Marlaska y Collboni contra el sexo, las drogas y el rock and roll

Las modas siempre vuelven. Vuelve el fascismo a Europa, vuelven los pantalones anchos y, por volver, ha vuelto hasta la peligrosidad social. Hace unos días, este mismo diario denunciaba cómo la Policía en Madrid estaba actuando contra las personas LGTBIQ+ con sesgos claramente homófobos con la excusa del chemsex. Estas operaciones han incluido redadas, humillaciones, encerronas, multas e incluso riesgo de cárcel, todo ello bajo el pretexto de la salud pública. En este país, algunas cosas quedaron atadas y bien atadas, y la represión policial es una de ellas.

Uno siempre quiere pensar que son casos aislados. Algunos policías que se están infiltrando en chills porque quieren gozar de ese sadismo uniformado del que hacen gala impunemente. Sin embargo, la semana pasada, unos 13 guardias urbanos, al servicio del “primer alcalde gay de Barcelona” (como si Colau no contase como mujer bisexual porque, al fin y al cabo, es mujer), irrumpieron en un club de sexo entre hombres. Algunos asistentes a ese club relatan cómo, placa en mano, hicieron salir a todos los asistentes a la fiesta, interrumpiendo seguramente algún coito, para inspeccionarlos a todos en busca de sustancias ilícitas. La inspección se prolongó durante varias horas, en una actuación que algunos asistentes han catalogado de “militarista”.

A raíz de este suceso, los chats de la comunidad LGTBIQ+ barcelonesa han ardido y se ha roto el silencio sobre en qué se traduce el Pla Endreça de Collboni contra el sexo colectivo. La de este club de sexo no ha sido la única batida: también se está persiguiendo sistemáticamente el cruising (búsqueda de sexo en lugares públicos) en Montjuïc y, por supuesto, se está persiguiendo a las trabajadoras sexuales de la ciudad condal. Marlaska y Collboni, dos hombres gays al frente de Interior y del Ajuntament de Barcelona, respectivamente, tienen un mensaje para ti, marica mala, y están usando a la Policía para ello. Da igual que vivamos una crisis de vivienda de proporciones colosales: a follar, a casa.

Esto no es nuevo. Las redadas en espacios LGTBIQ+ tienen un largo historial, tanto en España como en el resto del mundo. La memoria de Stonewall en Estados Unidos o del Pasaje Begoña en nuestro país siguen siendo recordatorios de que la represión policial ha sido una constante en la historia de nuestra comunidad. Durante el franquismo, la Ley de Vagos y Maleantes (posteriormente reformulada como Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social) se usaba para encarcelar y estigmatizar a personas homosexuales y trans. Que en pleno 2024 se sigan empleando estrategias policiales similares, bajo la justificación de la lucha contra las drogas, es una muestra de cómo la violencia nunca se fue, solo se transformó.

Christo Casas explica en su último libro Maricas malas cómo la aprobación del matrimonio igualitario nos llevó a la aparente victoria de una mayor tolerancia hacia las personas LGTBIQ+ a la vez que nos trajo una derrota: la domesticación de la marica mala. El sistema nos ha aceptado siempre y cuando seamos Marlaska y Collboni: perfectos heterosexuales que duermen con otro hombre, pero que jamás pondrán en duda el sistema del cual son una pieza más. Se trata de una aceptación condicional: puedes ser gay, pero siempre que encajes en la norma y no desordenes el espacio público con tu deseo.

Esa domesticación de la disidencia ha permitido que la agenda LGTBIQ+ oficial se enfoque en cuestiones como la representación y el consumo, mientras que las reivindicaciones más radicales han sido sistemáticamente neutralizadas. Mientras Collboni se jacta de ser “el primer alcalde gay de Barcelona”, la persecución a espacios de libertad sexual como el cruising, las saunas o los clubs de sexo sigue intensificándose. La sexualidad disidente es un problema porque escapa a la privatización y armarización del deseo.

Porque no nos engañemos: esto no es una lucha contra las drogas. Si el PSC y el PSOE quisiesen luchar contra las drogas y no contra los pobres y el escándalo público que supone la sexualidad libre, habrían empezado por otro lado. La Guardia Urbana podría haber irrumpido en una reunión de ejecutivos de una gran multinacional en el 22@ en busca de cocaína. La salud pública podría preocupar tanto a la Policía Nacional en Madrid que podrían estar haciendo encerronas para pillar a los cayetanos del barrio de Salamanca o esperar a la salida de determinados platós de televisión. Pero no. Van a por los mismos de siempre.

Y es que, como dijo una vez una concursante de un reality, “cuando te haces mayor, te das cuenta de dos cosas: el queso es muy caro y todo el mundo se droga”. Se trata de una afirmación universal en una sociedad que se despierta con cafeína y se duerme con ansiolíticos. Ante esta realidad, los gobiernos tienen dos opciones. El PSOE y el PSC parecen que están optando por una de ellas: ejercer una guerra contra pobres y disidencias mediante el uso desproporcionado de la Policía para buscar quién se droga, con quién tiene sexo y dónde. La otra opción, quizás la única posible para la izquierda, sería dedicar todos esos euros, todos esos esfuerzos públicos pagados entre todes a la prevención de riesgos para que a nadie le pase nada y al acompañamiento psicológico y social para aquellas personas que hayan caído en una adicción. Pero claro, eso no les interesa. La represión es más fácil, más rápida, más efectista. Al final, las modas siempre vuelven y, por eso, nos volvemos a encontrar aquí reciclando lemas punkis de los 90: más orgías y menos policías.