Si la justicia pide atender "algún matiz" en las repatriaciones de menores de Ceuta a Marruecos, el Ejecutivo "podría atenderlo". Son palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y no podrían ser más desacertadas, en primer lugar porque no se trata de matices, sino de violaciones del Derecho Internacional; en segundo, porque el uso del condicional implica que desde La Moncloa se plantean saltarse la legislación a la torera como, de hecho, ya se han saltado.

El Gobierno trata de poner todo el foco en su gestión del éxodo de Afganistán, mientras en Ceuta se vulneran los Derechos Humanos (DDHH) de los menores marroquíes. "Existen datos bastantes para entender que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", ha dictaminado la Justicia, lo que debería tener una repercusión política. Sin embargo, no la habrá porque, sencillamente, nadie está a las riendas.

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, nos deja estupefactos al admitir que desconoce los detalles del acuerdo hispano-marroquí de repatriaciones que respalda esta barbaridad, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ahora dice que "no es competente" en el retorno de menores de Ceuta paralizado por la justicia. Efectivamente, es incompetente.

Hoy se reúne el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), para ver cómo abordar la paralización de las devoluciones de los menores no acompañados. Hasta la fecha y según se ha ido desprendiendo de las declaraciones, el Gobierno central y el ceutí han ido de la mano en esta violación del Derecho Internacional, lo que poco a poco ha ido haciendo que Pablo Casado saque a Ceuta de su lista de reproches... aunque deje caer perlas xenófobas como las que apuestan por rebajar la mayoría de edad en el caso marroquí -y así ahorrarse los derechos de los menores- con el pretexto de que estos llegan para después forzar la reagrupación familiar.

Sánchez y Vivas abordarán lo que la portavoz del Gobierno califica de "matices", esos que pueden arruinar la vida a estos menores -55 ya expulsados ilegalmente-, buena parte de ellos explotados al otro lado de la frontera, bien por la vía de la mendicidad, bien tratados como mercancía sexual. Esos son los matices que desde el Ejecutivo aún no han decidido siquiera atender, según Rodríguez.

Parece mentira que, en pleno siglo XXI y con un Gobierno que se postula como el más progresista, estemos mareando la perdiz de este modo con este asunto. Los cauces deberían estar claros, sin dar lugar a interpretaciones ni a alternativas, pero parece que los protocolos de actuación cuando llegan menores no acompañados brillan por su ausencia; algo que Marruecos ha sabido y sabrá aprovechar para seguir incrementando su presión sobre España.

El hecho de que en un reciente discurso Mohamed VI deslizara que a "partir de ahora", las relaciones hispano-marroquiés "deberán basarse en la confianza, la transparencia, la consideración mutua y el respeto de los compromisos" es muy revelador. ¿Cómo han sido entonces estas relaciones hasta la fecha? La respuesta es más que evidente. Y la cosa no irá a mejor, porque la inminente sentencia de la Justicia europea en torno a la soberanía saharaui del Sáhara Occidental podría hacer peder a Marruecos 90 millones de euros al año, lo que hará sacar la peor versión de Mohamed VI.

No son matices, es Justicia.