La corrupción y el fraude continúan encabezando, por detrás del paro, el ranking de preocupaciones de los españoles, según el barómetro del CIS. No pasa un solo día sin que los medios de comunicación destapen un nuevo caso de corrupción que, además, supera en desfachatez al anterior. Blanqueos en cuentas suizas, planes de formación para mariscadas, tarjetas opacas, concesiones a dedo...

Sin embargo, el problema y, por tanto, nuestra preocupación, no debería ser la corrupción. El problema es el sistema que impulsa a ser corrupto. La Transición que tanto valoran, precisamente, quienes más se han enriquecido en los últimos años, ha tejido un sistema en el que quienes más prosperan son los que menos decentes son.

Los que luchan por acabar con ese modelo, a los que la élite tacha despectivamente de anti-sistemas, terminan por aparecerse ante la sociedad como unos soñadores, pero, ¿quién es más soñador, el que cree que es posible renovar el sistema o el que sigue creyendo en el que tenemos instaurado? Sin duda los segundos porque los primeros, lejos de estar soñando, han despertado de la pesadilla y se preparan para la acción, como delata el miedo que reina en las filas de los poderosos.

Los corruptos son los que hablan de una “democracia madura”, de un Estado de Derecho sólido e implacable cuando, en realidad, no es así. De hecho, es el pueblo el que en ciertas parcelas ha madurado mucho más que nuestros políticos que, por lo general, llevan casi cuatro décadas sin estar al altura de su pueblo.

Esa parcela es la de la fe en la Justicia y en la división de Poderes, y con esa ventaja es con la que juegan los corruptos que, a pesar del ruido en los medios de comunicación, pisan poco la cárcel y nunca devuelven lo robado. Y no pasa nada, justamente, porque el pueblo no pierde la esperanza en que en algún momento se hará justicia. Una esperanza acompañada por un mal endémico, la permisividad que tenemos hacia ese sistema corrupto: nuestra indignación alcanza grandes cotas cuando se destapa uno nuevo caso de corrupción y, acto seguido, la engullimos en casa con un buen trago de resignación servida en vaso de ciberactivismo.

La fe en la Justicia es la que impide que, a estas alturas de la crisis, nadie le haya levantado la tapa de los sesos a un banquero que chulea de timar con preferentes mientras tira de tarjeta black o no se hayan llevado por delante a un político cobra-comisiones. No obstante, en España ya hay demasiada gente que no tiene ya absolutamente nada que perder, ni siquiera la libertad, porque el sistema ya la ha excluido. En esta coyuntura, ¿tan descabellado resulta que alguien pierda la fe y se tome la justicia por su mano? Es más y por duro que pueda sonar (aunque nunca justificable), ¿acaso no habría miles de ciudadanos –quizás millones- que en su fuero interno sentirían cierta satisfacción? En última instancia, el culpable no habría sido quien apretara el gatillo, sino quien cargara la pistola y la pusiera en la mano del verdugo.

Del mismo modo que cada vez más la permisividad de la corrupción mengua, ¿no puede suceder lo mismo con esa fe ciega en la Justicia? Afortunadamente, la ciudadanía tiene una moralidad superior a la de los corruptos; de otro modo, las calles ya se habrían teñido de sangre. Esas aves de rapiña de la élite se aprovechan de ello, tensando tanto la cuerda que quizás, el día menos pensado, se rompe y les explota en la cara. Ojalá esos a los que aún llaman soñadores lleguen antes.