En plena crisis institucional, con todos los focos puestos sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, el PP invitó a representantes de varios sindicatos policiales a reunirse esta misma semana. Quedan pocos meses para que se inicie un nuevo ciclo electoral, y uno de los asuntos todavía no resueltos, pactado con los socios del Gobierno, es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. A pesar de que Pedro Sánchez prometió su derogación si llegaba a ser presidente, y de que su retirada forma parte de los acuerdos suscritos con Unidas Podemos, el asunto ha quedado en un cajón y ya solo se habla de una reforma, no de su derogación. Es por esto que los sindicatos policiales han salido de la reunión advirtiendo que van a movilizarse contra el Gobierno para oponerse a esta reforma.

En marzo de 2020, ya vimos a cientos de policías y guardias civiles concentrados ante el Congreso de los Diputados para exigir la equiparación salarial, saltándose el cordón de seguridad y desobedeciendo la autoridad de sus propios compañeros. Durante toda la legislatura, esta reivindicación ha sido la bandera de los principales sindicatos policiales, que, finalmente han conseguido un incremento de su salario de un 38% de media por la suma del Acuerdo de Equiparación Salarial aplicado entre 2018-2020 y la "mejora retributiva" prevista para el conjunto de los funcionarios públicos a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Ahora, sin embargo, los mismos que promovieron esta campaña, vuelven a la greña, y lo anuncian tras la invitación del PP a reunirse con ellos y hablar, a pocos meses de varias citas electorales.

Organizaciones de derechos humamos llevan años exigiendo que se acabe con esta ley que otorga poderes excepcionales a los miembros de las FCSE y que no establece mecanismos de control adecuados ni de rendición de cuentas. Amnistía Internacional resaltaba en una de sus campañas, que esta ley se emplea “de manera recurrente para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos”. Los retractores de su derogación, en cambio, aseguran que ‘despoja a los agentes de su autoridad’, y critican también que se limite el uso de material antidisturbios como las balas de goma, que han causado ya numerosos heridos graves como ojos y testículos reventados e incluso la muerte de varias personas.

Algo falla cuando, por una parte, asociaciones de derechos humanos advierten de los peligros de dicha ley, y no son pocos los movimientos sociales y partidos políticos que piden su derogación, mientras que algunos sindicatos policiales esgrimen que son los agentes quienes están desprotegidos.

Estos últimos años han surgido algunas asociaciones lideradas por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se dedican a difundir bulos racistas en sus respectivas redes sociales, o directamente a loar a los ultraderechistas y fotografiarse con ellos públicamente. Pero lo más preocupante es el insistente relato del miedo y de la inseguridad con tintes racistas.

Esto llegó recientemente de la mano de VOX a la asamblea de Madrid, que, basándose en una encuesta privada, sus ponentes aseguraban la existencia de bandas “latinas y africanas” en varios colegios, a los que incluso se llegó a señalar en un informe. La sorpresa de los docentes de estos centros, muchos de los cuales incluso negaron haber sido encuestados, llevó a Escuelas Católicas de Madrid, de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, a desmentir dichas informaciones y exigir la rectificación de estos datos.

Esta misma semana, otra web de información policial difundía en sus redes el vídeo de un señor destrozando un belén en Calahorra. Aseguraban que se trataba de ‘un magrebí’, un bulo que fue difundido por intoxicadores profesionales, y que tuvo que desmentir el propio ayuntamiento ante la avalancha de comentarios racistas. El autor de los hechos era español, y decenas de personas así se lo hicieron saber a esta cuenta policial en sus redes sociales. Han pasado varios días y el tuit con la información falsa sigue ahí.

El senador de Compromís, Carles Mulet, registró el pasado mes de octubre varias preguntas dirigidas al Gobierno y al Ministerio del Interior en relación con la información falsa, el sesgo racista y los señalamientos a periodistas realizados por algunas de estas asociaciones. La respuesta, lejos de aclarar nada ni de responder concretamente a ninguna de estas preguntas, sentenciaba que “cualquier conducta inadecuada de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es debidamente depurada administrativamente y/o puesta en conocimiento de la autoridad”. No es la primera pregunta sobre estos asuntos que hace este senador, pero la respuesta suele ser siempre la misma, sin aclarar nada. Y con eso nos quedamos.

La derogación de la Ley Mordaza es, además de una promesa de este gobierno, un imperativo democrático. Querer hacer creer a la ciudadanía que las FCSE están desamparadas y que este gobierno va en contra de los agentes es un insulto a la inteligencia. Esta misma semana, la plataforma Defender a quien Defiende, que se reúne a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, denunció que ningún policía ha sido sancionado en los últimos siete años por no llevar visible su identificación.

Nunca hemos visto a ningún ministro del Interior criticar siquiera actuaciones policiales llamativamente reprochables e injustificables. Ni siquiera sugerir que podría haber habido algún exceso y que, como toda democracia, se somete a una investigación, como debería haber sido por propia iniciativa tantas veces, como lo debería haber sido tras la masacre de la valla de Melilla, con varios muertos sobre la mesa.

Pero todavía es mucho más insultante querer hacernos creer que Marlaska es un rojo peligroso que odia a la policía y que ha desatado una caza de brujas contra cualquiera que se salga de la doctrina marxista. El sesgo ideológico de los sindicatos y organizaciones policiales mayoritarias no es ningún secreto. Tampoco la ausencia de sanciones o advertencias a los agentes que desayunan cada día con su uniforme bajo retratos de Franco en bares convertidos en mausoleos franquistas.

Lo que sí parece evidente es que, aprovechando el ruido generado estos días en el poder judicial, con varias elecciones a la vista, y con una derecha instalada en el relato de la ilegitimidad del gobierno, de la ingobernabilidad del país y de la supuesta dictadura comunista hacia la que nos encaminamos, van a utilizar todos los medios a su alcance. Lo están haciendo con el poder judicial. Lo han hecho siempre con la patronal, con sus fundaciones y organizaciones ultraderechistas en su batalla cultural contra derechos y libertades. Y ahora lo vuelven a intentar con los cuerpos policiales. Solo les falta azuzar a las Fuerzas Armadas, y tendremos ya la foto completa de la nueva cruzada para salvar España.