La libertad de expresión y los estudiantes universitarios de ultraderecha

Escenario 1º

La puerta del despacho del exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, apareció recientemente con una pintada, en la que se podía leer: “El Valle no se toca”, firmada por las Juventudes Falangistas. Se refería al Valle de los Caídos, del que aseguró el profesor en una entrevista que la gigantesca cruz debería ser dinamitada. Posteriormente un alumno le increpó: “los rojos fusilados fueron bien fusilados”.

Escenario 2º

En la Universidad Pablo de Olavide disponemos de un instrumento informático, el lupo, con el que los miembros de la comunidad pueden trasladar un mensaje al personal de la universidad. Envié algunos lupos con críticas de carácter político, algunas referidas al partido político Vox. Recibí varias amenazas a través del lupo e incluso un alumno de postgrado me comunicó que se querellaría conmigo si recibía un lupo más.

Como los dos casos narrados deben de existir muchos otros en las universidades españolas, porque el velo de la ultraderecha se extiende por todos los resquicios posibles. En las universidades el sector del alumnado es el más numeroso y los jóvenes de hoy en altos porcentajes -y de un modo especial los varones- profesan el credo de la ultraderecha, como demuestran las encuestas.

¿Qué hacer? No dispongo de espacio para tratar de un cuadro integral de propuestas. Como acostumbro, mi discurso se centra en la esfera jurídica

El cambio en los planes de estudio de escuelas e institutos

Primero y principal el cambio en los planes de estudio de las escuelas e institutos, esos estudios previos en los que el alumnado de la universidad no ha cursado asignaturas sobre su formación cívica o éstas tienen escasos créditos o son optativas. Muchas asignaturas de Dibujo y Geografía y ninguna que trate de la Constitución. Considero una necesidad perentoria que se imparta la asignatura Constitución española en varios cursos de los niveles primario y secundario.

La Constitución trata de una serie de temas elementales y básicos, que a distinto nivel deben ser asimilados por los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria. Temas como poderes públicos, organización del Estado, partidos políticos, la Corona, derechos y libertades, economía y hacienda, garantías de las personas, Comunidades autónomas... son materias cuyo conocimiento es necesario para desenvolvernos en nuestra vida diaria. Podemos pasar sabiendo poco de literatura, historia y geografía, pero nos irá mal si no conocemos nuestra Constitución. La Constitución es la norma fundamental de convivencia. Cualquier aspecto social de nuestra vida la tiene como referencia.

Si se sustituyen asignaturas de los planes de estudio criticadas por las derechas, como Educación cívica o Formación en valores con el argumento de su adoctrinamiento, y se pone en su lugar Constitución española, se conseguirán dos cosas a la vez: a) la aminoración de la crítica de los adversarios políticos y mediáticos. ¿Con qué argumentos van a criticar las derechas una asignatura denominada Constitución española? y b) la contribución a que los votos de la ciudadanía en las elecciones periódicas sean más fundados, con lo que se beneficiará en último caso el funcionamiento de nuestra democracia.

Las democracias no saben defenderse como las dictaduras. Conservo mi cuaderno de la escuela de 1957, en el que todas las páginas están impregnadas de la ideología del Alzamiento Nacional de los golpistas y de religión católica. Recuerdo que en el instituto en todos los cursos se impartía la asignatura Formación del Espíritu Nacional, en la que se proyectaban las ideas del régimen franquista. ¿Por qué la democracia española no va a implantar en los planes de estudio la carta magna elaborada por los representantes de la ciudadanía y aprobada en referéndum por el pueblo español?

El control jurídico de las redes sociales

Las redes sociales son el vivero de una generación de jóvenes fascistas, amparados en el anonimato. En segundo lugar propongo la regulación jurídica eficaz de las redes sociales. Esa regulación que los propietarios de las grandes plataformas digitales -Tik Tok, X, Facebook, Instagram…- quieren evitar. Asistimos al contraste entre el proyecto regulador de la Unión Europea y la rebeldía de esos propietarios, la tecnocasta en el argot de los medios, presididos y alentados por el presidente Trump.

