Salvamento Marítimo es una entidad pública creada en 1992 que depende del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante. Se crea para proteger la vida en la mar, vida humana, animal o vegetal. Sin embargo, últimamente ha ocupado mucho espacio mediático por sus labores de rescate de personas extranjeras que intentan acceder con medios muy precarios por vía marítima a nuestras costas.

Desde que en 2015 se empezó a acelerar la construcción de muros y el cierre de pasos fronterizos entre África y Europa, la afluencia del tráfico de personas por vía marítima se ha disparado. Este crecimiento va de la mano del incremento de las mafias y muertes en el mar. Siguiendo esa inexplicable huida hacia delante de los gobiernos europeos, arengados por una Unión Europea absolutamente desorientada, el paso siguiente al cierre de la fronteras ha sido intentar impedir que entidades públicas o privadas de origen europeo participen en las labores de rescate de personas extranjeras que viajen de forma irregular por el Mediterráneo. El objetivo es evitar a cualquier precio que las personas extranjeras lleguen a nuestras costas. De esto modo se concluye en 2016 un acuerdo demoledor con Libia, un país donde se mata a sangre fría a las personas que viajan de manera irregular, seguido de la polémica decisión de Italia de prohibir los desembarcos de barcos de rescate privados, decisión secundada bajo cuerda por nuestro Gobierno español, que desde hace meses no autoriza la salida de ningún barco de ayuda humanitaria en el mar.

El último eslabón de esta cadena podría ser la aparente decisión del Gobierno español de cargarse a Salvamento Marítimo. Desde hace un par de meses corren noticias preocupantes, la mayoría procedentes de fuentes internas, en lo que parece ser un intento desesperado de conseguir evitar la muerte de este servicio casi heroico que cuenta con más de 25 años de trayectoria. La primera voz de alarma saltó cuando se hizo público que los radares de los aviones de Salvamento Marítimo estaban rotos desde hacía un año, información facilitada por los propios trabajadores y que el gobierno desmintió después, matizando que solo hacía algunos meses del fallo, según informó en exclusiva la periodista Lucía Munoz en Eldiario.es. Sin radares es prácticamente imposible realizar las labores de rescate, porque la visión desde la avioneta es limitada; aún con buen tiempo las pateras no se ven, y menos las pequeñas cabezas de personas que flotan a la deriva.

La siguiente noticia, confirmada por varias fuentes internas, fue que se iba a solicitar a los barcos de rescate de Salvamento Marítimo que desembarcaran en Marruecos a las personas rescatadas, práctica que, dado que los barcos de Salvamento son territorio español, equivaldría a una devolución en caliente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se apresuró a matizar que por supuesto no se iba a devolver a nadie, sino que lo que se iba a intentar era repartir la carga de trabajo entre Marruecos y España, de modo que las autoridades marroquíes incrementaran su actividad de salvamento en la zona del Estrecho, que hasta ahora ha sido casi nula. El problema que se plantea con esto es que tal y como advierten la CGT y APDHA en un comunicado del 14 de marzo, “Marruecos no está preparado, ni política ni materialmente, para ocuparse eficazmente de los rescates de seres humanos en el Mediterráneo”. Prueba de ello es el drama ocurrido el día 13 del mismo mes, en el que 45 personas de 67 viajeras perdieron la vida porque no se ejecutaron las debidas labores de salvamento.

En un hilo de Twitter publicado el 19 de marzo por las colaboradoras de Fronteras sin Filtro, basado en informaciones facilitadas por fuentes internas de Salvamento Marítimo, se advierte del desmantelamiento de la flota de la entidad, de la presencia de personal militar y de la Guardia Civil en los barcos, y de la militarización de los servicios de rescate en el mar, que también denunciaban CGT y la APDHA. Es obvio que se está cociendo un acuerdo con Marruecos similar al que se cerró con Libia, en el que por una gran suma de dinero externalizaremos la gestión de la vida en nuestro Estrecho, que pasará a estar en manos de un gobierno autoritario con carencias básicas en materia de derechos humanos.

Es muy sorprendente la falta de seriedad y de responsabilidad de nuestro gobierno y de la autoridades europeas en todo este asunto. El cortoplacismo de estas decisiones es evidente, no se trata de un modelo sostenible en el tiempo. En primer lugar, se ha tardado muchos años en crear un servicio tan fino y potente como el de Salvamento Marítimo. Desmantelarlo es fácil, aunque significa tirar mucho dinero público a la basura; volver a montarlo es casi imposible. Tras su desmantelamiento, si fuera necesario recrearlo, costaría muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Por otro lado, poner la gestión de un tema tan importante como los flujos migratorios en manos de terceros países con dudosas capacidades democráticas es muy peligroso. Nos sitúa en una posición de mucha vulnerabilidad a medio y largo plazo. Finalmente, que nuestra opción ética sobre los rescates de vidas humanas en el mar sea no llevarlos a cabo abre un espacio muy arriesgado que nos puede afectar históricamente en el futuro. La desaparición de Salvamento Marítimo en ningún caso evitará que siga habiendo migraciones, ni que estas se lleven a cabo por vía marítima, pero sí que dejará desprotegidos a todos los posibles náufragos, de pateras pero también de yates, de nuestro mar. Nos estamos volviendo locos: estamos matando a los que nos salvan y no nos estamos dando ni cuenta.