La sanidad pública, el talón de Aquiles de Moreno Bonilla
Médicos y sanitarios consideran que "la sanidad en Andalucía atraviesa una situación crítica que requiere soluciones estructurales de forma urgente".
Más de un millón de andaluces están hoy en listas de espera y aumentan las dificultades para acceder a la Atención Primaria en menos de 24/48 horas.
La privatización del sistema sanitario en Andalucía avanza a marchas forzadas, aunque se moderó en 2024, según el indice de las asociaciones en defensa de la sanidad pública.
Sevilla-
"No es lo mismo un problema digestivo que hablar de cáncer", resume Teresa Almagro, portavoz de la marea blanca de Cádiz, que lleva cuatro décadas trabajando en la sanidad andaluza. El estallido de la crisis en los diagnósticos de los cribados de cáncer de mama ha causado una tremenda inquietud entre las mujeres usuarias del programa, supuestamente todas las andaluzas entre los 50 y los 69 años de edad, y ha levantado también un malestar sobre lo que pueda estar pasando en las demás pruebas.
La naturaleza del escándalo también ha levantado una espectacular polvareda política en Andalucía, que se ha saldado de momento con el cese de la consejera Rocío Hernández y que afecta al propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a quien se dirigen las críticas.
Hasta ahora, la figura de Moreno Bonilla había logrado esquivar los profundos problemas de la sanidad en Andalucía, pero en esta ocasión las responsabilidades se le están pidiendo a él. En una concentración multitudinaria, en la que se congregaron miles de personas en Sevilla el pasado miércoles —antes de que se anunciara el cese de Hernández— se escucharon gritos contra él: "Moreno Bonilla, dimisión". También en Málaga.
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En efecto, para mareas, sindicatos, expertos y oposición, este escándalo es solo la "punta del iceberg" de lo que sucede en la sanidad pública andaluza, un verdadero trasatlántico en el que trabajaron en 2024 hasta 126.633 personas, que se enfrenta a un deterioro profundo que viene de lejos y que en los años de Gobierno del PP en Andalucía se ha agravado.
La sanidad es hoy el talón de Aquiles del Gobierno de Moreno Bonilla. Esta crisis ha hecho saltar las costuras del sistema en un asunto tan sensible como es el cáncer y en un programa "estrella" como es el de detección precoz, que se aplica en Andalucía desde 1995.
En el sistema andaluz de salud llueve sobre mojado y la ciudadanía lo sabe porque lo padece y lo siente. Este es un asunto en el que la propaganda institucional, los grandes titulares en los que se habla de inversiones de miles de millones de euros no funcionan, no sirven porque cada ciudadano vive su propia experiencia a diario en su centro de salud, en el hospital. Es esta, de hecho, una conversación callejera, de barra de bar, muy extendida desde hace años en Andalucía: los retrasos en la atención sanitaria
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En enero de 2026, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) cumplirá siete años en la presidencia de la Junta de Andalucía. Cuando accedió al cargo, en 2019, los tres primeros problemas para la ciudadanía eran, por este orden, la falta de trabajo y el paro, que citaba un 27,5%, la insatisfacción con la política, que nombró un 9,2% y la sanidad, un 7,9%, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) de ese año.
Ahora son, en primer lugar, de nuevo la endémica falta de trabajo y el paro, en segundo lugar la sanidad y después la vivienda. Sin embargo, la preocupación por el empleo ha descendido hasta el 19,3%, mientras que la de la sanidad se ha doblado, hasta el 16,1%, y la de la vivienda, que señala el 10,9%, ha sustituido a la insatisfacción por la política.
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Citas tardías
Hay datos que revelan la dimensión del problema. En Andalucía, a finales del año 2024, solo el 14,44% de los consultados afirmaba recibir atención médica en 24/48 horas, ocho puntos menos que la media nacional y la tercera comunidad con peores cifras. Sólo Canarias y València aparecían por debajo, según el último dato disponible entre los indicadores del Sistema Nacional de Salud, que publica el Ministerio de Sanidad. Esta estadística se elabora a partir del barómetro sanitario del CIS y para elaborarla se excluye la respuesta no sabe/no contesta.
Si se compara con el año 2018 —Moreno entró como presidente en enero de 2019—, el asunto adquiere otra dimensión. Entonces, el 51,92% de la ciudadanía afirmaba obtener cita en ese periodo de tiempo, cuatro puntos por encima de la media española. Andalucía entonces, con una grave crisis ya en el sistema que se palpaba en las calles, estaba en el décimo puesto de las comunidades autónomas. En estos siete años, por tanto, ha empeorado esta situación, tanto en España como en Andalucía, pero en esta región en mayor volumen.
