Cada vez nacen menos niños en nuestro país. Poco más de 300.000 nacimientos el año pasado, según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que marca récord a la baja desde 1941. ¿Las causas? Como casi siempre, son múltiples, pero no resulta temerario apuntar el encarecimiento del coste de la vida y, en concreto, la dificultad en el acceso a la vivienda como consecuencia de la subida desorbitada de precios tanto para la compra como para el alquiler en los últimos años.

Esta misma semana leíamos unas cuantas noticias en prensa que volvían a alertar de que la situación es cada vez más límite en regiones como Madrid dónde el precio del alquiler ha subido un 12,8% en el último año según el portal inmobiliario Fotocasa. Y a su vez, que la venta de vivienda cayó un 9,7% en 2023, de nuevo, como consecuencia de los elevados precios. Piensen ahora en su círculo cercano. ¿Quién puede comprarse hoy en día una vivienda si no es incurriendo en un sobreendeudamiento que rememora demasiado a aquellos años del estallido del boom inmobiliario?

Frente a esta situación- cada vez más estructural y menos coyuntural- encontramos varios tipos de respuesta. Empezaré por la más llamativa, la reacción del Consejero Delegado de Aedas Home, una conocida promotora inmobiliaria participada por un fondo de inversión americano que considera que “existe una crisis de vivienda como consecuencia de la falta de mano de obra para construir porque ahora los jóvenes prefieren ser conductores de VTC antes que subirse en un andamio”. Y vaticina que dado que “el problema principal es de oferta se producirán situaciones dramáticas en el mercado de la vivienda con trabajadores compartiendo camas por horas”. ¡Qué se lo digan, por ejemplo, a los profesionales sanitarios a los que destinan a las Islas Baleares que, si no comparten cama, poco les falta! Ahora bien, el problema no es de oferta, es de especulación.

No ha pasado tampoco desapercibida la opinión de Carlos Izquierdo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ex Consejero del Gobierno de Ayuso, que no ha dudado en celebrar la subida de precios en el barrio de Carabanchel (Madrid) exclamando que desde hace días los portales inmobiliarios señalan que ese distrito es en el que más sube el precio de la vivienda, incluido el del alquiler. Y congratulándose porque Carabanchel “es un distrito cada vez más atractivo para vivir”, sintetizando la idea en el hastag de “#CarabanchelAvanza”. No sé en qué momento, máxime siendo representante público, llegas a considerar positivas las consecuencias del extractivismo rentista, salvo que seas un rentista, claro está.

Esa reacción tiene mucho que ver con el tipo de anuncios- ya a cara descubierta- que encontramos en portales inmobiliarios como Idealista, dónde esta semana podíamos ver el anuncio de una vivienda por 1.800 euros al mes descrita de la siguiente forma: “Situada en el eje cultural y turístico del barrio residencial de Embajadores-Lavapiés, el nuevo barrio cool de Madrid, equiparable a Malasaña o Chueca que ha sido posible gracias al remplazo de la población por personas con mayor poder adquisitivo, entre los que se encuentran profesionales liberales con fuertes intereses culturales, así como un amplia oferta gastronómica que revolucionará el barrio”.

Un anuncio que ensalza la gentrificación como fenómeno mediante el cual la población original de un barrio se ve desplazada por otra con mayor poder adquisitivo, profundizando así en la senda de sustitución del vecino por el turista, o del comercio local por la franquicia de turno. Y luego ¡que si es que no nacen niños!

Resulta evidente que el mercado inmobiliario está cada vez más asalvajado y que, acontecimientos que hasta poco eran casi un tabú, como la expulsión de los vecinos de su barrio, ahora se ponen en valor por parte del propio mercado. Y es que así es el mercado, amigos.

Desde luego no parece que la respuesta a la crisis eco-habitacional que atravesamos provocada por una apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación se vaya a solucionar a corto plazo si no hay una intervención y un cambio de rumbo drástico, y mucho menos que se vaya a solucionar aprobando como hizo el Partido Socialista la semana pasada “avales públicos” a la compra de vivienda privada.

La crisis de vivienda no se solucionará por inflar artificialmente la demanda. De hecho, medidas similares han sido aplicadas en países como Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, y en todos ellos han fracasado. Al fin y al cabo, no dejan de ser medidas inflacionistas, que incentivan la subida de precios en tanto que generan expectativas; medidas regresivas, es la banca quien selecciona a los beneficiarios, siempre los más solventes. Y en definitiva son ayudas a la banca disfrazadas de políticas sociales porque transfieren dinero público a las arcas de las entidades financieras y se socializan las pérdidas en caso de impago.

Justo el tipo de medidas que no sólo no cambian el rumbo, sino que sostienen el modelo. A estas alturas, con la que está cayendo lo que procede es dejar de poner tiritas a una herida que sangra a borbotones y eso pasa por hacer muchísimas cosas, desde aumentar el porcentaje del PIB que se destina a vivienda a perseguir la especulación con la misma fuerza que se persigue cualquier conducta antisocial. La intervención democrática del mercado inmobiliario es una reivindicación de los movimientos sociales que pelean cada día frente al auge especulativo que lleva décadas reproduciéndose entre nosotros. Va siendo hora de que alguien tome buena nota y se atreva a romper la burbuja antes de que nos estalle, de nuevo, en la cara.