En las pasadas elecciones generales, la ciudadanía vasca mandó un recado muy claro al Partido Popular (PP): no lo quiere en el Congreso de los Diputados. El PP no obtuvo ni un sólo diputado por Euskadi lo que supuso que el vicesecretario de Organización del partido Javier Maroto se quedara fuera de las instituciones. Sin embargo, Pablo Casado le mandó otro recado: "Maroto, que no te falte de ná", y ya ha sido enchufado, con apoyo de Cs, como senador... por Segovia.

Aunque la ciudadanía no lo ha querido como representante, Maroto no pasará frío fuera de la política. Ya es senador, con sus cerca de 4.000 euros al mes al bolsillo. Para poder hacerlo se ha empadronado en Sotosalbos, donde reside el secretario del PP de Castilla y León Francisco Vázquez, que ha sido presidente de la Diputación de Segovia durante los últimos ocho años.

Maroto ni vive ni vivirá en Sotosalbos. Jamás ha tenido vinculación alguna con la localidad ni con Segovia... ni siquiera con Castilla y León, contra cuyos intereses ha ido cuando, como político vasco, reclamaba la adhesión de Treviño a Euskadi. Dicho de otro modo, está cometiendo un fraude en el padrón con intención de aprovechar los beneficios que trae consigo su inscripción en este registro administrativo.

Lo que ha hecho el popular no es muy diferente de lo que hacen todas esas familias para poder matricular a su hijo o hija en un colegio determinado o todas esas personas que viven en provincias limítrofes con Madrid y se empadronan en la capital para disfrutar de su Sanidad pública o de las ventajas fiscales.

Velar por que no se cometa fraude en el padrón es obligación del ayuntamiento de Sotosalbos, pero en las últimas elecciones del municipio votaron 81 personas (de un censo de 105), revalidándose el mandato del PP... está todo dicho, ¿no?

¿Saben qué sucede? Que existe un artículo (el 392) en el Código Penal que castiga con penas de entre seis meses y tres años para quienes comentan falsedad en documento público, siendo un agravante cuando se cometa con afán lucrativo, como es el caso. Y no podemos olvidar que en la resolución de 30 de enero de 2015 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) es clara al establecer que los datos que facilitado Maroto "constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos".

Si grave es cuando la clase política acude a unas elecciones representando a provincias con las que no tienen absolutamente ninguna vinculación más allá de querer ir en puestos de cabeza de la lista para asegurarse un sillón en Congreso o Senado, más grave es cuando se actúa como Maroto. Su nombramiento como senador es inmoral, rozando (si no es) lo ilegal, evidenciado una vez más que hay partidos como el PP que no son demócratas, sino que utilizan la democracia para sus intereses particulares.