El movimiento 15-M simboliza el conjunto de protestas sociales y cívicas de todo el lustro de 2010 a 2014, que es mucho más variado. Después de más de una década conviene este recordatorio para valorar con perspectiva histórica este amplio proceso de indignación popular y acción colectiva progresista y su impacto social y político. El asunto es qué podemos aprender de la experiencia de esta década y qué dinámicas transformadoras existen hoy para garantizar un avance de progreso, tal como he explicado en el libro “Perspectivas del cambio progresista”.

Aquí analizo la formación de un nuevo sujeto político en esta década, con nuevas identificaciones ideológicas, diferenciado de la socialdemocracia gobernante y más amplio y renovado que el electorado tradicional de Izquierda Unida. Se trata de la experiencia colectiva de un nuevo progresismo de izquierdas, con un perfil democrático, feminista, ecologista y sociolaboral; o sea, un espacio violeta, verde y rojo, de carácter confederal, con vocación transformadora, capacidad articuladora de lo social y lo institucional y con nuevos liderazgos.

Constituye el punto de partida para la nueva etapa que comienza de renovación y ampliación de ese espacio progresista, el llamado frente amplio, que Yolanda Díaz pretende liderar tras un proceso de consulta y la perspectiva de la confrontación en las elecciones generales de fin del año 2023, para profundizar en el cambio de progreso, desde una alianza plural progresista y de izquierdas.

El proceso de protesta cívica

En otoño de 2010 ya se dan en España los rasgos principales de un nuevo ciclo de la protesta colectiva masiva, cuya expresividad mayor se produjo en mayo de 2011: 1) amplia conciencia social de una situación injusta y una gestión económica y política regresiva; 2) percepción social de un bloque de poder, con los responsables o causantes contra los que se dirigen el descontento y las exigencias; 3) masiva movilización colectiva de una ciudadanía activa; 4) motivos socioeconómicos de justicia social y político-democratizadores.

El encadenamiento de los cuatro tipos de factores, distintivos de aquel periodo, marca la orientación, la masividad, el carácter y la identificación social, democrática y progresista de aquellas protestas sociales. Se producen desde la esfera social hacia (o frente) las medidas y estrategias liberal-conservadoras y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas; generan una brecha social con la clase política gobernante, conformándose un nuevo y más amplio campo sociopolítico progresista distanciado del gobierno socialista, gestor inicial de esa política, y después, de forma más contundente, respecto del gobierno de la derecha.

En el campo cultural e ideológico se generaron nuevas ideas de fuerza en sectores progresistas y de izquierda social, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos se confrontaron con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas dando lugar a dinámicas de indignación, protesta colectiva y exigencia de cambios sociales y democráticos.

Ello conformó una característica clave: la configuración de un campo sociopolítico diferenciado y crítico con la socialdemocracia, implicada en una gestión gubernamental regresiva y prepotente, que había roto, particularmente desde 2010, su contrato social y electoral con una amplia base social progresista. Efectivamente, en las elecciones generales de diciembre de 2011, el Partido Socialista sufrió la desafección de más de cuatro millones de votantes, la mayoría hacia la abstención al no encontrar una representación política creíble, y una pequeña parte se dirigió hacia la ampliación del apoyo electoral a Izquierda Unida, que consiguió un total de 1,7 millones de votos.

O sea, en ese momento, ya teníamos un espacio popular a la izquierda de las posiciones de la dirección socialista, en torno a seis millones de personas, aún con la relativa orfandad respecto de una representación política que les diese visibilidad, consistencia y operatividad en el campo político-institucional. Es lo que se resolvió en la etapa posterior, 2014-2016, con la configuración de Podemos, su alianza con Izquierda Unida, las distintas confluencias y las candidaturas municipalistas.

Se trata de la interacción de dos dinámicas complementarias: la conformación de una amplia y nueva base social progresista y de izquierdas, con una identidad sociopolítica crítica y de exigencia transformadora, y la constitución de una representación político-electoral-institucional, representativa y referencia de esa base social, en torno a Unidas Podemos y las convergencias catalana, gallega y valenciana. De la combinación de ambas resulta un nuevo ‘sujeto político’, superador de la izquierda tradicional representada por IU que apenas había llegado al millón de votantes en las elecciones generales de 2015: el entramado de las fuerzas del cambio de progreso.

