Luis Suárez,

integrante de La Comuna

Para quienes como yo han olvidado hace muchas lunas el poco latín que aprendieron en la escuela debo aclarar que la expresión damnatio memoriae debe traducirse como ‘condena de la memoria’, y fue acuñada en época del Imperio Romano, para designar a un decreto emitido por el Senado respecto a alguna personalidad recientemente fallecida cuya trayectoria y obra se consideraban tan abominables que se ordenaba borrar su recuerdo, eliminar todo vestigio que recordara su paso por la tierra. Se procedía así a la sistemática supresión de su nombre (abolitio nominis) en las crónicas e inscripciones, al igual que su retrato en pinturas, medallas o monumentos; quedaba así oficialmente eliminada de la historia.

Esa forma drástica, perpetua, de condena a la inexistencia me ha recordado la actitud de la derecha de este país respecto al franquismo, sus crímenes y, en particular, sus víctimas, entre las que me cuento como torturado, procesado y encarcelado por la dictadura franquista. Efectivamente, resulta patente que las víctimas del franquismo hemos sido objeto de un decreto tácito de damnatio memoriae, según una lógica por la que no debe haber víctimas, pues si las hay es porque hubo crímenes, y si hubo crímenes debe haber criminales. Criminales algunos aún vivos, que nunca han sido encausados, ni han reconocido sus crímenes, ni pedido perdón, ni se han arrepentido públicamente de sus crímenes.

Como botón de muestra de la actitud del PP al respecto puede servir lo ocurrido hace ya varias semanas con motivo de la celebración del Día de la Memoria en Euskadi. Ante la decisión del gobierno vasco de celebrar dicha fecha de manera igualitaria y humanitaria, no sesgada ideológicamente, otorgando el mismo reconocimiento todas las personas que han padecido violencia o persecución por sus ideas, sean estas las que sean, la posición tanto del PP como de algunas asociaciones de víctimas ha sido la de rechazar frontalmente que se pueda diluir a sus víctimas del terrorismo, es decir, las víctimas de ETA, con las víctimas de otras violencias y modalidades de terror, tanto estatal como paraestatal o de grupos fascistas. Haciendo gala de un criterio discriminatorio, sectario e hipócrita de defensa de los derechos humanos, el PP y las asociaciones afines decidieron hacer sus propios y exclusivos actos de homenaje a sus víctimas.

El presidente del PP vasco (Alfonso Alonso) lo expresó airadamente rechazando que sus víctimas del terrorismo ‘se mezclen’ (literalmente) con otro tipo de víctimas. Más claro agua: hay víctimas reconocidas, y otras que no es que seamos de segunda o tercera, sino que no debemos ni siquiera acercarnos a aquellas porque podríamos contaminarlas o mancharlas. Somos, en definitiva, víctimas apestadas, inexistentes.

Más recientemente, leemos en la prensa que un dirigente del PP de Murcia, Enrique Ujaldón, ha expresado con similar claridad su personal damnatio memoriae para las víctimas del franquismo: ‘todos están ya muertos’; probablemente se trata un lapsus a través del que se adivina un desiderátum: ‘todos deberían estar ya muertos y olvidados’.

El mismo desprecio que ha sufrido Pilar Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado por los GAL en 1983, crimen organizado por el aparato de estado a través de mandos y miembros de la Guardia Civil, quien ha declarado hace unos días sentirse “humillada, ofendida y maltratada”, tras ver archivada su querella contra Rafael Vera, entonces Secretario de Estado, por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas a causa de su reciente afirmación en TVE de que la acción de los GAL fue útil para acabar con ETA.

En relación a sus víctimas, el PP no solo presta su constante apoyo y reconocimiento, llegando con frecuencia a su utilización partidista, sino que, como se comentaba en una reciente columna en este mismo blog (‘Yo también soy víctima del terrorismo’, de Antonio Pérez), ha dotado presupuestariamente de forma muy generosa el fondo de indemnizaciones para aquellas, incluyendo a quienes fueron objeto de amenazas. Recordemos que es el mismo gobierno, ahora en funciones, que se ha vanagloriado, por boca del propio presidente Rajoy, de haber dejado repetidamente sin dotar la partida para las exhumaciones de fosas de la guerra y postguerra a la que obliga la Ley de Memoria Histórica.

