Moreno Bonilla elude su responsabilidad en la crisis de los cribados

Hay verbos que parecen extinguirse en ciertos contextos. Uno de ellos es dimitir. Su significado es claro y rotundo: renunciar a un cargo, especialmente por responsabilidad política o moral ante una gestión fallida. Sin embargo, para algunos cargos públicos, como el Presidente de la Junta, ese verbo parece tan ajeno como innecesario, incluso cuando la realidad clama por él.

Dimitir debería ser un acto de coherencia, un reflejo de responsabilidad política y moral. Sin embargo, en la gestión pública y en este caso ligado a un escándalo sanitario, parece haber desaparecido. Ante errores graves, fallos de gestión o escándalos que afectan directamente a la ciudadanía, lo que prima no es la rendición de cuentas, sino una estrategia bien ensayada: desenfocar, distraer, ganar tiempo… hasta que la indignación se enfríe.

Cuando la gestión pública falla, especialmente en asuntos tan sensibles como la salud, la dimisión no debería ser un gesto dramático, sino una respuesta natural. No como castigo, sino como acto de dignidad política. Pero la palabra dimitir, en política, parece haber sido sustituida por sinónimos más cómodos: "relevo", "reestructuración", "transición". Todo, menos asumir.

Lo hemos visto de nuevo —y con especial crudeza— estos días en Andalucía, con los alarmantes retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama. Mujeres esperando meses, incluso más de un año, por una mamografía. Circuitos saturados, unidades sin radiólogos suficientes, colapsos inadmisibles. Y detrás, una administración que no solo no respondió con agilidad, sino que intentó taparlo. Lo que está ocurriendo en Andalucía (no solo en Sevilla, sino también en Huelva, Cádiz, Jaén, Granada, Málaga,…) con el cáncer de mama es un escándalo que exige rendición de cuentas, ante mujeres que ven peligrar su vida por una administración que no responde con la urgencia debida. No se trata de una polémica menor ni de un fallo puntual, sino de un problema que ha puesto en riesgo vidas.

La dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha sido el primer peaje político de esta crisis. Pero más que un acto voluntario de responsabilidad, ha parecido una maniobra de contención tras días de presión pública, profesional y mediática. Una salida forzada que no ha frenado la indignación, sino que ha dejado más solo que nunca al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, cada vez más incómodo, cada vez más señalado.

Porque si bien ha dimitido la consejera, el problema es mucho más profundo. El modelo de gestión de la sanidad pública en Andalucía lleva 7 años debilitándose. Lo que se ha destapado ahora con el cáncer de mama no es un hecho aislado: es la expresión más dramática de un deterioro estructural que afecta a la vida de miles de personas.

Y ante esto, ¿cuál ha sido la reacción del presidente de la Junta? Tibieza, evasivas y frases que han causado aún más alarma. Moreno Bonilla llegó a justificar el silencio institucional alegando que comunicar el colapso "podía generar ansiedad". Una respuesta que retrata mejor que ninguna otra el fondo del problema: no se gobierna para proteger a la gente, sino para protegerse políticamente.

No contento con eso, el presidente ha decidido además activar la maquinaria del bulo como estrategia defensiva. En su comparecencia pública, aseguró que el protocolo vigente, aprobado en 2011 cuando María Jesús Montero era consejera de Salud, había eliminado la obligación de informar a las mujeres con sospechas de cáncer de mama. Pero esa afirmación es rotundamente falsa. Lejos de eliminar esa obligación, el protocolo de 2011 reforzó la comunicación con las mujeres en situaciones clínicas sospechosas, mejorando los tiempos de respuesta y estableciendo canales más directos para asegurar el seguimiento del proceso diagnóstico. La realidad, contrastada por profesionales, desmonta el intento del presidente de trasladar culpas al pasado para esquivar el presente.

Esta estrategia —la de sembrar confusión, desinformar y redirigir el debate hacia gobiernos anteriores— no es nueva. Pero en este contexto, resulta especialmente ofensiva. Porque no se trata de una guerra de fechas ni de relatos políticos, sino de vidas reales afectadas por una gestión fallida. Y cuando la política se defiende mintiendo, el daño ya no es solo institucional: es profundamente moral.

La táctica, de nuevo, es conocida: cambiar el foco, desplazar el debate, hablar de presupuestos futuros, de inversiones por venir, de reorganizaciones técnicas. Se estira el argumento técnico hasta vaciarlo de contenido político. Se pospone el debate hasta que se agote la indignación. Y así, la gestión se convierte en espera. Y la espera, en olvido. Todo, menos responder a lo fundamental: ¿quién asume lo ocurrido?

Porque no basta con una dimisión. La exconsejera no es la única responsable. Y si Moreno Bonilla se limita a mover piezas en su gobierno sin asumir él mismo ninguna responsabilidad política, está enviando un mensaje demoledor: que por grave que sea una crisis, el poder siempre está a salvo.

No se trata de exigir dimisiones automáticas, ni gestos teatrales. Se trata de algo más profundo: de entender que la confianza de la ciudadanía se sostiene con hechos, no con palabras. Que cuando hay errores que afectan a la salud, al diagnóstico temprano de una enfermedad como el cáncer, y a la vida misma de las personas, no se puede seguir como si nada.

Desenfocar para generar olvido y con ello no dimitir: la estrategia es conocida, pero no por ello menos dañina. Porque mientras unos esperan que el tema desaparezca del debate, la ciudadanía sigue esperando respuestas, soluciones… y respeto. En su lugar, crece la táctica del desenfoque: desviar la atención, dejar que el calendario haga su trabajo y esperar que el desgaste cívico silencie las exigencias.

Dimitir no es una derrota. Es un acto de integridad. Pero para algunos cargos públicos, es todavía una palabra prohibida. Mientras tanto, se delegan culpas, se minimiza el problema, se espera que los titulares se renueven y que la ciudadanía olvide.

Pero las mujeres afectadas no olvidan. Las familias que se preguntan "¿y si se hubiera detectado antes?" no olvidan. Los profesionales sanitarios que han alzado la voz no olvidan. Y la ciudadanía, cada vez más desconfiada, tampoco.

No se puede banalizar el dolor. No se puede gobernar desde la burbuja del silencio. La sanidad pública andaluza merece una gestión valiente, honesta, humana. No un gobierno que recurre a la táctica del tiempo, del desgaste, del desenfoque.

Porque si la única respuesta ante un escándalo sanitario de esta magnitud es una dimisión aislada y una comparecencia mal resuelta, el mensaje es claro: nadie piensa hacerse responsable.

Pero en democracia, gobernar es responder. Y cuando no se responde, cuando se espera a que el tema se enfríe, cuando se confía en que la indignación se diluya, se está abusando de la confianza ciudadana. Se está jugando con algo mucho más valioso que el poder: el respeto al bien común.

Moreno Bonilla sigue sin dimitir. Sigue sin asumir que, como presidente, su responsabilidad es ineludible. Y mientras tanto, el sistema sigue fallando, las mujeres siguen esperando, y el silencio institucional —por largo que sea— sigue sin curar.