Dicen que los conservadores gozan de una nueva mayoría en el CGPJ a causa de la presidencia ambivalente de Isabel Perelló y del desmarque de uno de los consejeros de Sumar, Carlos Hugo Preciado. Perelló y Preciado se unieron a los 10 vocales conservadores para relegar a los progresistas en la nueva composición de las comisiones del Consejo. Preciado ha conseguido mantener su puesto en la Comisión Permanente, el lugar en el que se toman las decisiones de mayor trascendencia, aunque los conservadores tienen mayoría y la presidenta Perelló, el voto de calidad. Hace solo unos días, un duro comunicado, firmado por 9 jueces progresistas, acusaba a Perelló de haber instaurado reglas excluyentes y tendenciosas. 

Está claro que este tipo de conflictos y las divisiones internas agravan la fragilidad de un órgano que apenas lleva un año en funcionamiento, ha sufrido cinco años de bloqueo y ha estado claramente dominado por la derecha judicial. Venimos de un Consejo presidencialista y autocrático que, incluso caducado, ha determinado decisivamente los nombramientos judiciales en la cúpula del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ha conseguido copar la mitad de los ascensos al Supremo que se retienen hasta la jubilación y controla el 39% de los nombramientos del Consejo. La cuestión es que la renovación pactada in extremis entre el PP y el PSOE, con una supuesta mayoría progresista, no ha conseguido frenar la tendencia conservadora, instaurada desde hace casi tres décadas, cuando el PP llegó al poder por primera vez en 1996.

El Consejo debería reflejar la pluralidad con la que fue elegido y no convertirse en un espacio de cuotas partidistas y mayorías preestablecidas. Resulta llamativo que el 68% de los nombramientos pactados entre el PSOE y el PP durante el último año tenga un perfil conservador y que solo un 32% lo tenga progresista. Es cierto que en medio centenar de plazas el único candidato era conservador, pero justo para preservar los equilibrios, en los que había diferentes candidatos tenía que haberse elegido al progresista. Es sorprendente también que en el pleno del 8 de octubre de 2025 sobre la restitución de Baltasar Garzón a la carrera judicial en cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, solo Preciado, Inés Herrero y Lucía Avilés votaran a favor. Los 10 vocales conservadores y 7 de los 10 progresistas votaron en contra.  Aunque es verdad que su rehabilitación material parece inviable, la reparación moral, económica y jurídica (compensaciones o anulación de antecedentes) sigue siendo posible con la ejecución del dictamen de la ONU y a través de recursos contenciosos.

Lo cierto es que la relación entre el poder de conservadores y progresistas en el Consejo dista mucho de ser proporcionada, a pesar de la búsqueda aparente del 50-50. El sector más cercano al PSOE culpa a la presidenta del Consejo y califican de “traidor” a Preciado, pero precisamente Preciado ha sido uno de los magistrados que más ha resistido los sucesivos nombramientos de signo conservador que se han pactado con los progresistas. Héroe o villano, parece evidente que el problema no puede reducirse a las eventuales “maniobras” de un magistrado. La impresión es que los conservadores han logrado captar a un sector de los vocales progresistas para perpetuar su dominio sobre el poder judicial.

En España, sigue sin afinarse con el sistema de acceso a la carrera judicial y el modo de selección y ascenso de los magistrados.

Cuando hace ya algunos años se hablaba de proceso constituyente, el PSOE proponía un sistema de nombramientos basado en la convocatoria pública de las vacantes a cubrir y la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable. Sus informes se harían públicos, se exigiría la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, y la elección final recaería sobre el Parlamento. Se atribuía en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. La mitad serían designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado de entre los propuestos por las Comunidades Autónomas. En ese momento, algunos partidos proponían la supresión del Consejo General del Poder Judicial. Ciudadanos, por ejemplo, trasladaba sus competencias al Presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, y completaba su propuesta con la reforma del sistema de provisión de las plazas judiciales recurriendo a procedimientos reglados conforme a criterios de mérito y capacidad. Todo eso quedó en papel mojado, en buena parte, por el bloqueo que propició el Partido Popular. El problema es que ahora, tras superarse dicho bloqueo, la derecha judicial sigue controlando el gobierno de los jueces con mano de hierro y guante de seda.