Cuando parece que hay zonas de la costa de este país que ya no pueden ser más masacradas, va y se anuncia que se van a construir 18 rascacielos, así, a bocajarro, en un lugar como el destrozado municipio de Torrevieja. Cuando se cree que las sentencias judiciales sirven para algo, descubres que no, que un ayuntamiento de poco más de 8.000 habitantes, el de Carboneras (Almería) boicotea un fallo judicial del Tribunal Supremo y un hotel ilegal, El Algarrobico, emblema incomparable de los desmanes del cemento a orillas del Mediterráneo, sigue ahí, como ruinoso monumento al ‘ladrillazo’. Y cuando apuestas porque especies tan apreciadas como las ballenas gozan de respeto ambiental–a fin de cuentas son los mamíferos más grandes de la Tierra- topas con la noticia de la construcción de gran puerto comercial, el de Fonsalía en Tenerife, que incluso podría quererse financiarse con los fondos europeos de la ‘sostenibilidad’.

Antes de la pandemia, hubo un momento en el que, como tantas otras personas, pensé aquello de que algo bueno nos quedaría a nivel ambiental. Qué vana ilusión. De vuelta la burra al trigo, hay serios indicios del regreso de la vorágine constructora en aras de un turismo que, inevitablemente, tiene que tener límites. Y es penoso comprobar lo fácil que es enladrillar y lo difícil que es reparar los daños en este país, aún con la bicoca de que un juez sentencie contra una ilegalidad.

El caso más emblemático es el del hotel El Algarrobico, en la cala que le da nombre. Tengo muy grabada la ocasión, en febrero de 2009, en la que más de 60 activistas de Greenpeace, en una noche, hicieron desaparecer simbólicamente esa aberración costera cubriéndola con una capa verde. Para entonces, la obra, terminada en más de un 90%, estaba parada por un juez. Después ha habido varias sentencias, incluida una del Tribunal Supremo en 2016, sobre su ilegalidad. Cinco años después, cuando ya nos habíamos olvidado de él, resulta que otro tribunal, el Superior de Andalucía, acaba de fallar que no se puede demoler porque el ayuntamiento no ha anulado su licencia de obras, es decir, que el edificio de 21 plantas sigue igual que cuando lo ví hace 22 años.

Basta subir más al norte, por la misma costa de levantina, para toparse con otra serie de barbaridades en cadena y más recientes, en concreto junto al mar en los municipios de Orihuela y Torrevieja, lugares donde, por cierto, las denuncias por corrupción política son parte intrínseca de su historia reciente. Es penoso ver lo que en sólo unos años ha pasado en el único tramo de costa virgen que quedaba entre ambos. Allí he visto crecer cada verano grandes edificios, con cientos de viviendas, que tapan el sol a las pequeñas calas acantiladas por las que antes se paseaban las garzas reales y otras aves. Es un gran negocio el de la constructora Gomendio en Punta Prima (Orihuela) y Rocío del Mar (Torrevieja). Apenas culminadas estas “fases” ahora su siguiente objetivo es levantar otras 2.000 viviendas en la vecina Cala Mosca (Orihuela).

Pero como si quedarse sin costa virgen, como ya denuncie en 2014 y en 2019 no fuera suficiente, este año la Alcaldía de Torrevieja da un paso más y anuncia la construcción de 18 rascacielos de hasta 29 plantas. Como ya no hay ni un palmo de suelo utilizable, sólo les queda tirar a lo alto. Que estén a la venta miles de viviendas, no importa. Que haya cientos y cientos de semirruinas, tampoco. Que sea insostenible y veamos a los turistas corriendo de madrugada para buscar sitio en sus pequeñas playas, ¿qué más les da a los de los negocios?

Todas las torres se levantarán en solares en el centro de la ciudad, en lugares como las playas de los Náufragos, El Acequión o el Puerto de la Sal, todas juntas. Allí mismo he visto nadar a la gente entre aguas fecales. Asqueroso. Otra tanda se construirán junto al gran parque céntrico de la ciudad, el de Doña Sinforosa, un jardín estilo siglo XVIII donde se anuncia que cortarán árboles para que desde los rascacielos haya ‘vistas al mar’. Resulta tan dantesco que parece irreal.

En este punto de incredulidad no puedo no mencionar el caso de Andalucía, donde por decreto-ley la Junta ha decidido suspender los informes de impacto ambiental de determinados proyectos si estos informes perjudican a los proyectos. Lo hizo aprovechando la pandemia y disfrazando el asunto de ‘agilidad burocrática’ para salir ‘de la crisis’. Ilusa de nuevo, pues siempre pensé se hacían estos informes, al menos teóricamente, para evitar daños al entorno.

El tercero de los muchos desmanes costeros que traigo a colación es el del puerto de Fonsalía en Tenerife, seria amenaza sobre el único santuario de ballenas de Europa. Para PSOE, Cs, CC y PP, las más de 300.000 firmas recogidas contra esta obra no son impedimento para apoyar un proyecto que afectará a este Lugar Patrimonio de Ballenas que es el tercero del mundo, tras el de Bluff (Sudáfrica) y Harvey Bay (Australia), según la Alianza Mundial de Cetáceos.

Todo esto está pasando en un país que tiene aprobada una Ley de Costas desde 1988, pero que en 33 años no ha acabado su deslinde, es decir la protección de 100 metros de costa en zonas no urbanas y 20 en urbanas. Lo triste es que esos 100 metros ya se han quedado viejos. El cambio climático amenaza con una subida del nivel del mar que veremos (ya vemos) traducido en grandes mareas e inundaciones.

Echo de menos los informes ‘Destrucción a toda costa” que cada año hacía Greenpeace España para hacernos balance. Bien es verdad, me justifica María José Caballero, directora adjunta de Programas de la ONG, que parecía que la ‘burbuja costera’ había ‘pinchado’ con la crisis económica anterior y la pandemia, pero todo indica que está resucitando a marchas forzadas.

Las consecuencias a veces tardan años en dar la cara, pero la dan. Hace escasos días en Laredo, al que llaman el ‘Benidorm del norte’ por el nivel de construcción que hay en su larga playa de La Salve, comprobé los tremendos impactos que ha tenido la construcción de un puerto deportivo hace unos años, por cierto, hoy casi vacío. Muchos allí le atribuyen los cambios en las dunas, en las corrientes, en la pesca, porque los barcos se quedan varados. También están las ruinas de algún restaurante al que ya se han llevado las olas.

Pero la máquina de expender hormigón de nuevo está en marcha. Cabe preguntarse cuántas de estas nuevas construcciones, legales o ilegales, nos quedan por ver en territorios donde ni hay agua suficiente para el consumo que precisan, ni tienen capacidad de gestión de los residuos, ni capacidad han pensado en la movilidad de tanto humano y, lo que es peor, ni cuentan con la necesaria capacidad mental en muchos de sus políticos para entender, como nos avisan cientos de trabajos científicos a nivel global, que la vida en este planeta está entrando en una etapa donde las costas serán las zonas más vulnerables a daños irreversibles.

Sigamos generando monstruos, que acabarán con nosotros.