El mal agüero del PP y la realidad económica

El Partido Popular vaticinaba en 2022 que España se dirigía hacia una profunda crisis económica. La realidad terminó desmintiendo tan apocalíptica predicción y ese año la economía acabó creciendo un vigoroso 6,4%, que no solo recuperó toda la actividad perdida con la pandemia (-10,9%) sino que incluso la situó un punto por encima de su nivel previo. A partir de entonces, la economía española ha registrado crecimientos reales que son la envidia de una Europa cada vez más estancada, en particular, en el caso de sus grandes economías. España acumula un crecimiento real del PIB del 10% entre 2019 y 2025, que destaca frente al 6,4% de Italia, 5,7% de Francia, 5,4% del Reino Unido y un magro 0,8% de Alemania. Las previsiones de primavera de la Comisión Europea mantienen este panorama también para 2026: España continuará con un robusto crecimiento diferencial del 2,4%, frente la paralización del resto de grandes economías: 0,5% en Italia, 0,8% en Francia, 0,7% en el Reino Unido y 0,6% en Alemania.

El estancamiento alemán contrasta con el de España y sorprende, pues en el pasado cuando la economía alemana se resfriaba la española enfermaba de pulmonía. Ahora no ha sido así y las razones están en los cambios que se han producido en el contexto internacional, pero también en decisiones de política económica nacional diferentes. El modelo alemán entra en crisis por sus dependencias del gas ruso barato y de un crecimiento basado en las exportaciones, que quiebran con la invasión por Putin de Ucrania, la guerra arancelaria de Trump y el fin de la globalización o, más precisamente, el inicio de una “reglobalización”. Menos evidente, pero igual de importante, es la pérdida de competitividad de las grandes empresas alemanas del automóvil, química y bienes de equipo resultado del apoltronamiento de sus directivos en tecnologías maduras, que las ha dejado rezagadas en la transición verde y la revolución digital frente a las empresas chinas y estadounidenses.

España, por su parte, mejora su posición en el nuevo panorama internacional. En el apartado energético, se convierte en un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, gracias a una alta seguridad en el abastecimiento energético y una electricidad cada vez más limpia y barata. La primera lo asegura el gas argelino, los nueve muelles de atraque para buques de GNL, las siete plantas de Enagás y la alta capacidad de refino de hidrocarburos. Y, la segunda, el origen renovable del 57% de la generación eléctrica. Como resultado, la inversión creció en España un 13,1% real entre 2019 y 2025 frente al 4,9% de la UE-27 y un recorte del 6,4% en Alemania. Indudablemente, los 80.000 millones procedentes de los fondos europeos del Next Generation EU articulados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han contribuido a este crecimiento diferencial. Pero no hay que olvidar que estos nacen de una voluntad del gobierno de España diametralmente opuesta a la que en su día tuvo el gobierno del PP: que abrazó políticas de austeridad contrarias a los intereses del país -porque les venía bien para mantenerse en el poder- y que desequilibró el reparto de responsabilidades sobre la burbuja inmobiliaria: obviando que los bancos alemanes y centros europeos se forraron con ella.

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Pero, más allá de los fondos europeos, hay también decisiones internas de política económica que marcan un importante contraste y que se han traducido en una mayor prosperidad para España. La primera es una política diferente a la de la mayoría de socios europeos en favor de la acogida de nueva población inmigrante, que culminará en breve con la probable regularización de más de un millón de personas que pasarán a tener derechos laborales y a contribuir con sus cotizaciones e ingreso por IRPF al sostenimiento de las pensiones y los servicios públicos. El subsiguiente incremento de la población que genera esta política de acogida es un factor de crecimiento, pero no el único, ni el más importante. Prueba de esto es el aumento de la renta per cápita en España un 5,1% real entre 2019 y 2025, el recorte de su brecha con Europa cuando esa renta per cápita se expresa en paridad de poder de compra, el incremento de la productividad real por hora trabajada un 2% en el mismo período y que los sectores más pujantes en la creación de empleo ya no son la hostelería o el comercio, sino la sanidad, las profesiones científicas y técnicas, el transporte y la educación. No se trata, por tanto, de un crecimiento solo extensivo, basado en el incremento de la población y el empleo, sino también intensivo: resultado de la mejora de la eficiencia organizativa y productiva de los proyectos empresariales, como acaba de ratificar el Banco de España señalando el repunte sostenido de la productividad total de los factores.

El resultado es un cambio en el modelo de crecimiento hacia otro más productivo, sobre el que se acumulan las evidencias: (1) crece el número de empresas registradas en la Seguridad Social en todos los tamaños, pero, además, aumenta el tamaño medio empresarial lo que es indicativo de apuestas empresariales más eficientes; (2) más de la mitad del empleo neto creado se localiza en ocupaciones que abonan salarios por encima del salario medio; (3) el volumen de exportaciones de servicios no turísticos -que fundamentalmente son servicios de alto valor añadido para empresas- se disparó tras la pandemia y supera ya a los ingresos por turismo situándose en 2025 por encima de los 120.000 millones de euros; (4) por primera vez en décadas el empleo y la productividad crecen al mismo tiempo: antes la productividad solo aumentaba cuando se destruía empleo y se incrementaba la tasa de explotación de las personas trabajadoras.