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Para Joan Carles March, un experto de larga trayectoria en el análisis de sistemas sanitarios y exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública, lo primero que hay que hacer es, en efecto, "mejorar la atención primaria". "No puede ser que haya que estar más de 15 días para una cita. Eso marca muchos de los problemas globales del sistema", asegura a Público.
Los sanitarios vienen desde hace tiempo luchando para aumentar la inversión en Atención Primaria, que no es pequeña en Andalucía, pero que no llega al objetivo marcado y pactado del 25% del gasto. Sin contar el gasto farmacéutico, añaden los sindicatos.
"Hay que revisar todos los procesos y protocolos desde una perspectiva asistencial y no economicista y establecer procedimientos para mejorar la asistencia sanitaria de forma colaborativa", afirma José Pelayo-Galindo, del sindicato CCOO.
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"Al paso de [Margaret] Thatcher [primera ministra británica, conservadora, quien erosionó el sistema público de salud de su país] vamos nosotros", afirma Almagro. "Cuando se creó la Atención Primaria, conocimos esos programas para atender a la gente, a la del barrio… los médicos de primaria conocían la vida, los problemas, no solo las enfermedades", rememora. "Se llaman centros de salud, no centros de enfermedad. Quienes trabajan allí pretenden potenciar las circunstancias para que exista salud, que no es solo la física", sostiene Almagro.
La trabajadora sanitaria y portavoz de la marea recuerda que la OMS define de este modo lo que es tener salud: "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
En las zonas rurales de Andalucía, el deterioro es aún más evidente y palpable. En la comarca de Estepa llevan tiempo peleando por una sanidad de calidad, mediante encierros y todo tipo de medidas, sin éxito.
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Similares problemas existen en otras comarcas andaluzas: "Desde el verano ha estallado una crisis enorme en la zona del Saucejo [también en la provincia de Sevilla]. Con solo seis médicos de cupo para atender cinco pueblos y hacer guardias", afirma Nuria Roig, de la Marea Blanca de Sevilla.
La ausencia de pediatras en estas zonas es un clásico ya. La Marea Blanca aporta la siguiente cifra: ya son más de 250.000 los niños andaluces que no tienen pediatra asignado. La clave en este asunto, para March, es ofrecer "mejores condiciones laborales para zonas rurales o de difícil cobertura".
Las listas de espera
El atasco en el sistema lo reflejan también, según mareas y sindicatos, los datos de listas de espera. En junio pasado, según el Servicio Andaluz de Salud, había 852.289 personas a la espera de ser atendidas en alguno de los 38 hospitales —cinco de ellos concertados— de la Comunidad Autónoma. La demora media era de 127 días. Y otras 207.236 esperaban una intervención quirúrgica y la demora era de 127 días. Esto supone que más de un millón de andaluces —1.059.525— esperan para ser atendidos.
Cuando Moreno Bonilla llegó al Gobierno las cifras ya eran considerables, pero eran al mismo tiempo menores. Había a los seis meses de que tomara posesión, en junio de 2019, según los datos del SAS, 151.837 personas que esperaban para ser intervenidas (con una demora media de 162 días) y otras 695.367 que no habían podido acceder a una consulta: la demora era de 130 días. Es decir, hoy, tras casi siete años de Gobierno del PP, hay 55.399 personas más que esperan una operación que en 2018 y otras 156.922 más a la espera de una consulta en un hospital.
Hoy, además, es imposible saber cuál es el plazo de espera para una prueba diagnóstica, porque, desde que gobierna el PP, no se publican, según CCOO. El Sindicato Médico Andaluz considera al respecto que "es imperativo resolver la falta de transparencia [...] del SAS: no podemos seguir sin saber cuántos pacientes están en lista de espera para una prueba diagnóstica".
"Toda la sanidad, una de nuestras mayores conquistas, está siendo dinamitada por Moreno Bonilla. Se tarda 20 días, un mes en conseguir una cita con un médico especialista", expone la coordinadora de Mareas Blancas en Andalucía.
"El SAS ahora mismo —afirma Antonio Macías, de UGT— no puede garantizar absolutamente nada y los hechos son más que evidentes. Hoy día si das positivo [en algún cribado] tienes un grave problema, porque el sistema es incapaz de diagnosticarte y tratarte de manera inmediata".
"Cualquier proceso patológico que necesite una prueba diagnóstica se convierte en un grave problema para el paciente porque existen miles y miles de pruebas pendientes de realizar. Un ejemplo: si en el de colon das positivo de sangre en heces te derivan a una colonoscopia y esta puede tardar en que te den cita meses o un año y eso no es otra cosa que condenar a esa persona a un proceso más largo, mas penoso y que su recuperación sea más lenta, costosa o imposible. Esa es la realidad, lo demás es querer vendernos una burra que ya no se cree nadie", agrega Macías.
