Desde hace ya tiempo los barcos intentan evitar Grecia. Optan por rutas más alejadas y más peligrosas. Todos llevan escuchando durante meses cómo se las gastan las autoridades griegas cuando se trata de personas migrantes. Las devoluciones en caliente y los golpes están a la orden del día. Como ya dijo en marzo de 2020 la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, Grecia era el “escudo” de Europa mientras la Policía griega utilizaba gases lacrimógenos contra cientos de inmigrantes que intentaban cruzar la frontera procedentes de Turquía.

Y como la frontera griega es una frontera europea, entonces se anunció la llegada a Grecia de 700 millones de euros en fondos europeos, de los que 350 estarían destinados a la mejora de la infraestructura de la frontera. Además, la Agencia europea Frontex desplegaría una unidad de intervención fronteriza rápida, los conocidos como Rabits, que incluía un barco en alta mar, seis lanchas patrulleras, dos helicópteros, un avión, tres vehículos de visión térmica, y 100 guardias fronterizos que se unirían a los 530 oficiales griegos que ya se encontraban desplegados en las fronteras marítimas y terrestres.

Luego comenzaron a llegar denuncias sobre las formas de actuación de las autoridades griegas que, incluso hicieron que el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, presentara su dimisión a luz de unas investigaciones que le acusaban de connivencia con numerosas devoluciones de inmigrantes en caliente. Este mismo año, en marzo, un grupo de varios europarlamentarios europeos exigió a la Comisión Europea que se abriera una investigación sobre los abusos a migrantes por parte de las autoridades griegas. Y, finalmente, estos días se ha observado el resultado de la inacción, el naufragio y la muerte de varios cientos de personas frente a las costas griegas. Llamaron pidieron socorro, pero fueron ignorados, se vulneró, como en otras ocasiones el Derecho Internacional. Si el náufrago está protegido por el Derecho del Mar, el que huye está protegido por el Derecho de Asilo y el Derecho Internacional forma parte de nuestros ordenamientos jurídicos entonces: ¿por qué países democráticos no lo cumplen de manera estricta?

Este no es más que otro de los vergonzantes episodios que se viven en aguas del Mediterráneo frente a las puertas de Europa. Una Europa que ha construido un discurso que se sostiene sobre una concepción necropolítica de la cuestión migratoria y que consiste en el menosprecio absoluto por las vidas que se pierden en el mar.

Y todo ello mientras se culpabiliza de manera exclusiva a los traficantes de personas, cuando no es sólo de ellos la responsabilidad. También lo es de los Estados y sus decisiones políticas que han optado por cerrar las vías de acceso legales y seguras, que con el cierre de las rutas marítimas hacen que las persona que huyen utilicen otras mucho más mortíferas y que con su inacción consienten de manera consciente el que estos naufragios tengan lugar. Manteniendo un modelo de gestión migratoria perverso y que se ha mostrado disfuncional. No sólo no disuade, sino que además provoca la pérdida descontrolada de vidas humanas. Sólo daré dos datos. El primero, desde 2014 más de 26.000 han perecido en el mar Mediterráneo. El segundo, como consecuencia de la firma del acuerdo entre la UE y Turquía en 2016, al tiempo que se reducían las llegadas, se incrementaban en un 25% el número de muertos.

Pero lo peor es que no parece que se vaya a cambiar el modelo de política migratoria, más bien la contrario. De hecho, el Nuevo Pacto de Migración y Asilo lanzado por la Comisión profundiza en esta lógica de la externalización y la securitización de las migraciones frente a la de la apertura de vías legales y seguras. Los acuerdos adoptados durante las semanas así lo atestiguan. Se trata de acelerar los procedimientos de expulsión a países de origen, o a un tercer estado, de aquellas personas no consideradas, en virtud de su nacionalidad, como aptas para ser consideradas como solicitantes de asilo y robándoles el derecho a solicitarlo y, por tanto, vulnerando el Derecho de Asilo. La presidencia española del Consejo que comienza el 1 de julio tiene como uno de sus objetivos aprobar el Pacto a lo largo del semestre y para ello no se ha dudado ni un solo instante en reivindicar en compañía de Meloni el modelo existente. Esto es, el de la externalización de la gestión de los flujos, en el caso español con Marruecos … a cambio del Sahara.

Y todo ello en un contexto de ola reaccionaria y xenófoba por toda Europa que presiona y contagia a los partidos tradicionales que compran sus postulados y los aplican. Una Europa en la que cada vez será mas complicado poder trabajar en políticas migratorias que efectivamente pongan en el centro la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.