La investigación judicial de los contratos sanitarios de emergencia del Gobierno de Moreno entra en una fase decisiva
La gerente del SAS y sus dos antecesores declaran como investigados por un presunto delito de prevaricación. Se investiga si se produjo un abuso de la contratación discrecional.
Sevilla--Actualizado a
Las pesquisas judiciales abiertas en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla por los contratos de emergencia sanitarios de la Junta de Andalucía entra en una fase decisiva. Este martes declaran como investigadas la gerente actual del Servicio Andaluz de Salud, Valle García y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán, protagonista de una puerta giratoria que llevó al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) a cambiar la ley de incompatibilidades, y Diego Vargas.
La causa está abierta por un presunto delito de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas, y en ella se investiga, en primer lugar, si el uso por parte de los gestores del SAS de la contratación de emergencia, es decir, a dedo y sin apenas controles, durante la pandemia y posteriormente, hasta el año 2023, fue el adecuado. En ese tiempo se presupuestaron 242 millones en contrataciones por esta vía. La Junta sostiene que se ejecutaron 189 millones, 53 millones menos.
La Ley de Contratos permite en situaciones excepcionales —"a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional"— acudir al sistema de contratación llamado "de emergencia", que elimina todo requisito para el gasto y permite designar a dedo las empresas adjudicatarias: "Podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la [...] ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente".
Durante la pandemia, las administraciones recurrieron a este procedimiento. Los decretos publicados por el Gobierno y por la Junta de Andalucía durante los estados de alarma avalaban también el uso de esta fórmula. Andalucía no fue la única Comunidad Autónoma en utilizarla. Se recurrió a esta fórmula por toda la geografía española.
Sin embargo, el SAS fue después prorrogando estos contratos —con aval de la asesoría jurídica de la Consejería de Salud— una vez pasado lo más duro, incluso después de que Hacienda —el director general de Contratación de la Junta de Andalucía— emitiera en junio de 2021 una Instrucción, dirigida a todo aquel con capacidad de contratar en la administración andaluza, en la que dice: "Hoy en día […], ya finalizado el Estado de Alarma, esa excepcionalidad se encuentra atenuada, cuando no diluida".
Para el PSOE, partido que presentó la querella que dio origen a la investigación (Podemos también está personado), este caso no se limita a un mal uso del procedimiento, sino que tuvo consecuencias en términos de gasto también: "Se contrataba directamente sin negociar precios, sin concurrencia y sin competencia entre las empresas prestadoras". Los socialistas han estimado "el daño" a las arcas públicas en 24 millones de euros debido a que este procedimiento de emergencia eleva, según aseguran, el precio de los contratos en torno a un 10%. De momento, el juez no ha comprado esta tesis e indaga solo prevaricación, no malversación.
Por el contrario, el Gobierno andaluz defiende la completa legalidad de las adjudicaciones: esgrime que los servicios jurídicos de Salud avalaron las prórrogas con dos informes y niegan que los fondos se hayan utilizado para fines diferentes de los previstos. También acusan a los socialistas de mantener una "estrategia maléfica" y de ejecutar maniobras "destinadas a dilatar los trámites y a prolongar artificialmente la causa".
De este modo resume María Márquez, la vicesecretaria general del PSOE andaluz el asunto: "Inflaron los contratos de emergencia para dar dinero a dedo y sin control a quienes ellos querían, y modificaron los papeles que tuvieron que modificar para que nadie les controlara en qué se gastaban el dinero de todos los andaluces".
A la espera de saber si la investigación judicial revela otra cosa, el dinero ha ido a parar a grandes grupos sanitarios y a otras empresas más pequeñas en todas las provincias andaluzas. De momento, no hay indicios que apunten a una supuesta malversación
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El juez José Antonio Gómez de momento, que ha caminado de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, presente en el caso, se ha limitado a pedir toda la información al Gobierno —expedientes, justificación y todo tipo de documentos de los órganos de control— y a escuchar mucho. La semana pasada acudieron cinco testigos: tres interventores y dos altos cargos.
Las declaraciones de este martes llevará el caso a un momento diferente, porque al magistrado ya le va a tocar tomar algunas decisiones, en un sentido, si considera que no hay caso, u otro, si considera necesario seguir investigando.
Así lo expresó la Fiscalía Anticorrupción en un escrito reciente incorporado a la causa: ante las diferentes peticiones de los abogados del PSOE, como reclamar un peritaje de la documentación a la Intervención General de la Administración del Estado, los fiscales dijeron que la "pertinencia" o no de estas reclamaciones se iba a poder "valorar más oportunamente tras la toma de las declaraciones", la de los gerentes este martes y las de la semana pasada.
El PSOE también considera que el juzgado debe pronunciarse sobre la modificación en el control de los gastos tramitados por el procedimiento de emergencia del SAS. En plena pandemia, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno cambió el modo de fiscalización: de un control previo de estos desembolsos se pasó a lo que se llama control financiero permanente, que analiza a posteriori —y habitualmente mediante un muestreo— que se cumple con las reglas que regulan el gasto.
Esta modificación se produjo sin un informe previo que lo avalara, según admitieron en su declaración la semana pasada las interventoras, indicaron fuentes del caso a Público. Bastó, según estas fuentes, una indicación verbal entre viceconsejeros durante el llamado consejillo (donde se preparan los temas que se llevan a Consejo de Gobierno). El instructor ha reclamado al Ejecutivo todo el expediente que llevó a la modificación del control y también documentación previa, que permitiría saber si la fiscalización previa había llevado a objeciones y, por ende, a cambiar el sistema de control.
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El juez ha reclamado también a la Junta toda la información sobre el hospital militar, un centro hospitalario hoy dependiente del Virgen del Rocío, que puso en marcha el Gobierno andaluz durante la pandemia. La segunda reforma costó 47,5 millones y para ella también se utilizó el procedimiento de emergencia. El juez ha solicitado los contratos relacionados con este hospital y con el procedimiento de adjudicación. Los socialistas han argumentado en un escrito enviado al juzgado que estas obras "fueron adjudicadas, a criterio y juicio técnico de los verificadores de Fondos Europeos, mediante un procedimiento ilegal de contratación de emergencia".
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