La 'marea verde' pisa las calles nuevamente

En la acampada de la Puerta del Sol de Madrid he visto un cartel que pone: “Una carrera, un máster, un trabajo. Y la única forma de tener una vivienda: que muriera mi madre”. Resume a la perfección el problema de la vivienda, y también el de la educación que ya no funciona como ascensor social por muchos estudios que se tengan. Pero, sobre todo, denuncia la falta de perspectivas de futuro de la juventud. Vous avec pris l´argent, laissez-nous au mois l´avenir. Cogisteis el dinero, dejarnos al menos el porvenir, que dicen los estudiantes de los liceos que se manifiestan estos días en las calles de París y de toda Francia contra los recortes. Como allí, aquí también se dirime tener una educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y reduzca la desigualdad. O seguir utilizando la educación privada y concertada para el negocio económico e ideológico y para la segregación social.  

En un artículo reciente analizaba el informe PISA y afirmaba que las huelgas del profesorado de la educación pública son cono el canario en la mina, porque nos avisan de que hay un problema serio en la educación en España.

Por primera vez se une el profesorado de todas las etapas educativas (de infantil a universidad) y se declaran en huelga desde el 14 de octubre en la Comunidad de Madrid. Las calles se han vuelto a llenar de camisetas verdes en grandes manifestaciones, algunas de más de cien mil personas, muchas de ellas jóvenes. Esta huelga ha sido convocada con carácter indefinido y de manera unitaria por prácticamente todos los sindicatos de trabajadores de la enseñanza y de estudiantes, y está apoyada por asambleas de docentes, las familias (AMPAS) y numerosos movimientos juveniles y sociales.

La huelga surge por el mismo malestar que en otras comunidades autónomas y por iguales reivindicaciones: bajada de ratios, contratación de más profesorado, menos horas lectivas, aumento de recursos de atención a la diversidad, subida de salarios, reducción de la burocracia. Las propuestas del profesorado persiguen dignificar la docencia, mejorar la calidad educativa.

En la base de las movilizaciones y huelgas del profesorado en muchas otras comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, Aragón, Murcia, etc.), se repiten tres malestares: escasa inversión, privatización y desprecio a la labor del profesorado. Veamos.

Con carácter general, la inversión educativa es insuficiente y ni siquiera se han recuperado los niveles de 2009. Ahora que vienen elecciones, hay que recordar que los gobiernos del PP recortaron 44.652 millones de inversión educativa durante 14 años. El caso de la Comunidad de Madrid es de los más sangrantes. Siendo la región con mayor renta per cápita, está a la cola en inversión por alumno y año: solo 5.900 euros, frente a los 10.000 del País Vasco.

La privatización avanza por varias vías: financiación de los centros privados concertados, potenciando su expansión y el robo de alumnado a la pública con la negativa a construir centros públicos en los nuevos barrios. Madrid es la segunda comunidad autónoma, después del País Vasco, que más gasta en educación concertada. En educación superior, en Madrid hay seis universidades públicas y 14 privadas, muchas de ellas son auténticos chiringuitos expendedores de títulos. Mientras, se asfixia financieramente a las universidades públicas dificultando su función y hasta el pago de las nóminas.

El desprecio al profesorado es evidente. El Gobierno de Ayuso se niega a negociar con el sector de educación infantil que llevan medio año de huelga por unas condiciones laborales y salariales profundamente injustas y precarias que dificultan la calidad en una etapa primordial del desarrollo. ¿Cómo puede estar una sola educadora con 20 niños de 2-3 años por una norma de 1991? La huelga actual está convocada desde hace meses y la consejería no ha abierto ninguna mesa de negociación. La delirante respuesta autoritaria de Díaz Ayuso al 70% de profesorado que participa en el ejercicio del derecho constitucional de huelga, es que es una protesta política y que la izquierda utiliza la violencia cuando hay elecciones, cuando lo único que ha habido es violencia policial.

Así las cosas, para el éxito de la huelga entiendo que son necesarias tres condiciones. La primera, la máxima participación del profesorado y el apoyo solidario de toda la comunidad educativa y de la ciudadanía a una huelga justa por un bien común. Algo que se tiene que reflejar en los datos de huelga, en el acompañamiento en su lucha, la asistencia masiva a las manifestaciones y la ayuda a mecanismos de resistencia.

La segunda, la unidad de las fuerzas convocantes y la máxima inteligencia en la estrategia para sostener la movilización en el tiempo y con la máxima participación en ella y en la toma de decisiones. Una cuestión clave para el triunfo de la lucha es asegurar a través de los sindicatos confederales la coordinación con las luchas del profesorado de otras comunidades autónomas. No es fácil conseguir los objetivos en un solo sitio cuando en la mayoría de las CCAA con conflicto gobierna la misma derecha.

En tercer lugar, hay que tener presente el ciclo electoral que comienza y se prolonga hasta la primavera de 2027. Y hacerlo en un doble sentido. Por un lado, exigir que la educación pública esté en el debate político con la misma fuerza que la vivienda o la sanidad. Porque prácticamente había desaparecido a pesar de las numerosas y potentes luchas realizadas. El adelantamiento de las elecciones ha dejado en el aire una de las pocas mejoras previstas: los decretos sobre exigencia de calidad en la Formación Profesional; y el de reducción de ratios en infantil, de 8 a 4 en bebés de un año, de 14 a 6 niños de 1-2 años, y de 20 a 8 en niños de 2-3 años, y la pareja educativa. Lo que se ha llegado a legislar es la reducción de ratios en primaria y secundaria, y mira que se pudo hacer estos años de gobierno para revertir los recortes del RDL 14/2012 de Wert-Rajoy.

Debe cambiar el marco del debate político hacia las cosas realmente importantes, como la vivienda, la educación, la sanidad o las pensiones. Que no esté centrado en los espantajos utilizados por la ultraderecha para desviar la ira del malestar de los de abajo hacia los de más abajo. En educación se deben exigir propuestas políticas claras y concretas para su mejora en una perspectiva de contracción demográfica. Un programa de cuatro puntos básicos: fortalecimiento de la red pública y reducción de la concertada, inversión del 7% del PIB, dignificación de la profesión docente, y laicismo en la escuela.

Evidentemente hay que tener en cuenta todo lo anterior a la hora de votar. Creo que a nadie se le escapa que los bárbaros están a las puertas y podemos entrar en un periodo de noche y niebla si gobierna la derecha-ultraderecha. En su infinita torpeza, desfachatez o soberbia, ya van diciendo que quieren acabar con el sistema público de pensiones y atacar los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia) que son los que deben asegurar los derechos de ciudadanía. Anuncian lo que quieren hacer porque están al servicio de las élites. Además, hay una ecuación de rearme y bajada de impuestos a los ricos que los lleva directamente a los recortes y a cargarse el Estado de bienestar. Es lo que está incendiando varios países europeos como Francia, Bélgica, Portugal, Países Bajos…

Los que vivimos de cerca la Marea Verde de 2011-2012, estamos orgullosos de estas movilizaciones que vuelven a recorrer las calles nuevamente. Ponen encima de la mesa que la educación es un derecho fundamental que nadie nos puede arrebatar. Es de justicia atender las demandas del profesorado en lucha porque son los que mejor conocen lo que pasa en las aulas y persiguen mejorar la calidad educativa. Está en juego otro modelo de sociedad y un futuro de esperanza.