Si es abogada, imagine que a finales de mes todos los casos que ha ganado se dan por perdidos y, además, se le embarga el sueldo y la mitad del siguiente. Si es conserje, que cada puerta que arregla, cada suelo que friega, cada correo que entrega vuelve al final del día a su estado original y, de nuevo, sin sueldo. Imagine, si trabaja en una fábrica de automóviles, que el final de la cadena de producción es un alto horno donde se funde todo su trabajo... y sin trabajo, no hay sueldo y, además, le pasan la factura de las materias primas utilizadas. Pues así es la vida de las personas que trabajan en el campo, de los pequeños productores, cuyo ministro, Luis Planas, ha ignorado demasiado tiempo.

Lo expuesto en la entradilla de este artículo podría sonar a hipérbole, pero no lo es. Resulta tan esperpéntico que es muy difícil de encajar, que se atraganta al entendimiento, pero la verdad es que un productor de pepinos bien puede tirar una cosecha a la basura cuando conoce el precio al que se le pagará el kilo y ve que no cubrirá los costes de producción. Entonces echa cuentas y concluye que dejar que se pierda la cosecha y ahorrarse el coste de ello es superior a lo que sacaría por la venta final. Y deja que se consuma, como sus ganas, como su ánimo.

La venta de los productos agrarios por debajo de los costes de producción es un mal endémico de nuestra economía. No es algo nuevo. En 2015, con Isabel García Tejerina (PP) como ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, escribí un artículo en el que relataba que no solo sucedía eso, sino que se revelaba que el sector de la leche, empresas del nombre de Danone, Nestlé, Puleva, Central Lechera Asturiana habían pactado precios. Aquella tribuna, titulada La mafia es la leche, contaba cómo los productores que se negaran a pasar por el aro engrosaban una lista negra y ninguna empresa le compraba entonces su leche.

Seis años después, la realidad no ha cambiado gran cosa con una salvedad: existe una legislación, la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe explícitamente la venta a pérdida. La ley se está incumpliendo ante la pasividad del Gobierno. Además, como advierten las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, el modo en que se ha disparado el coste de la energía (un 270%), el gasóleo (un 73%) y los abonos (48%) ha empeorado aún más la situación.

¿Se imaginan lo berlanguiano de la reunión de ayer entre organizaciones agrarias y el ministerio? ¿Que la cuestión de fondo sea que hay empresas que se están saltando la ley a la torera, asfixiando a los pequeños productores? ¿Que el ministro Planas se justifique diciendo que no resulta tan sencillo hacer cumplir la ley? Algo así, sencillamente, es de dimisión.

Tenemos una memoria muy frágil y una solidaridad perecedera pero, si recuerdan, el sector del campo ya estuvo al borde de tractoradas justo antes de los tres meses de confinamiento en 2020. Entonces dejaron a un lado todas sus demandas para asegurar un abastecimiento de los mercados. Como ha sucedido con el personal sanitario, el eco de los aplausos de entonces se ha perdido entre Black Fridays y compras navideñas.

Se han perdido tanto como Planas, que ha tenido más de un año para resolver las demandas de entonces y ni siquiera estamos en la casilla de salida; nos hemos salido del tablero porque la industria juega con otras reglas, hace trampas y el Gobierno de turno mira para otro lado.