las empresas. En declaraciones para Nature, Morten Dæhlen, director del Centro de Ciencias Computacionales y de Datos de la Universidad de Oslo, advierte que aun entendiendo que "algunos datos deben permanecer confidenciales por razones de intereses comerciales y privacidad personal, los investigadores necesitan acceder a más datos de las empresas de los que permite la Ley de Datos para acelerar la transición ecológica", por ejemplo.

Esta situación podría perjudicar seriamente -más aún- a la investigación. Si ya en la actualidad buena parte de la investigación que se realiza está supeditada a los intereses empresariales -que son quienes más financian-, restringiendo el intercambio de datos a las instituciones académicas lo único que promoverá es un trasvase de investigadores al sector privado. En cierto modo, se privatiza la investigación y los mejores talentos terminan en el sector privado, pues las instituciones públicas no son capaces de retenerlos.