A mediados de los años 90, los datos personales de varias personas aparecieron publicadas en un fanzine neonazi llamado Cirrosis. Se trataba principalmente de direcciones, matrículas de vehículos y rutinas de gente de izquierdas, independentistas vascos y catalanes y activistas LGTBI de todo el país. Sobre cada uno de ellos, los neonazis sugerían qué hacer: "Imprescindible acudir con cócteles molotov o material similar" o "a este cabrón hay que cazarle encapuchado, pues su familia es de delincuentes habituales", eran algunas de las notas que acompañaban algunas de las fichas de los objetivos señalados por los neonazis.  

Todo apuntaba a que esta lista negra se había confeccionado a partir de las informaciones que compartían los neonazis de toda España sobre sus principales enemigos, esto es, aquellos que les plantaban cara en cada territorio. Los investigadores relacionaron esta publicación con una organización neonazi desarticulada en València poco antes de la llamada Acción Radical, a la que se le incautaron armas y abundante documentación, y se la relacionó con varios episodios violentos desde su creación, en 1988.  

Todos los que vivimos aquellos años 90 en València sabíamos quiénes eran Acción Radical y a qué se dedicaban. La relación que tenían con algunas empresas de seguridad, con empresarios de la noche y abogados, e incluso cómo usaron una tienda de ropa militar para reclutar mercenarios para la guerra en Bosnia. Más allá del núcleo duro de esta organización nazi, había muchos otros simpatizantes que formaban parte de la red de informadores y ejecutores, de los que señalaban y daban palizas cada semana a cualquiera que se les antojara. La Policía nunca detuvo a nadie por la publicación y difusión de este fanzine. Y los miembros de Acción Radical detenidos tan solo fueron condenados a unos meses de prisión, que nunca llegaron a cumplir entre rejas.  

Esta semana se ha sabido que la extrema derecha ha difundido los datos de varios políticos y periodistas, e inevitablemente me he acordado del fanzine nazi de Cirrosis. La diferencia es que quienes fueron señalados entonces, hace 30 años, eran personas anónimas, activistas o simplemente simpatizantes de diferentes causas opuestas a las de los neonazis. Así era muy fácil ubicar el problema de la violencia de extrema derecha en el marco de las tribus urbanas, tal y como hacían las instituciones para negar el problema estructural de la pervivencia del fascismo y sus relaciones. Solo atacaban a sus oponentes. Y bueno, también a migrantes, toxicómanos, prostitutas, personas LGTBI y otros colectivos considerados entonces en los márgenes de lo normal. Así que era un problema de orden público, de tribus urbanas, de inadaptados. Nada político.  

El salto desde entonces hasta hoy es significativo, aunque no es nuevo, ni se ha producido de un día para otro. La onda expansiva del fascismo y de su violencia es hoy mayor, y por ello, la preocupación se extiende mucho más allá de los círculos antifascistas y víctimas habituales de la extrema derecha. El discurso de la extrema derecha con el que convivimos desde hace tiempo con una alarmante normalidad no ahorra violencia. Es exactamente el mismo que usaban los nazis de los 90, pero ahora vía X o YouTube. O peor, vía institucional. Y es contra todos y todas. Lo que ya se advertía hace 30 años cuando les tocó a los izquierdistas señalados en Cirrosis, o lo que advirtió Martin Niemöller ante el nazismo, hace casi un siglo.  

"¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible: ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos: son enemigos. Es hora de asumirlo". Así se expresaba hace tan solo unas semanas Agustín Laje, el gurú del presidente argentino, Javier Milei. "Que a nadie se le ocurra pedir clemencia", publicó el eurodiputado y cabecilla de Vox, Jorge Buxadé en su cuenta de X hace unos días señalando a dos periodistas. No es de extrañar que luego, algún patriota de los suyos se lo tome al pie de la letra y suceda algo que nadie supo prever, a pesar de todas estas señales.  

No sería la primera vez. La pasada semana se cumplían 9 años del asesinato de la diputada laborista británica Jo Cox por parte de un neonazi. Rescaté hace unas semanas el caso en formato podcast para alertar precisamente de la escalada que estamos viendo de los discursos de odio y de sus ya conocidas consecuencias. Pintar la situación política actual como una suerte de dictadura que hay que derribar; hacer creer que las calles son una jungla, que reina la inseguridad y que esto es un paraíso para los delincuentes; que nos están invadiendo y que hay un terrorista en cada esquina esperando para inmolarse, y todo el repertorio apocalíptico habitual de la extrema derecha hoy, es la mejor fábrica de fanáticos dispuestos a cualquier cosa por salvar España.  

Ahora, estos señalamientos se extienden también hacia los y las periodistas, algo que no es nuevo pero que se ha convertido ya casi en una costumbre. Los agitadores y acosadores disfrazados de periodistas que actúan en el Congreso y más allá contra políticos y periodistas son la punta de lanza de los líderes ultras, que, a través de sus pseudomedios de odio y desinformación tratan de amedrentar y disciplinar a quienes considera enemigos, y de paso, crear un ecosistema mediático propio para su clientela, que tan solo consumirá y creerá lo que ellos digan.   

Las amenazas a periodistas no son nuevas en este país, y quienes nos dedicamos a escribir sobre extrema derecha lo sabemos muy bien. Hoy, su lista de objetivos va mucho más allá. Varios colegas de profesión, que ni siquiera escriben sobre extrema derecha, han sido ya amenazados por la calle mientras paseaban con sus hijos. Hay libelos ultras que ponen dianas constantemente sobre otros colegas para que sus hordas acudan a ejecutar lo que ellos no se atreven a hacer.  

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La publicación de datos personales de varios periodistas en los canales de ultraderecha forma parte de la misma estrategia, la de los nazis de Cirrosis y la de los ultras que hoy se disfrazan de políticamente incorrectos. Si los datos fuesen de algún magistrado del Supremo, quizás la cosa se tomaba un poco más en serio, pero de momento parece que no es para tanto. Eso sí, cuando pase algo grave, todos nos preguntaremos cómo hemos llegado hasta aquí.