Matrimonios forzados y comerciantes de carne humana

Cuerpos de niñas que los adultos venden y compran. Los padres de una menor romaní de 14 años recibieron 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos por entregarla a otra familia para que contrajera matrimonio con su hijo de 21 años. A unos y a otros se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. La niña, que no estaba ni documentada ni escolarizada, fue obligada, además, a mendigar por las calles a fin de aportar ingresos a la familia compradora que la vigilaba continuamente. Pagaron por ella, pero no lo suficiente. La instrucción del caso está abierta y, por supuesto, no se descarta la agresión sexual. La virginidad es también un bien de intercambio. No hay tradición ni costumbre que cubra las vergüenzas de según qué prácticas.   

Hace unos años, Arooj y Aneesa, dos hermanas de 24 y 21 años de Terrassa (Barcelona), fueron asesinadas por sus parientes en Pakistán. Su delito fue el de no haber querido continuar con sus matrimonios forzados (los que las habían obligado a contraer con sus primos) y aspirar a casarse con las personas a las que ellas mismas habían elegido. Las engañaron para que volvieran a su país y no sobrevivieron allí ni un día. Les pusieron un pañuelo en la cabeza para tratar de ahogarlas y las asesinaron de un disparo mientras dormían. Uno de sus hermanos planificó el viaje y el doble "crimen de honor" fue aplaudido por toda su familia. 

Los matrimonios forzados constituyen una forma grave de violencia de género que permanece en gran medida oculta. Apenas hay datos oficiales.

En España, el matrimonio forzado se tipificó como delito específico en 2015. Y la reforma de la Directiva de Trata (2011), aprobada en 2024, lo calificó por primera vez como crimen de trata, junto a la adopción ilegal y la explotación de la gestación subrogada. La Directiva de violencia de género y violencia doméstica, aprobada también en 2024, lo incluyó como una variante de la violencia de género.

En Europa, dos de cada tres víctimas de trata son mujeres y niñas (68,4%), y el 59% del total son nacionales de un Estado miembro. El 55,7% son explotadas sexualmente, el 28,5% laboralmente, y el 15,8% en actividades delictivas o de mendicidad. La Organización Internacional del Trabajo estimaba que en 2021 había 22 millones de personas en situación de matrimonio forzado, aunque el baile de cifras es espeluznante. Barreras culturales y sociales impiden la denuncia porque a veces no se distingue si las mujeres afectadas están coaccionadas o aceptan culturalmente la práctica. Muchos casos se detectan en fase de prevención y no llegan a consumarse, por lo que no aparecen en las estadísticas policiales. Y, por lo general, solo se contabilizan los casos conocidos por las fuerzas de seguridad, excluyendo los atendidos únicamente por entidades sociales.

Las causas de la trata siguen sin abordarse de manera suficiente, pero en el caso del matrimonio forzado es evidente que la desigualdad y la violencia de género es el factor clave. A ese factor se suman los de siempre: la pobreza, los desplazamientos forzosos, el desempleo, la falta de acceso a la educación, el origen étnico, la edad, la discriminación, la marginación, la corrupción y la situación administrativa irregular. La carencia de documentos oficiales convierte a las víctimas en sujetos invisibles a los que no se les puede garantizar derecho alguno.

La menor de Terrassa ha sido trasladada a un centro de protección de la Generalitat, donde recibirá atención y apoyo. En la nueva Directiva de trata queda recogido que ese apoyo tiene que ser especializado y ofrecerse con un enfoque de género, infancia, discapacidad y centrado en la víctima. La discriminación interseccional es también un elemento relevante.

Sin embargo, el matrimonio infantil entre la población romaní está casi ausente del marco político de muchos países en Europa, y España no es una excepción. A pesar de los esfuerzos realizados, no tenemos cifras exactas sobre matrimonios forzados en estas comunidades. Estas prácticas suelen defenderse como una "tradición cultural", pero lo cierto es que décadas de marginación étnica, estereotipos arraigados sobre la sexualidad y el papel de las mujeres y niñas, combinados con la falta de un enfoque sistemático para integrar a la población romaní, no han hecho sino perpetuar el problema.

Lamentablemente, seguimos esperando una ley integral que aborde el fenómeno de la trata, a pesar de la existencia de una directiva que tendría que implementarse ya. En España tenemos grandes profesionales, pero no cuentan siempre con los medios necesarios, ni con las condiciones laborales más adecuadas. Si siguiéramos las directrices de la directiva, tendríamos buenos planes nacionales, un coordinador estatal contra la trata y organismos independientes para monitorear el impacto de las medidas que se adoptaran. La recopilación de estadísticas sería obligatoria y estaríamos en condiciones de diagnosticar y evaluar mejor la efectividad de nuestros sistemas.

Hay que condenar sin paliativos a proxenetas, explotadores y consumidores, y hay que señalar con contundencia a quienes les sirven de cómplices y encubridores. El matrimonio forzado es una forma abominable de esclavitud con la que se asegura a los varones el acceso a unas relaciones sexuales no consentidas y a un dominio tiránico sobre la descendencia "propia". Un artilugio atroz que convierte a la familia en una jaula.