Listas de espera y aumento de mortalidad por cáncer en Andalucía

Recientemente, The Global Burden of Disease Study 2023, un grupo multicéntrico de investigadores pertenecientes a muchos países han publicado un estudio extraordinario. Se analizan las estimaciones de la incidencia de cáncer para 47 tipos o grupos de tumores por edad y sexo en 204 países y territorios de 1990 a 2023; también establece cuantos casos de cáncer son atribuibles a factores de riesgo seleccionados de 1990 a 2023 y se hace una estimación de la incidencia de cáncer prevista hasta 2050. Los resultados y conclusiones fundamentales fueron las siguientes: el cáncer fue la segunda causa de muerte de las poblaciones después de las enfermedades cardiovasculares. En 2023 hubo 18,5 millones de nuevos casos de cáncer y 10,4 millones de muertes por esa enfermedad. De esas muertes, 4,33 millones (41,7 %) fueron debidas a casos de cáncer con factores de riesgo identificados. De 1990 a 2023 el número de muertes por cáncer se incrementó en un 74,3 % y en el mismo periodo, el número de casos por tumores con factores de riesgo identificados aumentó en un 72,3 %. Las estimaciones que hace esta investigación son que en 2050 habrá 30,5 millones de casos y 18,6 millones de muertes producidas por cáncer, aunque esta expansión se deberá fundamentalmente al aumento demográfico futuro.

Por otro lado, en 2020 se publicó otro estudio que analizaba la mortalidad inducida por los retardos del tratamiento en pacientes con cáncer y, gracias a una metodología de metaanálisis, pudieron evaluarse 1.272.681 pacientes afectos de siete tipos de cánceres relativamente frecuentes: vejiga, mama, colon, recto, pulmón, cérvix y cabeza y cuello. De forma global se demostró que un retardo de cuatro semanas del tratamiento principal aumentaba el riesgo de muerte (RM) significativamente. Si ese era el retardo de la cirugía, el riesgo de muerte aumentaba en un 6-8% por cada 4 semanas de retraso. En cuanto al cáncer de mama, retardos de cirugía de 8 y 12 semanas aumentan el RM en 17% y 26 % respectivamente. Haciendo la correspondiente extrapolación, un retardo de la intervención de 12 semanas para todas las enfermas con cáncer de mama durante un año, produciría un exceso de mortalidad anual en esas pacientes de 1.400 mujeres en el Reino Unido, 6.550 en Estados Unidos, 600 en Canadá y 500 en Australia. Incluso un retardo inferior a 4 semanas puede llevar algún riesgo asociado.

Las conclusiones de estas investigaciones y las de otras similares, indican que los Sistemas de Salud tienen que adaptarse y prepararse para ese aumento global de la enfermedad cancerosa y establecen las tres líneas fundamentales de abordaje de este importante problema sanitario, que son 1) Evitar y combatir los factores de riesgo identificados, 2) Diagnóstico precoz de la enfermedad y 3) Indicar el mejor tratamiento y administrarlo con prontitud.

Surge inmediatamente la pregunta ¿está atendiéndose en Andalucía adecuadamente esta realidad?

Múltiples datos revelan que en los últimos años, se ha instaurado un deterioro creciente del Sistema Sanitario Público andaluz con financiación insuficiente y mal empleada y una Atención Primaria (la columna vertebral del sistema) devastada, con su función preventiva perdida. En el informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de 2024, Andalucía ocupaba el penúltimo lugar de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios. Muchos profesionales sanitarios al acabar su formación se van a trabajar a otras Comunidades o al extranjero por las malas condiciones laborales que aquí se les ofrece y en el último barómetro sanitario (2025) el porcentaje de ciudadanos andaluces que opinan que su sistema sanitario funciona bien o muy bien es el más bajo del país y, por el contrario, los que opinan que funciona mal o muy mal es el más alto de todas las CCAA.

De forma paralela ocurre una notable privatización de los servicios sanitarios en Andalucía. Actualmente el 21,2 % de la población tiene contratado un seguro privado de salud probablemente inducido por el deterioro descrito. En el informe correspondiente de la FADSP de 2025, el índice de privatización en Andalucía casi se duplicó de 2014 a 2025 (de 12 pasó a 23). En el año 2024, el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en Andalucía realizado en centros privados superaba al correspondiente de hospitales públicos (dinámica innecesaria en muchas ocasiones); en el año 2014 esas proporciones eran el 37 % y el 63 % respectivamente. Y todo ello ocurre a pesar de que en otros países el aumento de la privatización del sistema sanitario se ha asociado con un aumento de la mortalidad evitable de la población atendida.