El origen del cambio en el modelo de crecimiento -además de unos fondos europeos dirigidos a impulsar la transición verde, la revolución digital y la cohesión social- ha sido la mejora normativa de las condiciones de empleo. El éxito de la política laboral del gobierno de coalición se ha basado en disolver -por la norma y por los resultados obtenidos- la doctrina económica -mantenida durante la etapa democrática actual por todos los gobiernos, independientemente de su signo- de que para crecer los trabajadores y ciudadanos deben sacrificarse con el fin de aumentar los beneficios que el empresario después invertirá aumentando el empleo y el valor de la producción. Es sorprendente comprobar que este enfoque doctrinal del “sudor laboral” se haya mantenido durante tantos años, a pesar del contrastado incumplimiento del encadenamiento de causas y efectos por parte de los empresarios que, como era de esperar, siempre buscan maximizar sus beneficios con el mínimo riesgo y sacrificio posible. El gobierno de coalición, liderado desde el Ministerio de Trabajo -y no sin pocas fricciones dentro del gobierno con los nostálgicos del sufrimiento- ha elevado el salario mínimo un 66% beneficiando a más de dos millones de personas, ha recortado drásticamente la tasa de inestabilidad del empleo en el sector privado hasta homologarla con los estándares europeos, y ha combatido a los falsos autónomos y las malas condiciones de trabajo en las subcontratas. El resultado ha sido que el capital ha tenido que cambiar la manera en que se rentabilizaba. Ahora que ya no es tan fácil hacerlo por las malas condiciones de empleo, ha tenido que apostar por proyectos empresariales más eficientes y productivos con plantillas estables. En resumen, el gobierno de coalición ha puesto al capital a trabajar en favor de los intereses de la ciudadanía.

Otro falso dogma de fe que los datos no sostienen es que el vigoroso crecimiento impulsado por las políticas del Gobierno de coalición no llega a las familias. Los datos matan este relato: la renta media de los hogares después de pagar impuestos y de recibir transferencias del sector público ha crecido un 9,4% real -es decir, una vez descontados los precios- entre 2018 y 2025. La razón la conocen todos los ciudadanos. Hoy trabajan 3,4 millones de personas más que en 2018 -la cifra de empleo está en récord histórico: 22,7 millones de ocupados- y hay casi un millón menos de parados. La tasa de desempleo está por debajo del 10%, hemos dejado de ser el país de la UE con la tasa de paro más alta. Asimismo, se ha mantenido el poder de compra de las pensiones, incluso cuando los precios han crecido por encima del 8%, y ha aumentado el poder adquisitivo de los perceptores de pensiones mínimas, pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital y el salario mínimo interprofesional. El salario medio neto de impuestos y cotizaciones ha crecido un 1,5% real desde 2018 y un 4,2% por hora trabajada gracias a la mejora en la calidad del empleo. También han mejorado los índices de pobreza y reparto. Desde 2018 ha disminuido el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, con carencia material y social severas, y la población que vive en un hogar con pocas personas activas sin trabajo. Simultáneamente, ha mejorado también la igualdad en la distribución de la renta.

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Todas estas mejoras son reales, pero no son suficientes. Hay una grave crisis de acceso a la vivienda: no porque no haya soluciones eficaces sino porque el socio mayoritario del gobierno se abstiene cuando hay que ponerlas en marcha. A pesar de haber disminuido el nivel general de pobreza, padecemos un nivel de pobreza infantil que no se compadece con el nivel de desarrollo del país: para solucionarlo acabamos de proponer un nuevo gravamen que termine con las exenciones y límites injustificados para el patrimonio de los ultrarricos y cuya recaudación se destinaría a financiar un fondo que combata la pobreza infantil. Adicionalmente, enfrentamos nuevamente una crisis de poder de compra, esta vez provocada por Trump, que hay que atajar con límites al precio de los hidrocarburos, gas, alquileres e hipotecas para impedir márgenes de beneficios abusivos e inflación con origen en sobre beneficios. Asimismo, urge enviar a las mesas de negociación de los convenios colectivos la información económica contenida en el Observatorio de Márgenes Empresariales para evitar que sean nuevamente los trabajadores los que terminen pagando la factura del alza de los precios. Por último, debemos acelerar la electrificación del país y el despliegue de las renovables para independizarnos del precio de las energías de origen fósil.

Hoy el Gobierno de coalición funciona gracias a un motor de ideas progresistas que lo hace avanzar. La alternativa es la política económica del PP que promete menos impuestos para los de arriba: derogando el impuesto sobre el patrimonio y deflactando la tarifa del IRPF. En la misma línea, los populares han votado en contra del impuesto extraordinario a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Asimismo, proponen flexibilizar horarios en lugar de reducir la jornada laboral manteniendo el salario, recortar la protección de las personas de baja por enfermedad y reducir el número de comités de empresa. El PP quiere también derogar la ley de vivienda y se ha opuesto a cualquier regulación de su precio y a impedir que las empresas puedan competir con las familias en la compra de viviendas en zonas tensionadas. Por último, también aboga por recortes del “gasto público ineficiente”, lo que se traduce en recortes del gasto social si atendemos a la experiencia pasada con gobiernos populares. Nadie podrá entonces decir que no sabía lo que se venía encima y lo que se perdió si finalmente gobernaran PP y Vox, pues el gobierno de coalición ha demostrado que hay una política económica alternativa que tiene éxito y cuyos beneficios alcanzan a una mayoría que hay que seguir ampliando.