El reciente informe de la UCO sobre el caso Cerdán apunta a que esta grave trama de corrupción se pone en marcha alrededor del proyecto de Mina Muga. Un proyecto minero para extracción de potasas muy cuestionado desde su concepción, por sus indudables impactos en el medio ambiente, así como la afección a la estabilidad del recrecimiento del pantano de Yesa. Las informaciones que hemos conocido ahora, deben obligar a revisar unos permisos que nunca debieron haberse concedido. 

Una de las cuestiones que la UCO pone de manifiesto es la injerencia de la trama en la declaración de impacto ambiental (DÍA) del proyecto. Lo que estamos conociendo estos días explica algunas decisiones que hasta ahora han sido muy difíciles de entender por los críticos con este proyecto.

Ya en el año 2021, desde Unidas Podemos, presentamos en el Congreso preguntas sobre la DÍA del proyecto Mina Muga. Decíamos entonces:

"Mina Muga es un proyecto de Geoalcali (filial de la empresa australiana Highfield Resources) para una mina de potasa entre Navarra y Aragón. Obtuvo el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y las administraciones de Nafarroa y Aragón y se trata de la mayor explotación minera subterránea de España (tercera de todo el sector). En su momento denunciamos que se trataba de un proyecto incompatible con la Agenda 2030 y el Pacto Verde no sólo por los riesgos geológicos de sismicidad - obviados en los estudios de impacto ambiental a pesar de ser una explotación limítrofe con el Pantano de Yesa -, sino por los cuatro millones de toneladas anuales de residuos que generaría y la contaminación salina de cauces y acuíferos. Es incompatible con la reducción de emisiones por el transporte pesado que genera (102.500 camiones al año), así como el ingente consumo de agua (equivale al suministro para 165.000 habitantes)".

Además, en otra pregunta parlamentaria con fecha 12 de agosto de 2020 denunciábamos que la DIA favorable al proyecto en 2019, "no se pronunció sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales", a pesar de que el proyecto contempla galerías de más de 600 metros de profundidad en las inmediaciones de un embalse que está siendo recrecido.

Precisamente preguntamos al Gobierno sobre "la razón de la omisión en la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes y catástrofes naturales".

Ahora parece que encontramos la respuesta a estas preguntas a través del informe de la UCO, según el cual el responsable de la firma de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Mina Muga en 2019, Javier Cachón, habría sido un nombramiento "ad-hoc" a propuesta de las "Peticiones Nombramientos PNV" supuestamente encargadas a Santos Cerdán. Esta vinculación genera una sombra de irregularidad e injerencia política sobre la imparcialidad del proceso de evaluación ambiental y de la propia DIA.

Nos encontramos ante un caso muy grave, ya que pudo tener incidencia directa en la concesión de unos permisos para un proyecto, Mina Muga, que nunca debió ser aprobado. De ahí que sea urgente una revisión de esa Declaración de Impacto Ambiental, cuya credibilidad ya en su momento generó muchísimo estupor.