Y el caso es que esta gestión sanitaria ha situado las listas de espera en Andalucía en un nivel escandaloso a la altura de las peores del país. En el año 2025 en Andalucía, solo el 14,6 % de las solicitudes de asistencia al médico de Atención Primaria eran atendidas en las primeras 48 horas; en 2018 lo eran el 51,7 %. Ahora ese índice ocupa el lugar 16 de las 17 CCAA. En diciembre de 2025 100,3 pacientes/ 1000 habitantes (en total 852.889 personas) estaban pendientes de ser atendidos por un especialista hospitalario y tenían que esperar 136 días de media para que esa consulta se produjera. Ese indicador ocupaba el lugar 14 de las 17 CCAA del país. En esa fecha, 23,5 pacientes/ 1.000 habitantes (en total 199.950 pacientes) estaban pendientes de una intervención quirúrgica en Andalucía. El tiempo medio de espera para ello eran 173 días, el más elevado de todas las CCAA del país.

Este panorama resulta sobrecogedor si se tienen en cuenta las evidencias que hemos descrito previamente de aumentos notables del riesgo de muerte por retrasos de algunas semanas del tratamiento principal de personas con cáncer. En este sentido, es especialmente preocupante el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. Muchas personas que acuden a su médico de familia y que luego son enviadas a otro facultativo especialista cumplen esa condición. La espera media para esa evaluación en Andalucía es de unos 4,5 meses y a esto hay que añadir las esperas que tengan las distintas pruebas complementarias (de las que la administración andaluza no ha revelado nunca los tiempos de demora) que solicite el profesional y la segunda consulta para comunicar los resultados. Todo ello implica un alto riesgo para la salud individual de las personas sobre todo si finalmente el paciente está afecto de una enfermedad oncológica.

Con esta política sanitaria tan deficiente, episodios de deterioro asistencial graves no se han hecho esperar y que resultan dramáticos en personas diagnosticadas de cáncer. Por ejemplo, durante los meses de julio y agosto de 2025 en el hospital Punta de Europa de Algeciras, los nuevos pacientes diagnosticados de procesos oncológicos tuvieron que ser trasladados a otros hospitales de la provincia de Cádiz para recibir tratamiento por falta de personal especializado en el centro.

En octubre pasado emerge el escándalo en el programa de cribado de cáncer de mama. Mujeres con lesiones dudosas en la mamografía inicial no eran informadas del resultado y muchos meses después, en algunas de ellas se comprobó la presencia de cáncer. Son hechos indignantes porque como hemos podido ver, estos retrasos empeoran mucho el pronóstico de la enfermedad y la espera es un factor evitable. Lo ocurrido es un cúmulo de despropósitos que demuestran una gravísima desorganización e incompetencia a nivel institucional: se anula el control del programa a la Escuela Andaluza de Salud Pública, se cambia el sistema informático a una empresa japonesa, fallos en el control de aviso a mujeres con lesiones sospechosas, fallos en la coordinación entre niveles sanitarios, escasez de plantillas de radiólogos, privatización parcial para la realización de mamografías y atascos notables para esta prueba que no se solucionan, fallos en la aplicación de protocolos solventes y bien establecidos, etc. En 2023 los radiólogos del hospital Virgen del Rocío avisaron de los atascos en la realización de mamografías y propusieron un plan para solucionarlo que fue rechazado por el gobierno andaluz por ajustes presupuestarios.

Además la errática gestión del programa de detección precoz pudiera estar provocando que las mujeres sientan una creciente desconfianza hacia el mismo. Así, la participación de mujeres en el cribado ha descendido en los últimos años. Es un dato importante porque la utilidad del programa empieza a ser cuestionable si la participación desciende por debajo del 70 %. Y lo ocurrido también tiene consecuencias muy graves en otro nivel de valoración. Cuando una mujer acude a una mamografía del programa de cribado, no está aceptando un servicio más: está confiando su vida a un sistema que debe responder con rigor y empatía. Ese pacto moral que se establece entre un ciudadano y su sistema sanitario se ha roto. Y su reparación no vendrá con comunicados falsos y coartadas, sino con verdad, transparencia y responsabilidad.

