Cristóbal Montoro tiene acreditado un largo y brillante currículum académico y político que no se puede poner en cuestión a diferencia de los que están surgiendo en estos últimos tiempos. Por sintetizar señalaremos que fue nombrado ministro de Hacienda por el Gobierno de José María Aznar, cargo que desempeñó entre los años 2000 y 2004.

Finalizada esta etapa ministerial decide, en el año 2006, crear un despacho dedicado al asesoramiento económico y fiscal bajo la firma Montoro y Asociados. Su trayectoria política venía desde lejos, por lo que a nadie debe extrañar que su nombre sirviese de reclamo para captar clientes. Una decisión de esta naturaleza es habitual y, en principio, no puede escandalizar a nadie si se actúa dentro de la más estricta legalidad.

En el año 2011 vuelve a ser designado ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ese mismo año, no sé si por motivos estéticos o de ética profesional, cambia el nombre del despacho eliminando la mención a su nombre para pasar a denominarse Estudios Económicos (EE). En la actualidad, ignoro por qué motivos, se presenta en el mercado con la denominación Global Afteli. Es evidente que la corrupción está globalizada, pero no sé si Afteli es un acrónimo o el nombre de algún mago de las finanzas.

El Juzgado número dos de Tarragona ha puesto de manifiesto la existencia de un numeroso grupo de asociados y sectores muy interesados que acuden, como moscas al pastel de rica miel, para moldear las leyes según mercado. También menciona a un grupo de personas que pasan vertiginosamente, como en un vodevil, de los despachos privados a los oficiales y que establecían vínculos con varios grupos empresariales (gasísticos, eléctricas y constructoras) con intereses económicos muy específicos.

Antes de entrar en el análisis de la gravísima trama político-financiera que se ha puesto al descubierto, me parece oportuno hacer mención a un acontecimiento político que puede explicar la animadversión del señor Montoro hacia ciertos sectores y oponentes políticos.

El 3 de noviembre de 2016, el presidente Mariano Rajoy confirmó a Montoro como titular del Ministerio de Hacienda, pero le quitó las competencias relativas a las relaciones con las Administraciones Públicas, que pasarían a depender del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales que dirigía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El campo de actuación para recaudar dinero ilícito se reducía.

La tramitación de la causa va a ser compleja, pero de momento el juez de Tarragona considera, en un párrafo que me parece oportuno reproducir, cuál es el núcleo de la cuestión. "Las presentes actuaciones se incoan como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico durante la práctica de una diligencia de entrada y registro en las DP 220/2017 PS seguidas ante este mismo juzgado. Dicho correo, ponía de manifiesto la existencia de unos pagos a la mercantil Equipo Económico, con el objeto de obtener modificaciones legislativas favorables para una serie de empresas del sector gasístico".

Inmediatamente han saltado a la palestra grupos de presión, económicos y mediáticos, que subliminalmente pretenden justificar estas prácticas por la inexistencia de una regulación de los lobbies en nuestro país. Los lobbies (en algún momento habrá que dedicar un análisis a estos artefactos) deben estar registrados y solo pueden actuar con publicidad y transparencia.

Pero la trama descubierta actuaba con métodos mas cercanos a los de la Mafia (sin violencia física) que a los de una empresa que se desempeñe en el mercado con arreglo a un código de buenas prácticas. Alguno de los clientes podría exclamar, como el capitán Renault en la película Casablanca: ¡Qué escándalo, aquí se venden leyes!

Cobrar una mordida es, como se puede observar, bastante sencillo, comprar leyes es mucho más complicado y exige la participación de muchos participantes asociados. El juez de Tarragona ha conseguido descifrar todo el entramado a partir de un correo electrónico en el que de una forma explícita se explicaba cuál era sistema que se debía seguir para que la mayoría absoluta del PP aprobarse una ley a la carta.

Los hechos que se relatan son concluyentes y difícilmente rebatibles. Se consigue, en menos de un mes, la modificación consecutiva tanto de la Ley 28/2014 como la del RD 1074/2014 que modifica el Reglamento de Impuestos Especiales. La intervención y mediación de EE, en un escaso período de tiempo y mediando precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían, a través de la Ley 28/2014 y el RD 1074/2014.

Las cotas de corrupción en nuestro país nunca habían llegado a los niveles que se desprenden del presente caso. De momento hay 28 posibles imputados, pero lo verdaderamente grave es la contaminación del poder legislativo, que encarna la soberanía popular. El Partido Popular, por acción u omisión, ha culminado con su voto una tropelía inimaginable contra la esencia de la democracia. No sé si otros partidos del ámbito parlamentario han contribuido con su voto a reforzar la mayoría absoluta del Partido Popular.

¿Cómo es posible que nadie en el Ministerio de Hacienda, en el Consejo de Ministros, en el grupo parlamentario o en la cúpula del PP se haya enterado de lo que estaba sucediendo? Nadie ha dado explicaciones ni abierto una comisión interna para conocer hasta dónde llega el grado de infección política y asumir el coste político que solo se puede atenuar con una depuración drástica de todos los que se han asociado, por acción u omisión, a este brutal ataque a la esencia de la democracia.

Encajar los hechos en el Código Penal es una tarea necesaria, aunque reconozco que pueden existir algunas dificultades para algunos delitos en particular, según los elementos de prueba que se vayan acumulando. El número de partícipes en esta trama es tan numeroso que difícilmente se puede mantener en secreto. La cúpula del PP no puede escudarse en la ignorancia de lo que estaba sucediendo.

El juez de instrucción, a título indiciario, considera que pudieran existir delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Los avances en la investigación nos conducirán a una conclusión definitiva. Incuestionablemente Montoro y sus asociados, han cometido, valga la redundancia, un delito de asociación ilícita.

El Partido Popular propuso hace tiempo castigar e incluso disolver, aquellos partidos que se comportasen de forma desleal con la Constitución. Creo que no existe mayor deslealtad que la de vender la potestad legislativa al mejor postor.