Esta semana se ha vuelto a producir un intento de desalojo sin orden judicial. La actuación era tan irregular que ni siquiera había presente actor judicial alguno. Quien actuaba en Granada era la empresa AMA Desokupa, que clona el modus operandi de la empresa del polémico Daniel Esteve, el mismo que hace unos días amenazó con boicotear la presentación del último libro de Irene Montero (finalmente se acochinó ante la respuesta social). AMA Desokupa es una de tantas otras empresas que se mueven en esa órbita y que se han ido reproduciendo con virulencia en diferentes provincias. Lo que comenzó con brotes se ha convertido en epidemia, a cuya propagación contribuye la inacción del Gobierno y los patógenos de la derecha. 

Granada adolece de muchos servicios sociales. Bajo su apariencia de ciudad viva y dinámica, como universitaria que es y cuna cultural de grandes artistas, se respira cierto tufo conservador que la alcaldía de Marifrán Carazo (PP) no ha contribuido precisamente a mejorar. Esto tiene un claro reflejo en las personas más vulnerables, ante lo cual hay sectores sociales que responden poniendo en marcha alternativas. Este es el caso del proyecto del Centro Social que varios colectivos iban a poner en marcha en el antiguo edificio de la sede de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, okupado desde el pasado mes de diciembre.

El inmueble se encuentra en la calle Azacayas, junto a la Gran Vía de Colón. Seguramente, más que la okupación en sí misma, a AMA Desokupa les molesta más que en pleno centro de Granada un grupo de, a sus ojos “perroflautas piojosos”, abran un Centro Social que, incluso, contempla un comedor social. Así las cosas, la empresa que dirige Ángela Jiménez Mendoza, empresaria en el radar de los colectivos antifascistas desde hace mucho tiempo, no dudó en mandar a sus gorilas musculados enfundados en pasamontañas que pusieron en su megafonía el Cara al sol. Estos no son, precisamente, los mejores ingredientes para preparar una mediación, que es de lo que presume Jiménez.

Finalmente, el desalojo no se produjo (de hecho, hay acuerdo para la cesión de uso temporal), pero antes de ese desenlace hubo intimidación, los gorilas se apostaron en la puerta del inmueble impidiendo el paso, incluso, de comida y bebida, cargas policías contra las personas, como el Sindicato de Vivienda de Granada, que rechazaban la violencia de quienes se arrogan el poder de desalojar sin respaldo ni garantías judiciales… Y lo peor, un compadreo entre la Policía Nacional y los fans del Cara al sol que permitió a estos hacer y deshacer mientras se reprimía a quienes mostraban su solidaridad con el futuro Centro Social.

Según cuenta la compañera Aurora Báez en su crónica de El Salto, el balance fue de cuatro heridos y un detenido. Resulta también revelador el vídeo en el Ideal en el que, por ejemplo, se puede ver cómo son necesarios hasta tres agentes de policía, escoltados por los gorilas, para reducir a una persona desarmada y sin entrenamiento.

Los desenlaces violentos de este tipo de actuaciones ilegales son cada vez más frecuentes. Lo vimos hace días en el barrio madrileño de Carabanchel, en València y en Illescas (Toledo) donde, incluso, hubo tiros; o en 2023 en Majadahonda (Madrid) donde la empresa Desokupa salió escaldada por piernas, por mucho que ahora Esteve critique a sus colegas de la competencia por su actuación en Carabanchel.

¿Por qué se producen estas situaciones? Porque no se han atajado de raíz. Desalojar a una persona sin orden judicial, sin garantías propias de nuestro estado de derecho es ilegal, como debiera serlo contratar a alguien para que lo haga. La actitud laxa del Gobierno en esta materia no hace más que alimentar la pira violenta de estas empresas, a la que además vierte gasolina continuamente la derecha, tanto PP como Vox. El resultado es que las empresas de esta calaña no sólo proliferan, sino que se jactan de su calado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército suscribiendo acuerdos de formación. Afortunadamente y pese a la depuración que sigue urgiendo en estos cuerpos, las manzanas sanas superan a las podridas, como pudo constarse con la fuga de policías del SUP (Sindicato Unificado de Policía).

La okupación ilegal afecta a menos del 0,06% y en 2024 fue a la baja, según estadísticas oficiales. Esta realidad, claro está, no quita para que se mejore la protección tanto de propietarios como de personas en situación de vulnerabilidad que se ven abocadas a esa salida. Sin embargo, quienes se están lucrando al amplificar el problema, ya sea política o económicamente, sólo miran a las personas propietarias, dejando atrás y obviando la emergencia habitacional.

Empresas de alarmas o aseguradoras han sido decisivas en extender el miedo a una okupación minoritaria y residual; hasta el punto de mezclar a quien realmente okupa un inmueble –por lo general vacíos y propiedad de la Administración o entidades bancarias- con quienes por reveses de la vida no pueden seguir pagando el alquiler, a los que perversamente han bautizado como inquiokupas. Con ese caldo de cultivo venden alarmas y seguros antiokupa que ni siquiera cubren el impago del alquiler más allá de seis meses.

Las derechas, por su parte, explotan partidistamente este miedo, sin poner encima de la mesa soluciones reales a la raíz del problema, esto es, la emergencia habitacional que se sufre y de la que, en gran parte, son responsables. De estas derechas, como oposición que son, tan solo cabe esperar, pero al Gobierno se le puede exigir. No está cumpliendo con su deber, no nos protege de los grupúsculos ultras que ejercen violencia sistemáticamente y aprovechan la permeabilidad que propicia la sensación de indefensión. Hace muy mal el Gobierno de España en subestimar este fenómeno antiokupa que, a la mínima de cambio, entona el Cara al sol y saluda como Elon Musk. Tal y como indica el secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, hay sobrados mecanismos para erradicar a quienes hacen de la violencia y el hostigamiento su modo de vida. Manos a la obra o, como ha sucedido con el avance del fascismo en toda Europa, para cuando el Gobierno lamente su relajación, será demasiado tarde.