Dicho de otra forma, la formación de la base social de ese espacio crítico y democrático, alternativo al de la socialdemocracia, se produjo por la experiencia masiva en el conflicto sociopolítico y cultural. Existían claras diferenciaciones de prácticas cívicas, demandas sociales y democráticas, valores éticos y proyectos transformadores ante una profunda crisis socioeconómica y política, con una recomposición de la representación política y la superación del monopolio del bipartidismo gobernante y su estrategia continuista.

Declive y fragmentación del espacio del cambio

En los procesos electorales de 2019 ya se constató la reducción y la división del electorado de Unidas Podemos y sus convergencias (ahora en torno a tres millones, prácticamente la mitad), con un trasvase electoral (que no llega a dos millones) hacia el Partido Socialista, desde la relativa renovación del sanchismo, y hacia Más País (que, junto con Compromís, suman otro medio millón). Dos aspectos complementarios se pueden añadir, aunque sean limitados: una tendencia de mayor pasividad o desencanto, con cierto abstencionismo en ese electorado, y un trasvase (significativo en Galicia y Euskadi) hacia la izquierda soberanista. Las fugas van en distintas direcciones y sus causas son multidimensionales.

Tres factores inciden en el debilitamiento de ese sujeto político, en sus dos vertientes: la dimensión, fragmentación y actitud de su base sociopolítica, y la articulación y recomposición de su representación política.

Uno, la presión externa de distintos poderes fácticos, económicos, institucionales y mediáticos, en una coyuntura estratégica desfavorable, contra la trayectoria social transformadora y su expresión político institucional conformada en esos dos ciclos instituyentes de protesta cívica y representación política emergente, que pugnaban por un cambio sustantivo progresista.

Dos, la renovación del sanchismo, particularmente desde la moción de censura exitosa contra el Gobierno de Rajoy (2018), con el fuerte descrédito social del Partido Popular por su corrupción y gestión antisocial; ello hace al Partido Socialista más atractivo para una parte más moderada de esa corriente progresista o de izquierdas, que ha conseguido representar.

Tres, las propias insuficiencias, limitaciones y errores de la coordinación y orientación de todo ese conglomerado y cada una de sus partes y, específicamente, las dificultades de la dirección de Podemos, como fuerza determinante, para ejercer esa función unitaria e impulsora. Todo ello a pesar de sus grandes aciertos políticos y estratégicos para crear esa representación político-institucional y sostener un campo político diferenciado, opuesto al simple continuismo centrista e inclusivo de las fuerzas alternativas y, al mismo tiempo, unitario con el PSOE en la gestión gubernamental y el avance de progreso.

El revulsivo del frente amplio y el recambio de liderazgo

Esas condiciones externas e internas desfavorables, que acompañan el declive y la división de ese conglomerado a la izquierda de la dirección socialista, necesitan un revulsivo. Su carácter y dimensión es el centro del debate actual sobre el llamado frente amplio, su fase previa constitutiva y el sentido de su proyecto político, su vertebración orgánica y su liderazgo, aspectos sobre los que habrá que volver.

En consecuencia, además de la cierta paridad representativa entre las derechas y las izquierdas estatales y la continuidad de los sectores nacionalistas periféricos, más proclives a una alianza de progreso, persiste esa base social transformadora, progresista y de izquierdas, conformada por una experiencia prolongada y variada de toda esta década y cuya consolidación y refuerzo es fundamental para el avance social y democrático.

Globalmente no se ha reducido esa izquierda social, sino que se ha fragmentado en su expresión representativa y su actitud transformadora, con mayor desconcierto estratégico, reducción de las expectativas o ilusiones de su implementación reformadora y desconfianza en la articulación política. No obstante, desde el punto de vista cuantitativo puede ser cifrada en los mismos seis millones, hoy más repartidos, incluidas las partes inclinadas hacia el PSOE, la abstención y la izquierda soberanista, así como con la expectativa de nuevos electores progresistas.

Son los mimbres sociopolíticos de los que partir desde el nuevo proyecto de frente amplio de Yolanda Díaz, para sumar y verificar sus particularidades a través de la consulta participativa diseñada, con la perspectiva de consolidar y ensanchar esa base social y electoral, conformar un proyecto compartido, renovar y madurar una representación plural y unitaria que tenga suficiente credibilidad transformadora y garantizar el proceso de cambio de progreso en esta década.