Las investigaciones tampoco son igual para todos, por Ana Pardo de Vera

Cuanto más se sabe del caso Montoro, más se cabrea cualquiera que lleve a rajatabla sus cuentas con la Agencia Tributaria mientras asiste a la degradación progresiva de los servicios públicos en la mayoría de territorios, sean sanidad, educación o dependencia.  

Pero no se trata solo de impuestos, se trata de la evidencia, otra vez, de que la Justicia no es igual para todos y todas en este país, algo que conocía bien el rey Juan Carlos cuando lo dijo en 2011.

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Pero también esta misma semana, cuando el Supremo ha vuelto a decir a los y las españolas que no hay caso emérito y ha rechazado la última querella que se puso contra el exjefe de Estado por delitos fiscales, unos delitos que ha visto hasta Felipe VI, cuando echó a su padre de España, pero que no ve el magistrado Marchena, ponente del portazo en las narices a los querellantes.

Pero decíamos que conforme vamos desgranando la investigación contra Montoro, su presunta compra-venta de leyes a través del despacho que fundó o su supuesta utilización del Ministerio de Hacienda para hacerse con datos fiscales secretos de políticos, actores o periodistas, entre otros, más nos cabreamos. Y no solo por esa corrupción presunta, sino por esa larguísima y extraña investigación. ¿Qué nos lleva a este escepticismo?

Primero, nos ha llamado la atención la duración del secreto de sumario de la causa Montoro, hemos preguntado a quienes saben y los juristas -pero también las hemerotecas- nos dicen que sí, que esos siete años de secreto de sumario son algo muy excepcional.

Siete años que la fiscalía competente trató de acortar sin éxito y que, además, ahora sabemos también que no fueron nada sencillos para esa fiscal que se empeñaba en destapar una presunta trama de corrupción al más alto nivel e inédita en España por su sofisticación y su penetración en instituciones y empresas de todo pelaje, no solo en el departamento de Hacienda.