Luis Suárez-Carreño,

integrante de La Comuna

Parece una pesadilla recurrente pero desgraciadamente no lo es; los medios nos asaltan diariamente como voraces perros de presa con noticias de un sistema judicial en franco desvarío involutivo.

Vivimos en una espiral de arbitrariedad y soberbia judicial que ha hecho desplomarse el cadáver de la ya de por sí anémica confianza social en la justicia. No es posible enumerar en un artículo breve la lista de escándalos publicados, solo en las últimas semanas, en torno al estamento judicial, ya sea de sus tropelías, ya de su manipulación política.

Solo por refrescar algunos titulares-bofetadas: Fiscales anticorrupción que son acosados y a los que ni el gobierno ni la judicatura presta el menor apoyo; órganos de poder judicial cuyos cargos se cubren con jueces ‘leales’ al gobierno y a determinados partidos (el llamado ‘reparto de cromos’ como garantía de no-independencia judicial); procesamiento de titiriteros y tuiteros, de colectivos alternativos… en aplicación de una legislación represiva antidemocrática (‘ley mordaza’); sentencias y medidas cautelares sospechosamente tibias ante personalidades implicadas en casos flagrantes de corrupción; agilidad y contundencia en las actuaciones teledirigidas desde el gobierno contra los procesos de autodeterminación nacional…

Para las víctimas del franquismo, se puede decir que en materia de justicia no solo llueve, sino que diluvia sobre mojado: Los crímenes del franquismo han gozado de una vergonzosa impunidad durante los 40 años de una democracia lastrada en origen, es decir, en la transición, por la renuncia a la ruptura democrática con la dictadura por parte de los partidos entonces mayoritarios de la oposición, PCE y PSOE.

Como es bien sabido, una de las lacras políticas y morales derivadas de esa capitulación fue la negación de justicia por los innumerables crímenes franquistas, mediante el mecanismo fraudulento de una amnistía supuestamente equidistante, que en realidad maquillaba una grosera operación de punto final.

Esa insólita fórmula de injusticia transicional ha sido denunciada por todos los organismos de derechos humanos por violar los tratados internacionales en la materia, que España también ha firmado. Tratados que establecen que crímenes contra la humanidad como los del franquismo ni prescriben ni son susceptibles de ser amnistiados. Así se lo ha recordado reiteradamente al gobierno español el Relator Especial de Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición.

Y aquí surge de nuevo la zarpa del aparato judicial que nos ha tocado en desgracia, cegando compulsivamente, desde una fiscalía y una judicatura en modo de leales cancerberos del poder, cualquier resquicio por donde pueda entrar un soplo de justicia en el hermético ecosistema judicial. Ya sea boicoteando las demandas de colaboración de la jueza Servini, de Buenos Aires, para impulsar las causas contra los imputados de crímenes franquistas en el marco de la conocida como Querella Argentina, incumpliendo si es preciso los acuerdos bilaterales en la materia; o, más recientemente, cerrando filas contra cualquier juez territorial que pretenda instruir las citadas causas promovidas por los ayuntamientos.

Se dibuja así el campo de batalla: A un lado, la tropa de la (in)justicia atrincherada en sus posiciones antidemocráticas, sostenida su retaguardia por una densa trama neofranquista (aparato legislativo, ejecutivo, mediático); por otra, sociedad civil e instituciones locales que impulsan la emergente marea de la memoria y la justicia, solo pertrechadas de la razón moral e histórica.

Pero afortunadamente no todo es inmovilismo: En estos últimos meses el blindaje estatal de la impunidad está siendo contrarrestado por una multiplicación de iniciativas locales, en particular desde ‘ayuntamientos del cambio’ (Pamplona, Vitoria, Barcelona, Cádiz, Rivas-Vaciamadrid…), que han decidido asumir su responsabilidad con la justicia democrática como parte de ese prometido cambio, personándose como querellantes por crímenes cometidos contra vecinos y vecinas de sus municipios.

En ese panorama esperanzador contrasta penosamente el ayuntamiento de Madrid, que se ha pronunciado recientemente en contra de mover un solo dedo, como institución, en la persecución de los crímenes del franquismo cometidos en nuestra ciudad, tal como se le había requerido un año antes por parte de un conjunto de organizaciones y colectivos de víctimas, de la memoria y de derechos humanos.

