Juan Manuel Moreno Bonilla ha conseguido situar a Andalucía a la cola de toda España en la ejecución del Bono Joven de Alquiler. No es un tema menor, porque están en juego los sueños de 17.000 personas entre 18 y 35 años que más de un año después siguen sin cobrar esta ayuda estatal. La Junta de Andalucía tan sólo tenía que ejecutar la ayuda, pero como viene siendo la tónica habitual en el gobierno andaluz –sucede lo mismo con Fondos Europeos-, ha sido incapaz de cumplir los plazos.

En año y medio, plazo transcurrido desde la apertura de la convocatoria, suceden muchas cosas, con la excepción de que dicha convocatoria se resuelva. Esta semana se han producido nuevas movilizaciones en todas las provincias andaluzas y ha sido sobrecogedor escuchar los testimonios de los jóvenes afectados, cuyas vidas se han visto trágicamente trastocadas. Hay personas que, para poder hacer frente al alquiler en este año y medio, se han visto obligadas a solicitar microcréditos y la subida de los tipos está minando día a día su situación de vulnerabilidad. 18 meses en los que han nacido incluso bebés que, por la ineptitud del gobierno de Moreno se han quedado sin techo propio, obligados en el mejor de los casos a regresar a casa de los abuelos.

El Estado inyectó a la Junta de Andalucía 68,4 millones de euros para dos años que, a día de hoy, la ciudadanía ignora dónde están, pues el Bono de Alquiler Joven no llega. Quienes hemos seguido de cerca la evolución de esta pifia hemos ido saltando de decepción en decepción desde el principio. La convocatoria en sí ya fue un auténtico desastre y no barruntaba nada bueno: Andalucía fue la última Comunidad Autónoma en publicar las bases de la convocatoria, a pesar de contar con provincias, como Málaga, a la cabeza en repunte de los precios de vivienda. Lo que mal empieza, mal acaba.

La Junta convocó 11.000 ayudas de hasta 250 euros mensuales, anunciando que se cursarían por orden de llegada, dicho de otro modo, a la conquista del salvaje oeste. Aquel fue el comienzo de la pesadilla en que Moreno Bonilla ha sumido a nada menos que 17.000 jóvenes, que es el número de personas solicitantes de este bono. La página web colapsó y cursar las solicitudes se convirtió en una tortura, actualizando la página de madrugada con la esperanza de ser uno de los 11.000 elegidos. A día de hoy, a penas 2.000 solicitudes se han tramitado favorablemente (15%), lo que no significa que se hayan cobrado las ayudas: ese dato continúa siendo un misterio.

En año y medio las excusas puestas por el gobierno andaluz han ido variando, atribuyendo la deficiente gestión a la complejidad del proceso burocrático. La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, pretende sacudirse la responsabilidad de encima, culpando al Gobierno de España. Sin embargo, otras Comunidades Autónomas que siguieron el mismo proceso, como Catalunya resolvió las más de 28.200 solicitudes el pasado mes de febrero, abonando las ayudas correspondientes a casi 13.500 personas. ¿Está diciendo Díaz que el funcionariado andaluz está peor preparado que el catalán? ¿O que destina menos recursos? ¿O que quizás no se ha sabido gestionar?

Moreno Bonilla, por su parte, recurre a los problemas técnicos, pero lo cierto es que al tiempo que esgrime esa excusa se ventila a la jefa de servicio responsable de la tramitación de la Consejería de Fomento y habla de “error”. La responsabilidad ha de escalar más arriba, porque año y medio de retraso, en el que ni siquiera se ha proporcionado la información requerida a las 17.000 personas afectadas es fruto de la ineptitud en instancias superiores. A fin de cuentas, el personal técnico de la Junta obedece las directrices políticas de gestión. ¿A caso es culpa de esta jefa de servicio que no hubiera suficiente personal dedicado, como prueba que se haya activado un plan de choque con 57 interinos de refuerzo?

Mientras Moreno Bonilla estaba más presente en Madrid hablando de EH Bildu que en Andalucía, esta región volvía a situarse en el vagón de cola de España por culpa de su presidente. En diciembre de 2022, el Defensor del Pueblo Andaluz ya registraba una interminable batería de quejas que “manifiestan de forma unánime su indignación y decepción por los fallos del sistema para cursar la solicitud de Bono Alquiler Joven”.

Moreno Bonilla se erige estos días como defensor de la igualdad de todos los españoles, sumándose a la llamada del PP a la calle. Sin embargo, en Andalucía discrimina, pues la gestión de este Bono de Alquiler Joven no se ha dirigido a quien más lo necesita, sino al que ha sido más rápido; rapidez que luego no se ha autoexigido para resolver las solicitudes. Por si esta discriminación no fuera poca, ha dejado fuera del proceso a toda aquella persona que no disponga de conexión a internet o de la alfabetización digital necesaria para el proceso, pisoteando la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece el derecho de la ciudadanía a ser asistida en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

El propio Defensor del Pueblo Andaluz subraya que “la brecha digital constituye una nueva forma de desigualdad, de discriminación y de exclusión” y el gobierno de Moreno Bonilla ha dinamitado la igualdad. La única igualdad que conoce el presidente andaluz es la que pone al mismo nivel a todos los jóvenes andaluces: ninguno ha cobrado la ayuda, hayan o no solicitado el Bono de Alquiler Joven. En eso sí son todos iguales.