Moreno Bonilla, el troceador

No habíamos entrado siquiera en diciembre y Juan Manuel Moreno Bonilla ya tenía montado el belén. Al escándalo de los cribados de cáncer, que ha provocado el cese de media docena de responsables, y el modo en que ha menospreciado a sus víctimas se suma la causa del "fraccionamiento masivo e irregular" de contratos millonarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No son palabras mías, sino de los propios interventores del SAS, que concluyeron que se había producido un posible "fraude de ley". Ahora, por requerimiento judicial, la cuestión se eleva a la implacable Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y en el PP andaluz sudan frío.  

Cuando millones de euros han ido a parar a dedo a las mismas empresas, sin realizar una licitación pública y dejando que la libre concurrencia se vaya por el sumidero, algo huele mal. Si, además, para poder hacer tal cosa ha sido preciso fraccionar los contratos con idéntico importe y por el mismo concepto y que así el total no alcance el tope máximo que obliga por ley a sacarlo a concurso público, entonces apesta. Quién no percibe su pestilencia, como es el caso de Moreno Bonilla, que lo considera una práctica tan legal como habitual, quizás es que ya ha acostumbrado el olfato a este hedor que a otros resulta insoportable.

Manuel Jesús Gómez, juez de instrucción número 3 de Cádiz, no tiene la pituitaria tan habituada a cierta fetidez y el mismo día que Moreno Bonilla se envolvía en la bandera de Andalucía -4 de diciembre- solicitaba el auxilio de la IGAE para saber si lo que hace en realidad con ella es limpiarse el trasero. A fin de cuentas, la Intervención del SAS detectó "incidencias" en todas las facturas analizadas. Pleno de irregularidades y eso que no llegó ni al 0,2% del total de las más de 135.000 facturas emitidas por valor de cerca de 235,5 millones de euros correspondientes a 2021.

La IGAE tiene muchos más recursos que la Intervención del SAS que, por otro lado, ha sido víctima de una purga por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Al presidente andaluz no le gusta que se emitan informes en contra de su gestión y no le tembló la mano a la hora de cesar a la Interventora General de la Junta, María Antonia González el pasado mes de enero. Sí, han leído bien, enero, porque para ser una causa política, como la califica el PP, este proceso lleva más de un año investigándose por parte de la Justicia.

"Hace falta un nuevo interventor con mano dura que os meta en cintura", afirmó la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, tal y como reveló El País. Tanto los metieron en cintura, que en pleno proceso judicial, otros cuatro interventores más fueron cesados, lo que propició que la oposición se planteara si sus reemplazos no son más que meros escribientes al dictado del PP. Y no sorprende, porque hace falta trocear mucho para que con contratos de suministro o servicios inferiores a 15.000 euros se superen los 235 millones de euros en un solo año. En el total, la auditoría por la que se desmanteló la Intervención del SAS reveló que el importe de los contratos otorgados a dedo fue de más de 458 millones de euros, algo que lógicamente reprochó legalmente el órgano fiscalizador. Y es que en Sevilla hay abierta otra causa similar por el abuso de la contratación de emergencia entre 2020 y 2024 por parte del SAS, por valor de 242 millones de euros.

La pericia de Moreno Bonilla troceando contratos menores en Sanidad sólo es comparable con la que cesa a sus propios consejeros de esta área. Desde que el popular llegó al poder, han pasado cuatro personas diferentes al frente de la Consejería de Salud, tres en esta misma legislatura. Quizás el problema no está en quien lidera el área, sino en quien los nombra y dirige el gobierno, pues a cada nombramiento no le ha acompañado una mejora de la calidad asistencial.

La Junta de Andalucía dice asumir con normalidad los pasos que da la Justicia y, sin embargo, desde que comenzó la causa ha ido poniendo cuantos palos puede en su rueda. Ya no sólo con la purga llevada a cabo en el órgano que ya había advertido, en vano, sobre el posible delito, sino personándose como perjudicada en la causa de la que también se defiende. Como apuntó Podemos, partido que formuló la denuncia en Cádiz, no deja de ser paradójico que en un proceso en el que el PP andaluz afirmaba que no había caso quiera personar a la Junta como perjudicada.

Es evidente que existe un patrón en el proceder de la Junta de Andalucía. Como estamos viendo en Madrid, es marca de la casa, marca PP. En estas lides, Moreno Bonilla es el alumno aventajado de lo que Esperanza Aguirre instauró en la Comunidad de Madrid hace años y diligentemente ha extendido en el tiempo Isabel Díaz Ayuso, viendo a su entorno beneficiado. No diré yo que todos los indicios con que cuentan los juzgados de instrucción, así como el innegable vaso comunicante de PP con la Sanidad privada, con puertas giratorias de ida y vuelta engrasadas con contratos millonarios, supongan un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, pero el tufo al que Moreno Bonilla ha acostumbrado a su nariz haría saltar las lágrimas a cualquier persona decente, para llorar después a lágrima viva al comprobar en carnes propias cómo este dispendio hacia empresas privadas, lejos de mejorar la calidad asistencial, la ha precarizado aún más.