Pocas certezas y muchas incógnitas en el escándalo del cribado del cáncer en Andalucía

La crisis en el sistema de cribados de cáncer en Andalucía ha desatado una polvareda política como no se veía desde hace tiempo en la comunidad. Al Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), le ha estallado con toda crudeza el deterioro de la sanidad pública andaluza, que viene de lejos y que sus gabinetes no han logrado frenar, como vienen alertando desde hace tiempo los expertos, las mareas y los sindicatos.  

El problema, en esta ocasión, siendo político, es también judicial ya: los fiscales y tribunales van a tener que pronunciarse en un sentido u otro porque las personas afectadas y las asociaciones van anunciando y presentando denuncias y reclamaciones patrimoniales, más allá de las de los partidos de izquierdas, que no han sentado bien en las asociaciones, por su premura y falta de concreción.

Y es, además y sobre todo, un problema de piel, muy comprensible por todo el mundo, que ha generado una tremenda inquietud y desesperanza en las mujeres andaluzas que participan del programa de cribado de cáncer de mama. 

Este programa, que se aplica en Andalucía desde 1995, tiene como objetivo detectar a tiempo el tumor para poder impedir que este se extienda, con el riesgo para la vida que ello conlleva, y también con la idea de evitar tratamientos más agresivos. Según Salud, detectar a tiempo el cáncer eleva las posibilidades de curación, "consigue mejorar el pronóstico aumentando la supervivencia".

En el año 2023, según el Gobierno andaluz, "se cribaron (con mamografía realizada) 368.562 mujeres" y se detectaron "1.182 cánceres". El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas, según la Junta.

Existen hoy aún pocas certezas y por tanto, no existe una panorámica del asunto, más allá del drama del goteo de casos que se van conociendo. La ausencia de cifras del programa ha llevado también al Ministerio de Sanidad a reclamar a la Junta todas los que tenga de los últimos cinco años. 

Lo que sigue son algunas de las claves e incógnitas que aún quedan por resolver en este asunto.

¿Cuántas mujeres están afectadas?

No hay una cifra disponible. En un comunicado, el Gobierno andaluz afirmó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se disponía a llamar a 2.000 mujeres con lesiones "posiblemente benignas". En el 98% de los casos lo son, según Salud. Las asociaciones, como AMAMA, están recopilando casos y recibiendo numerosas llamadas, según afirman, pero tampoco existe aún esa foto completa: "El día primero eran tres, luego eran 50. No lo sabemos".  

El 2% de 2.000 es 40. Sin embargo, AMAMA mantuvo este martes un encuentro en el que esa cifra se superó: estuvieron presentes 60 mujeres —no todas con problemas relacionados con el cáncer de mama—y otras más online. El abogado de la asociación, Manuel Jiménez Soto, afirmó además que en la asociación hay 400 correos electrónicos aún sin analizar.  

Este martes, la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, afirmó en Onda Local de Andalucía que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos", según recoge Europa Press. El abogado precisó después que tienen tres casos documentados de muertes, pero que no puede asegurar en este momento que esos fallecimientos tengan una relación de causa-efecto con el programa del cribado. Jiménez Soto aseguró que está estudiando toda la documentación de la que dispone y que le han entregado las mujeres para decidir finalmente qué demandas presenta, su formato, si grupal o individual, y todos los detalles.

¿Dónde se han producido los problemas?

El Gobierno no ha explicado tampoco en detalle si el problema reside en algunos centros en particular o es un problema general. Las asociaciones han recopilado varios casos atendidos, por ejemplo, en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla —"es un problema", dijo el abogado Jiménez Soto—, pero también se han producido en otros lugares. "La casuística es similar [en todos ellos]", explicó este martes el abogado de AMAMA.

¿Desde cuándo se producen los problemas?

No hay certeza tampoco en este momento. La asociación AMAMA ha asegurado que hace un año ya alertaron al Gobierno de algunos retrasos. El abogado Jiménez Soto habló también de un caso de 2023, de una reclamación que presentó en ese año. Además, existe un informe de la Junta que en 2023 advirtió de una mayor mortalidad en Andalucía por cáncer de mama que en el resto de España. Algunas fuentes consultadas por Público entre médicos y expertos tampoco son capaces de dar una fecha concreta, pero sí aseguran que entre facultativos y trabajadores del sistema la sensación de que algo estaba pasando estaba instalada desde hace algún tiempo. 

Tampoco se puede saber la evolución en las listas de espera en las mamografías porque "desde que gobierna el PP, no se publican los datos de pruebas diagnósticas", según fuentes del sindicato CCOO. "A nivel del ministerio tampoco se dan los datos de esta lista de espera, sólo de intervenciones quirúrgicas y primeras consultas externas", añaden estas fuentes.

El último dato disponible, al respecto, que ha podido encontrar Público en la web del SAS data de 2018 (Moreno Bonilla empezó a gobernar en enero de 2019). Había entonces 3.512 mujeres en lista de espera para una mamografía y el tiempo medio de respuesta era entonces de 30 días. 

¿Solo afecta al cáncer de mama o a otros cánceres?

