Hay más de 1,2 millones de menores extranjeros en nuestro país, pero la gran mayoría de ellos vive con sus familias, según datos del INE de 2025. De ellos, solo unos 14.000 vinieron solos no acompañados. Todos estos menores se enfrentan a problemas y retos únicos a los que la infancia no debería someterse. Así lo estima el último informe del Defensor del Pueblo publicado el pasado 17 de mayo: Niños y niñas extranjeros solos o acompañados.

Se van acumulando los informes sobre la infancia y la juventud migrante. El gran debate de los últimos tiempos es qué prima en este colectivo: que sean menores, es decir, la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, o que sean migrantes, es decir, la aplicación directa de las leyes de extranjería. El Ministerio de Juventud e Infancia, Unicef o el Defensor del Pueblo dicen que lo primero, y el Ministerio del Interior y la ultraderecha dicen que lo segundo. Y, en este debate, es donde se encuentran la claves del maltrato sistémico de un colectivo vulnerable que, como sociedad pretendidamente avanzada, deberíamos cuidar y defender.

Explica el informe del Defensor del Pueblo que los menores extranjeros en nuestro país se tienen que enfrentar a un sinfín de trabas administrativas e incluso legales, con normas que no tienen en cuenta su condición de infancia. Básicamente son las mismas a las que se enfrentan sus familias pero mayoradas por el hecho de que, al ser dependientes de sus progenitores, no pueden defenderse de forma individual, sino que tienen que hacerlo en el seno familiar. Así nos encontramos que, según los últimos datos actualizados que recoge el informe Crecer sin papeles de la Fundación porCausa y Save the Children, en 2019 había más de 214.000 menores sin papeles, derivado en general de la irregularidad de sus familias. 

Ser menor y no tener papeles junta dos vulnerabilidades casi inaceptables. Los niños viven con miedo y sus padres también y, no pueden tener una vida normal, no pueden ir a las excursiones con sus compañeros o hacer otras actividades que impliquen tener un DNI. El Defensor del Pueblo cita textualmente que existen limitaciones "para la práctica deportiva, la participación en federaciones autonómicas y la obtención de licencias federativas". Es decir que estos jóvenes no pueden formar equipos deportivos. Es más, podrían incluso acabar en un centro de menores o en centro de internamiento para extranjeros si alguna autoridad se empeñara. 

Temblamos cuando vemos las imágenes de detenciones en Estados Unidos y, no somos conscientes de que potencialmente eso que nos parece tan lejano podría suceder en nuestro país. Solo haría falta un cambio de gobierno. Estos menores son una de las razones de peso para seguir trabajando en la regularización extraordinaria que está ahora bloqueada en el Congreso tras haber sido apoyada por más de 600.000 personas en 2022.

Otro ejemplo demoledor es el de los niños que nacen en España, hijos de personas refugiadas, que tardan años en conseguir sus papeles en el registro civil. Tengo amigos cuyos hijos han estado más de cuatro años sin ser registrados, es decir que han empezado el colegio sin tener más papel que el certificado de nacimiento que se efectúa en el hospital. ¿Qué tipo de sociedad somos si permitimos que un bebé se encuentre en una situación administrativa de tanta vulnerabilidad? También está el caso de menores solicitantes de asilo. Según el Defensor del Pueblo, de 30.000 menores solicitantes solo 30 consiguieron el asilo. Es un 0,1%. Es una vergüenza.

Cuando los menores, además de menores y extranjeros, han llegado sin familia a nuestro país entonces la vulnerabilidad se incrementa exponencialmente. Pese a ser una parte infinitesimal de la infancia migrante, ya que representan solo el 1% de los menores migrantes de nuestro país, su protección está cuestionada y es el debate más tóxico que existe dentro del marco del cuidado de la infancia y la juventud. Hablamos de apenas 14.000 jóvenes, niños y niñas que prácticamente se distribuyen por centenares en la mayoría de las provincias. Los menas, término aceptado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, son el colectivo que más odio recibe gracias a las mentiras que los grupos de ultraderecha han volcado exitosamente contra ellos.

Llevamos meses de debate sobre cómo las autonomías se deberían repartir el cuidado de estos menores, como si fueran cosas y no personas, y como si fuera determinante para una región acoger a 100 menas más o 100 menos. Es un falso debate que encierra una estrategia de propaganda xenófoba y despiadada. Ese tipo de propaganda que luego permite a gobiernos autoritarios encerrar a niñas y niños en jaulas. Atención porque, si bien no hemos llegado a ese punto, los menas están sometidos a muchísimas tensiones y maltratos institucionales. 

El colectivo EXMENAS colaboró con el informe del Defensor del Pueblo y compartía algunos de estos datos en sus redes sociales el pasado 17 de mayo: "El 63% de los jóvenes migrantes extutelados pasó por más de un centro de protección. ¡Casi la mitad no pudo ir al cole o al insti! El 63,9% dijo que no se les dio la oportunidad por tener más de 16 años. El 60,7% sufrió violencia por parte de los adultos mientras estaban en los centros. El 45,1%, golpes. El 44,6%, insultos. El 46% vivió en la calle después de salir del sistema. El 82,4% fue parado por la Policía; el 60%, cacheado, el 29%, agredido por la Policía siendo menor".

Y pese a todo esto, pese a todas las dificultades y el maltrato al que son sometidos, este es un colectivo que en su gran mayoría estudia y trabaja con niveles de ocupación laboral y rendimiento escolar muy superiores a los de los jóvenes de su edad. A todos los retos de proteger a la infancia migrante se añade el que existen diferencias fuertes en la aceptación de esta infancia en función de su origen y cultura. De todas las infancias migrantes, incluso españoles de padres de origen migrante, la más maltratada es la musulmana. Por poner un ejemplo, es casi imposible encontrar piso para alquilar si tu nombre es árabe. La islamofobia crece en nuestro país de la mano de una ultraderecha que ejecuta paso a paso estrategias que han sido exitosas en otros países europeos.

El proyecto Empoweryouth, que trabaja con jóvenes musulmanes para cambiar las percepciones sobre este colectivo en nuestro país, apunta a que el espacio público necesita nuevos liderazgos que incluyan a jóvenes musulmanes que se auto representen. Esto sería extensible a todas las personas jóvenes migrantes porque no hay nada que deconstruya mejor la mentira. Yo tengo la suerte de contar con muchas personas cercanas, migrantes y jóvenes, con las que trabajo, con las que los jóvenes de mi familia se juntan y no tengo miedo sino más bien lo contrario, tengo ilusión y esperanza.

Sea como fuere, ser menor extranjero en España es mucho más complicado que ser simplemente menor. Y eso nos sitúa como país en un espacio de subdesarrollo social que no debemos permitir. Igualmente, ahora es el momento de cambiar todo lo que sea necesario para asegurar un futuro incierto. Sin lugar a dudas, si queremos avanzar como sociedad, tenemos que asegurarnos de que las prioridades están claras: un menor es primero un niño y luego todo lo demás. Sobre eso no debe haber dudas.