Hay muchos más hechos preocupantes. En un amplio e interesante informe “Mortalidad por tumores en el siglo XXI: Diferencias entre Andalucía y España” se muestra en detalle como los fallecimientos por cáncer de mama han ido disminuyendo a lo largo de los años en todo el país, pero en Andalucía en ese periodo, la tasa de mortalidad se ha ido manteniendo superior al resto de España.

La tasa de mortalidad por cáncer de mama a lo largo de los años en cada provincia española se conoce. Y para 2023, cinco provincias andaluzas se situaban entre las diez primeras del país. En la misma fecha y documentado en la misma fuente, si miramos las tasas de cáncer de colon en hombres puede comprobarse que entre las diez provincias con tasas más altas, seis son andaluzas.

Recientemente se ha producido otro problema en el cribado de cáncer de colon, esta vez en Málaga. El hospital encargado de procesar las muestras detectó un número de positivos muy superior al esperado y, tras reevaluar el procedimiento, fueron catalogados de falsos positivos, por lo que la prueba de cribado tuvo que repetirse en 400 personas. También hubo errores graves en la comunicación de resultados en algún caso.

Teniendo en cuenta lo descrito, cabe preguntarse ¿Han sido fallos coyunturales aislados o estamos asistiendo a deficiencias generalizadas de la atención oncológica por el deterioro creciente de los servicios sanitarios públicos en Andalucía? Esa fue la hipótesis de trabajo planteada por los autores de un importante y trascendental estudio cuyos resultados se publicaron en mayo pasado. En todo el país en su conjunto y en cada Comunidad Autónoma se conoce la población y la mortalidad de cada año. También se conoce (Instituto Nacional de Estadística) las tasas anuales de mortalidad por cáncer y las producidas por los distintos tipos de tumores en los mismos ámbitos: la mortalidad real por estas causas. Los investigadores también pudieron calcular la mortalidad esperable en Andalucía (estimada según la tasa anual de todo el país y aplicada a la población andaluza) de cada año producida por cáncer globalmente y por algunos tipos de tumores concretos. Con esa información se compararon los resultados de dos periodos de 6 años cada uno: de 2013 a 2018 y de 2019 a 2024; los 6 años inmediatamente anteriores al inicio del gobierno del Partido Popular en Andalucía (2019) y los primeros seis años de la implantación de la gestión sanitaria de esa administración. En ambos periodos se pudo calcular la diferencia entre la mortalidad esperable y la mortalidad real por cáncer (lo que se denomina sobremortalidad) y conocer así el exceso (o defecto) de muertes en cada periodo. Y finalmente conocer la diferencia de ese parámetro entre ambos periodos, para comprobar si existe sobremortalidad por cáncer entre uno y otro.

Los resultados han sido muy llamativos. En el segundo periodo (2019-2024) se ha producido una sobremortalidad por cáncer de 3.701 personas en Andalucía en comparación con el periodo anterior. De ellas, 275 han sido mujeres con cáncer de mama y 820 personas de ambos sexos con cáncer de colon. Y, como indican las cifras, también se ha producido sobremortalidad por otro tipo de tumores distintos a los señalados en el segundo periodo. Los autores concluyen que: “…Es impostergable e inexcusable revertir la tendencia actual y conseguir la convergencia con España. Un primer paso debe ser una auditoría independiente sobre la coherencia de las políticas de la Junta de Andalucía contra el cáncer, desde la vigilancia epidemiológica y la prevención primaria y secundaria hasta la calidad de la atención oncológica integral y de los cuidados paliativos prestada por el Sistema Sanitario Público de Andalucía…”.

Pero desde un punto de vista social y político estos datos tan demostrativos son muy alarmantes. Todos los hechos señalados a lo largo de este artículo junto a los resultados de este último estudio demuestran que la política sanitaria llevada a cabo por Moreno Bonilla y su gobierno en Andalucía es un estrepitoso fracaso y sus consecuencias perjudican gravemente a los ciudadanos. Esta gestión puede estar colaborando en provocar un aumento de mortalidad en pacientes con cáncer. Y hay más motivos para la preocupación: la mortalidad ajustada por edad en Andalucía es la mayor del país, tanto en hombres como en mujeres. Todos los responsables políticos dicen siempre que ellos defienden la Sanidad Pública. Ninguno dice públicamente que es mejor un sistema liberal privatizado, aunque lo estén llevando ahora a la práctica con consecuencias desastrosas como vemos que sucede con el Partido Popular de Moreno Bonilla en Andalucía.