Creo que esta regulación debe atender a aspectos materiales y formales. Entre los primeros: a) la supresión radical del anonimato: uno debe ser responsable de sus actuaciones y para ello es necesaria la identificación, b) la transparencia de los algoritmos, c) la creación y protección de los derechos digitales, tanto la versión digital de los derechos fundamentales constitucionales como los nuevos derechos digitales no comprendidos en aquéllos, y d) la penalización de propietarios y usuarios de las plataformas incumplidores de las nuevas normas jurídicas de control de las redes sociales.

Entre los aspectos formales la eficacia y amplia cobertura de organismos de control externo, ya que los propietarios de las redes se resisten a un control interno y claman contra la regulación jurídica de sus plataformas. El presidente del Gobierno promueve en la nueva legislación sobre derechos digitales un gigantesco observatorio (con 177 entidades implicadas y 280 especialistas) para detectar los casos de desinformación y bulos, entre otros objetivos. Un observatorio de carácter público, del que se espera una neutralidad de la que carece la mayoría de los observatorios de carácter privado claramente tendenciosos.

Ahora bien, presidente, seamos serios. Un observatorio verdaderamente neutral e imparcial, que no funcione igual que las Autoridades Independientes de supervisión, cuyos consejos de administración están plagados de los políticos de las puertas giratorias, que ni siquiera tienen experiencia en el sector que supervisa. Que la ciudadanía ya está harta y descreída porque las instituciones públicas de control del país están dirigidas por políticos, como el CIS o el Defensor del Pueblo, o formadas por miembros seleccionados por los políticos, como las Juntas Electorales, por poner ejemplos que despiertan gran rechazo. Un observatorio con un consejo compuesto por personas independientes sin previo ejercicio de responsabilidades políticas.

Este gran observatorio va a ser coordinado, en palabras del presidente del Gobierno, por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, cuyos miembros del consejo rector son nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía ¿Qué independencia cabe esperar de este consejo? Mal empezamos. ¿No sería mejor un consejo rector nuevo y exclusivo del observatorio con miembros seleccionados por un método plural y no monocolor? No llevemos al observatorio la lucha partidista, porque nos lo cargamos en un tris trás después del enorme coste con dinero público que cuesta su creación y puesta en funcionamiento.

La lucha legislativa contra los ataques a la libertad de expresión

La democracia tiene que defender los derechos más relevantes de la persona, los derechos fundamentales, y en la lista de estos derechos hay uno, la libertad de expresión, que no solo es derecho fundamental, sino institución de protección del pluralismo. Y es este derecho el que ha sido vulnerado en los dos escenarios anteriores. Por ello, la legislación de la democracia tiene que ser combativa en materia de libertad de expresión y desgraciadamente no lo está siendo en nuestro país. Estamos viendo cómo los gobernantes de la ultraderecha de Comunidades Autónomas y municipios salen ilesos en sus atentados contra esta libertad, especialmente en el campo de la cultura. La lucha legislativa contra los atentados a la libertad de expresión debe tener lugar en todo el ámbito legislativo y reglamentario. Que los antidemócratas sepan que sus actuaciones inconstitucionales e ilegales serán sancionadas como se merecen. El actual Gobierno PSOE-Sumar ha comenzado una política de supresión de algunos delitos, que debería tener un mayor recorrido. Siempre el legislador se queda a medias cuando avanza algún trecho. Es necesaria además una nueva legislación sin conceptos jurídicos indeterminados, que facilitan a la judicatura el uso de la discrecionalidad, que a la vista de los hechos y las sentencias producidas perjudica a la libertad de expresión, frecuentemente preterida por los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a los sentimientos religiosos… cuando entran en colisión con ella, y sin franjas punitivas a la baja, que permiten que la pena menor sea cercana a la absolución.