Sindicatos y asociaciones y algunos expertos han alertado sobre la posibilidad de que también hayan existido retrasos en el control de otros cánceres, como el de colon, aunque otras fuentes consultadas por Público invitan a ser prudentes. La oposición ha pedido explicaciones al Gobierno andaluz también sobre estos programas. El Ministerio de Sanidad también ha ofrecido "colaboración" y "apoyo técnico" a la Junta "para evaluar la situación de los otros programas de cribado de cáncer, como el de cérvix y el de colon". 

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¿Qué ha fallado exactamente?

Tampoco está del todo claro. El abogado de AMAMA manifestó este martes, ante la pregunta de si sabía de dónde partía el error: "Entendemos que [la Junta] tiene que saberlo. Pero no lo sabemos". La explicación, hasta ahora, más amplia que ha dado el Gobierno andaluz es la siguiente. Viene recogida en un comunicado oficial y dice así:  "Cuando se realiza una mamografía a una mujer existen tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna".

"En el caso —explica la Junta— de diagnósticos negativos, las pacientes son informadas del resultado; en el caso de diagnósticos positivos, las mujeres son igualmente informadas y derivadas para nuevos procedimientos pero, en los casos en los que se detectan lesiones posiblemente benignas las mujeres pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica".

"En estos casos —según Salud—, hasta tres radiólogos analizan las imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba. Las pacientes, que viven ajenas a estas circunstancias, reciben al cabo de meses o de un año una llamada que no esperan para esa segunda cita, fijada por el radiólogo, y sienten alarma, intranquilidad y angustia".

Una usuaria, que prefiere el anonimato, afirma a Público al respecto —su caso, no como los otros, como ha documentado AMAMA, se saldó con buenas noticias—: "Yo he sido uno de esos casos. Me costó dios y ayuda, hace dos años que me hice la mamografía en el SAS, conseguir un informe, que decía que tenían que hacerme más pruebas. Pero no me habían dicho nada".

"Me hicieron la mamografía y salían cositas sin determinar que debían ser estudiadas para comprobar que no eran malignas. Debían haberme llamado para decírmelo y hacerme otras pruebas, pero pasaron meses y no me dijeron nada.

"Empecé a pedir el informe para llevárselo a mi ginecóloga y tardé unas pocas semanas hasta que encontré a una persona que se interesó y me envío el informe por correo. En el informe se especificaba que había que hacer pruebas para descartar que hubiera algo. Por suerte, no había nada; eran cositas normales benignas". 

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La Cadena SER ha informado también de que una usuaria recibió una carta en la que, en su caso, se apuntaba a una "disfunción de los sistemas informáticos, que hace que no se detecten este tipo de solicitudes de exploraciones informadas por especialistas […]". Al respecto, el abogado de AMAMA dijo: "Yo tengo un documento que habla de un fallo informático". Luego, vino a restarle importancia. 

Tanto para las mareas, como para los sindicatos, como para los expertos consultados, la explicación tiene también causas estructurales. Así, plantean entre ellas, la privatización de algunos de los procesos, y también, la "falta de personal médico para atender todas las demandas de la población y también técnicos de radiodiagnóstico y personal administrativo". 

Fuentes sindicales señalan a este periódico: "Lo que nos transmiten los profesionales es que se ha complejizado la atención sanitaria con más y mejores técnicas y eso no se ha acompañado del incremento necesario de recursos humanos. Se va incrementando el personal, pero el ritmo es insuficiente".

¿Qué va a hacer el Gobierno andaluz ahora? 

De momento, además de anunciar que van a llamar "una a una" a todas las mujeres a las que han detectado que no se ha informado de su situación, esas 2.000, algo que no se ha producido, según AMAMA —"hemos preguntado si alguna ha recibido la llamada, ninguna la ha recibido", dijo su letrado—, también han anunciado un plan de choque con la idea de devolver la confianza a la ciudadanía y cambios en el protocolo. Además, tras unos días de confusión, han admitido que la incertidumbre y los retrasos "no pueden volver a ocurrir" y no han descartado depurar responsabilidades si detectan que estas existen. Toda la oposición ha reclamado la dimisión de la consejera de Salud, quien de momento no lo ha hecho.

El asunto de los protocolos utilizados tampoco ha sido explicado con claridad por el Gobierno andaluz. Público ha preguntado a Salud si el "protocolo de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento" que se puede encontrar en la página web, y que data del año 2002, es en efecto el que está en vigor, sin obtener respuesta. Dos sindicatos y un experto indicaron por su parte a Público que era el que se venía siguiendo. En la web hay también otro documento, este de 2011, que se titula proceso asistencial integrado cáncer de mama. 

En esos documentos se recoge que una vez efectuada la mamografía, hay tres actitudes posibles: o bien una nueva mamografía en dos años, o bien un seguimiento de estabilidad o una derivación hospitalaria. Estos protocolos establecen varias categorías o códigos y grados "de sospecha" para lo que utiliza números.

