Martín Villa debe responder por el asesinato de Arturo Ruiz en 1977

Por Pablo Mayoral y Manuel Ruiz, miembros de La Comuna

Estoy con Manuel Ruiz en la plaza de la Luna (plaza de Santa María Soledad Torres Acosta), al pie de la placa que el anterior Ayuntamiento de Madrid puso en recuerdo de su hermano, asesinado en esa plaza el 23 de enero de 1977 por las bandas fascista. En la placa se pide Verdad, Memoria y Justicia.

Los dos formamos parte de La Comuna de Presxs y Represaliadxs del Franquismo y comentamos que el jueves, día 3 de septiembre, estamos más cerca de conseguir la verdad y la justicia.

Martín Villa está llamado a declarar en la embajada argentina de Madrid ante la jueza María Servini, en relación con varios asesinatos de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de orden público y las bandas fascistas mientras él era Ministro de la Gobernación (llamado posteriormente de Interior).

Manuel es uno de los querellantes que exige justicia y acusa directamente a Martín Villa de la muerte de su hermano Arturo, asesinado el 23 de enero de 1977 por sicarios de las bandas fascistas que formaban parte de las sucias y criminales cloacas del estado. Él mismo comentaba con su hermano en aquella época cómo esas bandas fascistas se refugiaban en las comisarias después de atacar a los estudiantes en lucha.

En esos años, la lucha por conquistar la libertad era multitudinaria y continua en todas las partes del estado. El rechazo de la dictadura era mayoritario y muchas de las organizaciones de la izquierda antifranquista luchaban por imponer la ruptura total con las estructuras de la dictadura. En particular el movimiento huelguístico y estudiantil era imparable, con todo tipo de reivindicaciones, la mayor parte tenían un marcado carácter político. La Amnistía era un grito que se escuchaba en todas partes, la exigencia de libertad para los presos políticos antifranquistas que seguían en prisión, era un clamor que recorría cada manifestación, huelga o concentración. A principios de 1977, a pesar de varios indultos generales y una amnistía parcial, quedaban todavía presos políticos en las cárceles de la dictadura y los propios presos que habían recuperado la libertad fueron, en muchos casos, quienes encabezaron la lucha por la libertad de sus compañeros.

En Madrid, varias organizaciones de izquierda convocaron una manifestación pro-amnistía el 23 de enero de 1977, Manuel conserva todavía un cartel de aquella convocatoria. Por supuesto la manifestación estaba prohibida, ya que no había libertad de expresión ni manifestación, y fue duramente reprimida por la policía, pero además las bandas fascistas, como en otras ocasiones con la colaboración policial, fueron a la caza del “rojo”.

Mil veces se lo han contado a Manuel los amigos de su hermano: en las inmediaciones de la Gran Vía (entonces Avenida de José Antonio), una banda de estos individuos, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, disparó contra algunos de los manifestantes. Jorge Cesarsky Goldstein y José Ignacio Fernández Guaza dispararon contra Arturo Ruiz García y le mataron en el acto.

Los testigos de aquel crimen identificaron a Fernández Guaza como el autor directo del asesinato. Dicho individuo se fugó al día siguiente con la ayuda de un amigo que era Guardia Civil, varios de sus allegados testificaron en la investigación judicial que trabajaba para la policía. No hubo ningún intento de detención y no se cursó ninguna orden internacional de búsqueda y captura. Algunos medios periodísticos lo situaron en Argentina, pero en la actualidad está en paradero desconocido. Manuel sostiene que en todo momento el asesino de su hermano ha estado amparado por las cloacas del Estado, y que aún hoy, 43 años después, le siguen protegiendo. En el juicio solo se condenó a Jorge Cesarsky a 5 años de prisión de los que solo cumplió uno. Este individuo era un colaborador del servicio secreto de Carrero Blanco.

Manuel recuerda que la instrucción del proceso por el asesinato de su hermano la realizó el prevaricador juez Rafael Gómez Chaparro, que en esos días (el 4 de enero de 1977) pasó de ser juez titular del Tribunal de Orden Público franquista a ser juez de la Audiencia Nacional. El juicio se desarrolló con todo tipo de amenazas y vejaciones a la familia de Arturo. El abogado de la familia, Juan Ignacio Ortiz de Urbina, era continuamente amenazado de muerte, recibía llamadas telefónicas diciéndole que como siguiera investigando iba a acabar como los abogados de Atocha.

Manuel está convencido de que Martín Villa, como Ministro de la Gobernación, debe responder de este asesinato y por supuesto de todas las irregularidades que se produjeron en la investigación y proceso que hicieron posible la vergonzosa y total impunidad de los asesinos de Arturo Ruiz. Existen indicios razonables para deducir que detrás de los autores del asesinato de Arturo estaban las fuerzas de orden público dando soporte y ayudando a su huida.

En 1997 un juez volvió a archivar el caso. Y en el año 2000, la Audiencia Nacional certificó la prescripción de este asesinato. Entre los jueces que tomaron esta resolución estaba, como muy bien me recuerda Manuel, el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

En el año 2015 Manuel Ruiz, después de intentar por todos los medios que se reabriera el proceso y se localizara al asesino de su hermano, hizo entrega al abogado Carlos Slepoy de la denuncia contra el exministro Martín Villa. Se sumaba así a la llamada Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. En junio de 2019 viajó a Buenos Aires y allí la fiscalía del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a instancia de la Jueza María Servini, le tomó declaración en nombre de sus hermanas y hermanos, ratificando así la denuncia interpuesta por los abogados de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

El jueves día 3 de septiembre, en la embajada argentina de Madrid, después de 43 años, una jueza argentina tiene en sus manos empezar a enjuiciar y acabar con la impunidad de tantos crímenes franquistas. Rodolfo Martín Villa es uno de los primeros que deberá rendir cuentas de sus actuaciones criminales, tanto en la dictadura franquista como en los años sangrientos de la llamada transición, que en muchos aspectos fue la continuación criminal de la dictadura, cuyo aparato y legislación represivos permanecían intactos.