El dinero
En estos años, empero, el presupuesto sanitario ha crecido en miles de millones de euros en Andalucía. Al Gobierno andaluz y al PP se les ha llenado la boca de decirlo. Sin embargo, esta realidad no ha servido para mejorar el sistema ni la percepción que la ciudadanía tiene de su funcionamiento. Quien mejor ha explicado por qué el esfuerzo presupuestario no ha funcionado han sido las Mareas Blancas.
Han hecho sus cuentas y cálculos y lo que ha sucedido, según la Coordinadora Andaluza, es, en resumen, que el sistema no se ha recuperado de los recortes que se produjeron en el periodo 2010-2020 tras la caída de Lehman Brothers y los ajustes posteriores, que "nunca se han restaurado". Sus efectos fueron tremendos: pérdida de plantilla (9.000 profesionales), con precarización y temporalidad creciente de la misma (un proceso que no ha cesado), disminución de recursos instrumentales y de actividades asistenciales; estos hechos tienen su consiguiente repercusión sobre la ciudadanía, que ve como desciende la calidad de la asistencia recibida".
El segundo factor ha sido la pandemia por covid-19 y la "oportunidad que se perdió" de mejorar las plantillas consolidando los empleos. Pelayo-Galindo considera hoy fundamental recuperar "los 12.000 contratos perdidos desde la covid-19". "El sistema andaluz estuvo [entonces] en varios momentos al borde del colapso", analizan las Mareas.
"Esto provocó que las listas de espera para las patologías no-covid empeorasen aún más, dando lugar a la instauración de métodos asistenciales de dudosa validez clínica, como la generalización de las consultas clínicas telefónicas o las llamadas consultas de acogida".
Además, hay factores ideológicos: "La situación ha empeorado sustancialmente desde 2019, fecha en la que el Gobierno andaluz ha pasado a manos de partidos de derecha, claros defensores de la ideología neoliberal".
Así, los presupuestos de 2023 y 2024, elaborados por los gabinetes del PP, son insuficientes para mejorar el sistema, según analizan las mareas: "No es verdad que haya aumentado el presupuesto. Los presupuestos de 2023, 13.823 millones, y de 2024, 14.294 millones, están en el rango de los de 2009 más los ajustes debidos a la variación del IPC".
Por tanto, los multimillonarios presupuestos de Moreno "no incluyen devolución alguna de los recortes de la década anterior". Y tampoco tienen en cuenta "que el número de andaluces mayores de 64 años (los que más recursos sanitarios consumen) ha aumentado desde 2009 en 377.626, alcanzándose la cifra de 1.602.301 en 2023 (INE)".
El Gobierno andaluz ha señalado en fechas recientes que por primera vez el gasto por habitante en relación con lo presupuestado por los gobiernos autonómicos para la sanidad supera la media española. Esto, según ha comprobado Público, es así: 1.764 euros frente a 1.757. Sin embargo, el sindicato de enfermería Satse, para el que se trata de una "mejora puntual", hace otra lectura de este dato: "Hasta diez comunidades autónomas invierten más que Andalucía".
Andalucía, además, cuenta con una población muy dispersa, en ocho provincias y con una distribución importante de población en el mundo rural a la que hay que garantizar los servicios sanitarios, lo que "requiere un mayor esfuerzo en inversión como es el caso de Extremadura que destina 2.259 euros per cápita", según los enfermeros. Los datos, una vez más según Satse, reflejan "una infrafinanciación estructural que afecta directamente a la calidad asistencial y a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".
Las privatizaciones
Otro de los asuntos que están relacionados con la eficacia de los aumentos presupuestarios es a qué se destinan realmente. "[Habría que] disminuir de forma muy importante los contratos con la privada. Está sangrando la sanidad pública dejándola en una situación de debilidad extrema al pasar mucho del dinero que debería ir a la pública a la privada", afirma March.
"Mientras cientos de millones van a la sanidad privada, la pública se ve incapacitada para cumplir sus funciones, como ha demostrado el escándalo de las mamografías. Las más afectadas por recortes y privatizaciones son las mujeres: a las mamografías se suma la reducción de anestesistas en el Hospital de la Mujer", señala Roig.
El 48%, la mitad, prácticamente, del aumento del presupuesto sanitario para 2025 en Andalucía ha ido a "engordar" al sector privado, según expusieron en un informe cuatro sindicatos —CCOO, CISF, SATSE y UGT— y la Marea Blanca. "Si tuviera delante al presidente, se lo diría: Sí, pero es que la mitad ha ido a conciertos con la privada", afirma Almagro.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FDSAP) elabora cada año un trabajo en el que plantea, mediante la combinación de parámetros —como son el gasto en seguros privados, el porcentaje de conciertos sanitarios y concesiones a empresas, el número de camas, equipamientos y consultas privadas sobre el total— un índice de privatización sanitaria.