Las dos primeras categorías se consideran fuera de peligro y las últimas describen situaciones con altas probabilidades de carcinoma. La categoría intermedia se identifica como código o categoría 3 y sus casos de definen como "probablemente" benignos, con una probabilidad asociada de un tumor maligno inferior al 2%. Esto coincide con los porcentajes de los que habla Salud en su comunicado. 

Estos protocolos recomiendan para los casos que se clasifiquen como código o categoría 3 un "seguimiento de estabilidad".

Público no ha logrado hallar en el documento de 2011 una definición de lo que implica esta denominación. El seguimiento de estabilidad "incluye", según el protocolo de 2002, "mamografías intermedias a los 6 y 12 meses de la inicial, completándose el seguimiento de estabilidad en dos años coincidiendo con la segunda vuelta de la mujer". El abogado de AMAMA manifestó, por otro lado, este martes que los plazos para comunicar a las mujeres los resultados eran en unos casos de quince días y en otros, de 30. 

El contexto: el estado de la sanidad andaluza

La sanidad, antes del verano, era el segundo problema para los andaluces. En la última encuesta del centro de estudios andaluces, de junio pasado, el 16,1% de los encuestados respondió de manera espontánea que el principal problema que existe en la Comunidad Autónoma era la sanidad, solo superado por la endémica falta de trabajo y el paro, que citaba un 19,3%.

Quien mejor ha explicado lo que sucede en Andalucía con la sanidad han sido las mareas blancas. Es cierto que los aumentos presupuestarios durante los años de Gobierno de Moreno Bonilla han sido importantes y multimillonarios, pero han sido insuficientes por varias razones, según el análisis de las mareas.

Estas son las que expusieron en un trabajo de noviembre de 2024 que aún tiene plena vigencia y que lleva por título Razones que aconsejan la tramitación y aprobación por el Parlamento de Andalucía de la proposición de ley que presenta la coordinadora andaluza de mareas blancas, al que ha tenido acceso Público.

"El sistema público presenta [en Andalucía] una situación de deterioro acumulado de la calidad asistencial y déficit de personal en los servicios sanitarios públicos», exponen. Esa infrafinanciación del sistema la cifraron las mareas hace un año en una "cantidad acumulada de 19.000 millones de euros por los recortes efectuados en los sucesivos presupuestos".

¿Cómo llegan a esta cifra de 19.000 millones? En la ecuación meten la inflación. Así lo explican: "En el periodo 2010-2020, los recortes realizados en el Sistema Sanitario Público Andaluz alcanzaron la cantidad de 19.000 millones, estimada como la suma de las diferencias anuales entre el presupuesto de 2009 ajustado por el IPC —la inflación— correspondiente a cada año y el presupuesto real de ese año. Teniendo en cuenta que el presupuesto en 2009 fue de 10.275 millones, los recortes de la década siguiente representan la pérdida de casi dos anualidades".

"Los efectos de estos recortes fueron enormes: pérdida de plantilla (nueve mil profesionales), con precarización y temporalidad creciente de la misma (un proceso que no ha cesado), disminución de recursos instrumentales y de actividades asistenciales; estos hechos tienen su consiguiente repercusión sobre la ciudadanía, que ve como desciende la calidad de la asistencia recibida. Estos recortes nunca se han restaurado", exponen

Además de esa infrafinanción producida tras la crisis de Lehman, para las mareas el segundo factor externo de relevancia que ha afectado a la situación actual de la sanidad andaluza ha sido la pandemia por covid-19. "La solución de esta grave situación —exponen en el estudio—recayó exclusivamente sobre las espaldas de un sistema sanitario público andaluz saturado y exhausto por los recortes".

"A pesar de las lógicas ayudas emanadas del gobierno nacional, la pandemia evidenció el deterioro alcanzado por el sistema andaluz, situándolo en varios momentos al borde del colapso", analizan.

"Esto provocó —añade el trabajo—que las listas de espera para las patologías no-covid empeorasen aún más, dando lugar a la instauración de métodos asistenciales de dudosa validez clínica, como la generalización de las consultas clínicas telefónicas o las llamadas consultas de acogida".

Para las mareas es importante señalar que también hay también factores ideológicos en la ecuación que, a su juicio, agravan los problemas: "Aunque algunos de los problemas esenciales que afectan a la sanidad pública andaluza actualmente provienen, como se ha señalado ya, de gobiernos anteriores, la situación ha empeorado sustancialmente desde 2019, fecha en la que el gobierno andaluz ha pasado a manos de partidos de derecha, claros defensores de la ideología neoliberal".

Las mareas aplican su criterio de cálculo y consideran que los presupuestos de 2023 y 2024, elaborados por los gabinetes del PP, son insuficientes para mejorar el sistema: "No es verdad que haya aumentado el presupuesto. Los presupuestos de 2023, 13.823 millones, y de 2024, 14.294 millones, están en el rango del de 2009 más los ajustes debidos a la variación del IPC".

Para las mareas, estas cuentas, por tanto "no incluyen devolución alguna de los recortes de la década anterior". Además, señalan, "no tienen en cuenta que el número de andaluces mayores de 64 años (los que más recursos sanitarios consumen) ha aumentado desde 2009 en 377.626, alcanzándose la cifra de 1.602.301 en 2023 (INE).