En esa misma línea, el gobierno ha propuesto recientemente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la creación de un estatus y reconocimiento especial para las víctimas del terrorismo, así como una Carta Europea de Derechos de las mismas, aplicando siempre ese mismo criterio restrictivo de los conceptos de terrorismo y de víctimas.

Parece necesario recordar una vez más algunas verdades elementales:

• Las víctimas de la dictadura, al igual que las víctimas de la violencia política, ya sea policial, parapolicial o fascista, durante la Transición y posterior a esta, somos también víctimas del terrorismo. En particular, las víctimas del terrorismo de Estado, lo somos de una modalidad especialmente cobarde y deleznable de violencia por su adicional ingrediente de abuso de poder.

• La sistemática actitud de negarnos el pan y la sal, en sangrante contraste con el apoyo ostentoso que prestan a sus víctimas, supone una objetiva discriminación por razones ideológicas y electoralmente interesadas, es decir, una discriminación tan antidemocrática e injusta como oportunista y electoralista.

• Además, en el caso de las víctimas de los crímenes del franquismo, esta discriminación forma parte de una política de ocultación y tergiversación de la historia de este país que en definitiva aspira a blanquear un régimen genocida y fascista, así como impedir la aplicación de la justicia contra los responsables de dichos crímenes. Resulta evidente que quienes así actúan, como encubridores objetivos de los crímenes y los criminales, se convierten de facto en cómplices de estos.

• Por otra parte, tratándose de un partido, el PP, cuyo mantra más repetido, casi único, programa político, consiste en la necesidad del cumplimiento y la adhesión ciega a la ley, es llamativa su rebeldía desafiando en concreto la Ley de Memoria Histórica, tanto las disposiciones que obligan a las administraciones públicas a ayudar en la búsqueda de víctimas desaparecidas, como otras relativas a la organización y disponibilidad de la documentación histórica, a la denominación y símbolos de lugares públicos, o al valle de Cuelgamuros (mal llamado de los Caídos), entre otras. Eso sin hablar de la sistemática ignorancia de la legislación y las recomendaciones internacionales, en particular de Naciones Unidas (Relator sobre Tortura, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, Consejo de Derechos Humanos…), cuyos informes este gobierno ha ignorado sistemáticamente.

En conclusión, la derecha de este país quisiera que se borraran crímenes y víctimas de las crónicas históricas y de nuestras mismas conciencias, en un ejercicio colectivo de damnatio memoriae. Es más, si de ella dependiera, y utilizando otro latinajo correspondiente a otra cruel regla imperial romana, nos declararía homo sacer, es decir, personas sin derechos, prescindibles, pues es así como se nos trata sectariamente en lo que se refiere a nuestros derechos como víctimas: sin acceso a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación.

Pero, al igual que ha sucedido con los personajes a quienes se aplicó dicha condena póstuma en la antigua Roma, el olvido impuesto, en lugar de borrar la memoria, solo ha conseguido incrementar la leyenda y la curiosidad histórica. Pueden estar seguros estos modernos censores que las víctimas seguiremos trabajando para que la memoria de los crímenes del franquismo y el postfranquismo no sea condenada. Afortunadamente, todos los días se constata el avance silencioso e implacable de la verdad y la justicia, empujado por una marea social – una ‘marea de la memoria’ – cada vez más incontenible. Sus más recientes muestras son las iniciativas municipales (Pamplona, Zaragoza, Rivas, Tarragona…) de querellarse por los crímenes franquistas cometidos en sus demarcaciones, que no ha hecho sino empezar; o la interposición de otra querella, similar a la argentina, en México.

Y en cuanto a la recuperación de la dignidad robada a las víctimas, el último hito ha sido el histórico triunfo judicial de nuestra particular ‘Hija Coraje’ (con permiso de Brecht y su ‘Madre Coraje’), Ascensión Mendieta, tras su larga y tenaz batalla por recuperar los restos de su padre Timoteo, sindicalista fusilado en noviembre del 39 en Guadalajara y arrojado a una fosa común.

En los ayuntamientos, también en las zanjas anónimas o en los medios de comunicación, pero sobre todo en la conciencia colectiva, la condena de la memoria se bate hoy en retirada frente a la marea de la memoria, pero la batalla aún será larga. Sigamos sumando esfuerzos e iniciativas para evidenciar, a quienes nos dan por muertos o borrados por la historia, que gozamos de buena salud y estamos cargados de razón.