En el último trabajo que han presentado esta semana, se recoge: "Cinco comunidades destacan por el incremento llamativo en los úlimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019". El informe de la Federación también recoge, empero, que en el año 2024 el ritmo privatizador se había moderado la velocidad de su afanes privatizadores".
Para Pelayo-Galindo, es urgente "eliminar la privatización de servicios como método de fortalecimiento de la sanidad pública". Por el contrario, "el fortalecimiento pasa inexorablemente por un incremento en el presupuesto sanitario, que tenga en cuenta las características de nuestra comunidad: envejecimiento, ruralidad, alta morbilidad y mortalidad en comparación con otras comunidades, años de privatizaciones…", agrega el sindicalista. Los sanitarios lograron, en su pelea contra las privatizaciones, frenar esta legislatura el intento del Gobierno andaluz de externalizar la Atención Primaria mediante una orden.
El Sindicato Médico Andaluz (SMA) considera que "la sanidad atraviesa una situación crítica que requiere soluciones estructurales de forma urgente". Para el SMA, el "verdadero problema de fondo es la falta de médicos".
"Este déficit —señala el sindicato— afecta a todas las especialidades y a todos los niveles asistenciales y tiene consecuencias directas en la atención sanitaria de la población andaluza como han puesto de manifiesto los fallos en el programa de cribado para el cáncer de mama".
March considera este tema también clave. Se trata, para obtener más contratos y que los médicos quieran trabajar en Andalucía, de mejorar "las condiciones de trabajo, con mejores sueldos, mejores contratos, mejores condiciones laborales". Fuentes sindicales y médicas expusieron a Público que el plan de choque anunciado por el Gobierno andaluz, después del estallido de la crisis de las mamografías, de acometer nuevas contrataciones de radiólogos, entre otros profesionales, era de muy difícil ejecución, "porque no los hay". "¿De dónde los van a sacar?", se preguntan.
Los datos de médicos por cada 1.000 habitantes sitúan de nuevo a Andalucía por debajo de la media española, que está en el 0,79 mientras la Comunidad se queda en el 0,76. Además, solo Madrid, Canarias y Catalunya tienen peores ratios que Andalucía, según los indicadores clave del SNS, que ofrece el ministerio de Sanidad.
Para March es necesario también que vuelvan a la pública "profesionales que están haciendo pública y privada". "Eso es un elemento que genera mucho trasiego hacia la privada, tanto de pruebas complementarias como en actividad. Es necesario [que retornen] a la pública muchos profesionales". Las Mareas han planteado en alguna ocasión que los médicos de la pública deberían ejercer solo en la pública.
Pelayo-Galindo recuerda además que Moreno Bonilla liquidó el sistema de subastas de medicamentos, que fue alabada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y reclamó un regreso "a los procedimientos racionales de compra de medicamentos y dedicar el presupuesto ahorrado a capitalizar la sanidad pública".
Investigaciones y escándalos
El sistema ha vivido también polémicas y sobresaltos en estos años. La puerta giratoria del anterior gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, llevó a Moreno Bonilla a modificar la ley de incompatibilidades.
Luego, en plena polémica por los contratos a dedo durante la pandemia, se produjo una bronca con los interventores de la Junta: el Gobierno andaluz acometió cambios en la Intervención, un órgano clave en la gestión de la administración y en el control financiero y legal de las actuaciones, después de varios informes críticos y en un momento en que ya había una investigación judicial en marcha sobre las contrataciones de emergencia de la Junta durante la pandemia, en la que se indaga en la labor de los últimos tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud. Además, otro juzgado de Cádiz investiga contratos sanitarios troceados, sobre los que la intervención puso también el foco.
Tres consejeras, una cuarta
Moreno Bonilla va ya por el cuarto consejero de Salud en casi siete años, pero el problema en la gestión va más allá, apunta March. "[Hay que] mejorar los niveles de formación de los gestores de la sanidad pública visto en lo que pasa o ha pasado en la Escuela Andaluza de Salud Pública en la formación de directivos que se ha deteriorado". La Escuela ha sido un tradicional lugar de formación de los cuadros que montaron el sistema sanitario en Andalucía y lo hicieron crecer. En este tiempo, ha sufrido diversos cuestionamientos por parte del Gobierno.
La contestación de un grupo de mujeres con cáncer de mama, que han sido arropadas en las calles, han provocado una tremenda crisis política en Andalucía y, al mismo tiempo, ha revelado los profundos problemas que arrastra el sistema sanitario público.
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