Tras la huída de Juan Carlos I, varias tertulias y artículos de periodistas y analistas han intensificado un discurso en defensa del monarca emérito, pero hay matices que conviene aclarar para afrontar el debate.

Asumamos de una vez que cualquier representante público, aunque sea de perfil intachable, puede cometer delitos. Delitos de todo tipo. Que por muy brillante que haya sido una etapa previa en tus funciones, o por muy bien que te comportes con alguien, eso no es el comodín para salvarse si se delinque. Partiendo de aquí, el resto.

¿Vida privada? Juan Carlos I describe que se marcha por "acontecimientos" de su "vida privada". A mí su intimidad sentimental con Larsen me da lo mismo, pero debe asumir que si se inician unas investigaciones donde unos audios implican a su persona en irregularidades fiscales eso ya no es vida privada, sino que es parte de su vida pública como Jefe del Estado. Si estamos en contra del delito fiscal, y se nos llena la boca de denunciarlo cuando lo hace un político corrupto, no podemos relativizar ese delito según quien lo cometa. Entre otras cuestiones porque un país se construye por su modelo fiscal, donde toda la ciudadanía rinde cuentas. Y, recordemos, que el propio Juan Carlos I decía aquello de "la ley es igual para todos", a pesar de su inviolabilidad hasta 2014.

¿Dejar Zarzuela? Recordemos que lo primero que se habló, tras aquella valoración de "informaciones inquietantes" por parte del Gobierno, fue que era probable que dejara solo la Zarzuela. No se habló de dejar España. Lo cual puede hacer sospechar sobre la dimensión del problema que se ha planteado en la propia Casa Real. No obstante, quedan muchas preguntas en el aire como el pago de este trayecto, del mantenimiento o de los escoltas que necesitará. La transparencia brilla de nuevo por su ausencia.

La política. Se ha dicho en varias tertulias que parte de esta decisión está influenciada por el Gobierno, poco menos que dando a entender que la situación tan delicada de la monarquía procede de la división de opiniones sobre este tema entre los ideales monárquicos del PSOE y los republicanos Unidas Podemos. Y aquí hay que hacer un alto en el camino porque se trata, a su vez, de una denuncia grave al propio Gobierno. Que cada uno sea responsable de sus actos. Que Juan Carlos I se fuera a Botswana o que su firma aparezca en la "donación" a Larsen es responsabilidad de Juan Carlos I, no de Pedro Sánchez ni de Pablo Iglesias. Todo solo es responsabilidad de un rey emérito que cuando ha hecho esos actos no era un niño, sino que tenía conciencia de la institución a la que representaba y del terreno donde se metía. Dentro de todo, recordemos que Iglesias y sus ministros juraron su cargo con lealtad al rey, por lo tanto no hagamos de esto una emboscada política porque no lo es. De hecho, cuando ocurrió la abdicación fue bajo el mandato de Rajoy. Por lo tanto, diría con seguridad que bajo un Gobierno del PP se habría actuado de igual manera. Entre otras cuestiones, porque tiene el conforme de Felipe VI.

Felipe VI. Estaría bien que los defensores de Juan Carlos I no insistan tanto en glorificar su figura como para infatilizar a Felipe VI al punto de hablar de él como si fuera un pelele manejado. Poco favor le hacen a la monarquía que dicen defender. Intuyo que en este caso Felipe VI no tiene un pelo de tonto y tiene información de primera mano de su padre. Información que no sabe ningún periodista de este país y que él sí está al tanto de la verdadera dimensión del problema que hay entre manos. Obvio que tiene asesores pero también es obvio que esos asesores no habrían manejado esta opción si supieran que esas presuntas irregularidades son un tema menor.

Las mujeres. En las tertulias ha sido hoy habitual hablar de las mujeres. La reina Sofía, como la mujer abnegada y discreta y luego el relato de las "mujeres malas". Primero, Corinna Larsen, acusada de "irse de la lengua" y de "despechada" en ese intento por desviar el foco del rey para salvarlo a toda costa. Segundo, Letizia Ortiz, como la reina ambiciosa que le ha lavado la cabeza a Felipe VI en contra de su padre. Ese relato machista perdurará y se intensificará si la justicia llama al Rey a declarar.

No hay demanda social. Para apagar el fuego creado algunos corren a decir que la marcha del rey no es una demanda social. ¿Cómo se puede asegurar eso si no hay encuesta social ni política científica al respecto? ¿Cómo se puede asegurar sin preguntar por la monarquía en el CIS? Entre otras cosas, cuando los propios medios de comunicación han sido cómplices de callar muchas de estas informaciones y negocios del rey. Una opacidad tremenda, provocando una ciudadanía desinformada sobre su propia monarquía, unida a la falta de transparencia de la Casa Real. Cómo se puede hablar de la opinión de la ciudadanía cuando el propio Adolfo Suárez reconoció a Victoria Prego que la monarquía se coló tras incorporar la figura del rey en la Ley para la Reforma Política porque las encuestas, que el Gobierno de entonces manejaba, dejaban claro que la sociedad pedía una República. Quien dude, aquí tiene el vídeo del propio Suárez, emitido en La Sexta Columna.

Resumen. Lo que está claro es que, por si ya teníamos poco, España está ahora en una crisis sanitaria, económica, política e institucional. Institucional porque el monarca que ha ostentado la corona ha cometido polémicas y presuntas irregularidades una tras otra y que, en cualquier caso, deberán ser investigadas por la Justicia, que tendrá la última palabra. Lo único que se espera es que la justicia sea justa. Porque quizás se nos olvida que el pueblo paga sus impuestos, a pesar de que cada mes cueste pagar el autónomo o el IBI. Y quizás se nos olvida que con esos impuestos se pagan los servicios públicos. Y, entre otras cuestiones, es la ciudadanía la que paga el presupuesto anual de la Corona. Y con mucho, mucho, mucho esfuerzo.