El mínimo común (in)decente

Desde hace 19 meses, Gaza es el escenario de un genocidio retransmitido en tiempo real. Más de 53.000 personas (sabemos que el número es mucho mayor, éste es sólo el oficial) han sido asesinadas. No queda infraestructura civil funcional, ni refugio seguro. Estos días, mientras continúan e intensifican los ataques, el Gobierno israelí ha anunciado su plan para una ocupación permanente del enclave. El derecho internacional no ha fracasado: ha sido activamente ignorado.

Frente a ello, muchos gobiernos siguen atrapados en el mínimo común denominador: parecer comprometidos sin alterar las dinámicas que sostienen el horror. Publican comunicados, expresan "profunda preocupación", llaman a consultas y amenazan con "consecuencias" que rara vez se concretan. Esta semana, Reino Unido, Francia y Canadá emitieron una declaración conjunta inusualmente dura, advirtiendo a Israel de que su ofensiva en Gaza, así como las restricciones impuestas al acceso de ayuda humanitaria, podrían dar lugar a "acciones concretas", incluidas sanciones. Condenaron además los planes de expansión de asentamientos en Cisjordania y recordaron que negar asistencia vital a la población civil puede constituir una grave violación del derecho internacional humanitario.

Pero incluso estas advertencias, que suponen un giro discursivo respecto a la pasividad habitual, no han alterado la determinación del Gobierno de Netanyahu, que respondió acusando a los tres países de "premiar el terrorismo" y reiterando su objetivo de una "victoria total" y la desmilitarización y re-ocupación de Gaza.

Sí, ha habido avances. Hace solo unos años, habría sido impensable que en el seno de la UE se debatiera la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino, Francia insinúa que podría hacerlo. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado medidas provisionales inéditas. Y la presión desde la sociedad civil ha sido clave para romper parte del muro de desinformación en forma de relatos y explicaciones que poco o nada tenían en cuenta la realidad sobre el terreno.

Pero no confundamos lo simbólico con lo estructural. El reconocimiento de Palestina es un gesto importante, pero no cambia por sí solo la arquitectura de impunidad. No frena de por sí los ataques, no revierte la limpieza étnica, no desbloquea la ayuda humanitaria. Si no va acompañado de embargos armamentísticos integrales vía decreto que cubran todas las acciones, sanciones económicas y fin de relaciones, presiones sobre Estados facilitadores como Chipre, y responsabilidades legales para los cómplices empresariales y estatales, seguirá siendo eso: un gesto.

También es necesario hablar con matices. No todos los gobiernos están en el mismo lugar. Algunos, como España, han empezado a moverse -tarde, pero en una dirección más justa-. Y eso importa, claro que importa. Pero esos pasos no parecen suficientes y, además, se producen tras décadas de inacción cómplice. Hasta hace poco, Europa no hacía nada real por proteger al pueblo palestino. La respuesta histórica se ha limitado a canalizar millones de euros en ayuda humanitaria, sin cuestionar el régimen colonial de asentamiento impuesto por Israel. Esa dependencia estructural de la ayuda, sin presión política ni medidas coercitivas, ha contribuido a envalentonar al Ejecutivo israelí, que aprendió que podía hacer lo que quisiera sin coste real.

La arquitectura de complicidad sigue, al fin y al cabo, intacta de momento. Y se mantiene porque romperla implicaría asumir responsabilidades y desafiar intereses económicos, militares y diplomáticos. Quienes gobiernan lo saben. Por eso se aferran a lo simbólico. Porque lo estructural sería demasiado incómodo.

Y cuando acabe esta fase del genocidio -porque acabará-, la presión no deberá bajar ni un decibelio. Porque el horizonte no puede ser la vuelta a una normalidad basada en la ocupación, el apartheid y el castigo colectivo colonial. El horizonte es el de una descolonización total de la Palestina histórica, basada en la justicia y en los deseos del pueblo palestino. Cualquier proyecto político serio deberá acompañar esa transformación con valentía y responsabilidad, sin imponer soluciones externas ni rebajar el nivel de exigencia.

Gaza no necesita más comunicados. Necesita que se detenga el flujo de armas. Que se actúe contra quienes facilitan la guerra. Que se ponga freno a una ocupación que Israel ya ni siquiera oculta o intenta justificar. Que se proteja, de forma efectiva, la vida y dignidad palestinas.

Porque lo que está en juego no es solo el futuro del pueblo palestino, aunque eso debería bastar. También se está decidiendo si los derechos humanos son universales o condicionales. En Gaza, en Sudán, el RDC… Si tienen fuerza jurídica o son solo un lenguaje vacío para gestionar crisis de reputación. Y si después de 19 meses de exterminio seguimos hablando en su gran mayoría de gestos, el mensaje es claro: hay vidas que siguen sin importar. La historia no solo recordará a quienes bombardearon. También a quienes, pudiendo impedirlo, eligieron no hacerlo.