Un año ha tardado, efectivamente, en contestar el ayuntamiento de Madrid, pero ese tan dilatado plazo no parece haber sido empleado en articular una argumentación convincente de su negativa. Por el contrario, en su respuesta, a través del jefe de gabinete de la alcaldesa Manuela Carmena, solo ofrece un a modo de trampantojo dialéctico, o, en lenguaje coloquial, ‘una larga cambiada’: afirma, por una parte, asumir ‘como propia la reivindicación de los derechos a la verdad, justicia y reparación…’, pero, concluye por otra, ‘…el Ayuntamiento no está en disposición de realizar la interposición de la querella solicitada’.

Desgraciadamente, esta respuesta denegatoria, más allá de la inútil retórica con que viene envuelta, no nos ha sorprendido a los colectivos de víctimas y memorialistas madrileños: en materia de memoria histórica nuestro ayuntamiento se ha situado claramente a la zaga, optando por maniobras de distracción sin prácticamente efecto real, sin aspirar siquiera a cumplir los mínimos de una ya de por sí muy castrada ley de Memoria Histórica de 2007.

Instrumento principal en esa política de marear la perdiz ha sido el denominado Comisionado de la Memoria Histórica que ya desde su constitución en mayo del pasado año fue duramente criticado por el movimiento memorialista, tanto por la ignorancia supina de la sociedad civil organizada y las víctimas en su creación, como por su composición y fines, que al pretender situarse entre dos supuestos ‘bandos’, en la práctica contribuye al blanqueo de la sublevación militar y la dictadura, situados casi en igualdad moral con sus víctimas.

El Comisionado ha fracasado incluso en sus más inofensivos objetivos como son los relativos al callejero, y la conclusión que de todo ello se extrae es más simple y real que la verborrea pro derechos humanos que exhibe los días festivos el ayuntamiento de Madrid: la memoria histórica y los derechos de las víctimas de la dictadura no interesan a este gobierno municipal.

Resulta paradójico, a este respecto, que siendo nuestra actual alcaldesa jueza de profesión, con una reconocida trayectoria de defensa de los oprimidos y los derechos civiles, a estas alturas de su mandato, es decir, tras casi 2 años en el cargo, no haya aún conseguido liberar una hora de su agenda para reunirse con las víctimas del franquismo. Ni siquiera ha considerado oportuno responder cara a cara, o al menos con su propia firma, a nuestra petición de querellarse.

Sean cuales fuera las razones o excusas oficiales, el resultado es que aquí en Madrid, 40 años después, la cultura entreguista de la transición y su renuncia a derechos democráticos básicos sigue viva. Y como madrileños debemos preguntar a nuestro ‘ayuntamiento del cambio’ si creen que esta política es digna de la ciudad que resistió heroicamente al asedio fascista, la ciudad donde el franquismo cometió asesinatos y crímenes incontables durante la dictadura, e incluso durante la transición. Si su indiferencia hacia la impunidad de esos crímenes es digna de la memoria de Julián Grimau, Enrique Ruano, los abogados de Atocha o Yolanda González, por citar sólo algunos asesinatos impunes o, en el mejor de los casos, a medio esclarecer, juzgar y castigar; o de los miles de torturados en los calabozos de la DGS, en el emblemático kilómetro cero de nuestra ciudad.

La respuesta es evidente: Esta actitud resulta moral y democráticamente impropia de las muchas páginas de resistencia contra la dictadura escritas con arrojo por los movimientos sociales y sindicales en las calles de Madrid, algunas de las cuales por cierto se quieren rebautizar con nombres ‘asépticos’, negándole ese mínimo tributo por ejemplo a una luchadora como Juana Doña.

Recientemente se han presentado en nuestra ciudad las resoluciones adoptadas por los consistorios municipales de Pamplona y Vitoria para querellarse por crímenes franquistas contra sus habitantes, en actos en los que se ha invitado al ayuntamiento de Madrid a unirse a esa iniciativa, así como a incorporarse a la creciente red estatal de ‘Ciudades por la Justicia y la Memoria’. Pero, vista la reiterada actitud de nuestro ayuntamiento, está claro que nos corresponde a la sociedad madrileña presionar y exigir para que esto pueda suceder.

Acabo con una licencia melancólica: Tras asistir a estos actos públicos, en los que los alcaldes nos describían el proceso institucional y social llevado a cabo para la interposición de las querellas, así como su motivación y coherencia política, me han asaltado algunas dudas:

¿Por qué no se ha visto a ninguna autoridad municipal madrileña en materia de memoria o derechos humanos en estos actos?

¿Por qué, como madrileño y víctima del franquismo, he sentido envidia hacia la ciudadanía de Pamplona y Vitoria?

Los habitantes de esas ciudades seguirán sin creer en la justicia, pero al menos podrán creer en sus alcaldes y corporaciones municipales… lo que, visto lo visto, ya es algo.