El negacionismo y el retardismo climáticos empobrecen (e incluso matan)

El cambio climático no es solo un desafío ambiental, sino un vector de transformación profunda e inevitable en todos los sectores productivos. Una planificación adecuada puede posibilitar mayor justicia social en este proceso de cambio, atenuando los más que posibles efectos negativos en el ámbito sociolaboral, sectorial y territorial. Es algo que no debemos olvidar ni en este Día de la Tierra, ni ningún otro día.

Ante este escenario, la clase trabajadora organizada emerge como un actor principal para exigir políticas empresariales y públicas que anticipen y se adapten a los cambios y que prioricen una mayor equidad en el reparto de la productividad. Solo a través de una acción colectiva que fuerce compromisos reales de mitigación y, sobre todo, de adaptación a corto plazo será posible construir un modelo socioeconómico capaz de resistir los embates climáticos y proteger los derechos y unas condiciones de trabajo dignas y saludables.

El impacto del cambio climático conlleva profundos y diferenciales procesos de transformación y reconversión en todos los sectores productivos; pero también lo hacen las propias políticas de mitigación y adaptación llevadas a cabo por algunos Gobiernos, o la inexistencia de estas.

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Sea cual sea la posición política - proactiva a la implementación de medidas de mitigación y adaptación o negacionista y retardista en la adopción de las mismas - el proceso de transformación y reconversión ya se está dando. La diferencia entre ambos enfoques va a residir, en primer lugar, en la dinámica temporal en el que se produzca el cambio productivo y, en segundo lugar, en los efectos sociolaborales y territoriales que este puede conllevar.

Solo a través de una acción colectiva que fuerce compromisos reales de mitigación y de adaptación a corto plazo será posible construir un modelo socioeconómico capaz de resistir los embates climáticos y proteger los derechos y unas condiciones de trabajo dignas y saludables

Naturalmente, un cambio productivo lleva aparejado un cambio en las dinámicas sociolaborales, dado que aparecen nuevas oportunidades de empleo asociadas a la reconversión de ciertos sectores o la emersión de nuevas actividades productivas; y por supuesto la desaparición de ciertas actividades productivas y los empleos asociados a las mismas. Basta con imaginar cómo la adaptación a escenarios de menores recursos hídricos disponibles obligará a reducir o reorganizar drásticamente los consumos de agua, o a ajustar la demanda que de este recurso realizan todas las actividades económicas, como es el caso, entre otros, del turismo o de la agricultura industrial de regadío. Del mismo modo, podemos analizar cómo la mayor frecuencia e intensidad en la aparición de fenómenos meteorológicos extremos exigirá un replanteamiento de la ordenación urbanística y territorial, o cómo trabajar en un mundo con mayores temperaturas requerirá nuevas medidas para mitigar el impacto del estrés térmico en el ámbito productivo y laboral.

Por otro lado, el cambio climático también conlleva, y más en entornos sociopolíticos que carecen de medidas adaptativas, disrupciones productivas y laborales en el corto plazo. Cabe aquí recordar la trágica DANA que asoló Valencia en octubre del año 2024, con el fallecimiento de 238 personas y daños económicos que superaron los 17.000 millones de euros, lo que representa más del 20% del PIB valenciano del año 2023.  Se estima en más de 60.000 las empresas y comercios afectados, muchos de los cuales no van a reabrir jamás. Esta catástrofe humanitaria tuvo como causa básica el negacionismo climático por parte de los líderes políticos que en ese momento gobernaban la Generalitat Valenciana, es especial su presidente, Carlos Mazón, que antepuso intereses económicos espurios (estaba próximo un puente vacacional con importante impacto en el sector turístico) e ideológicos (negacionismo climático) a las necesarias y urgentes medidas de emergencia que hubieran mitigado en parte los daños producidos por la DANA.  Resaltar que la catástrofe humanitaria y económica se cebó en una zona de alta densidad poblacional, caracterizada por un nivel de renta menor a la media del País Valencià y con una tasa de pobreza relativa mayor. Por ello, afectó en mayor medida a la población más empobrecida, profundizando aún más en la desigualdad sociolaboral.

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El efecto de la inacción, alimentada por el  negacionismo o el retardismo, tanto desde la perspectiva de la mitigación como, sobre todo, de la adaptación, es muy evidente: conlleva desastres humanitarios, esencialmente en aquellas zonas con mayor densidad de población trabajadora y un aumento de las desigualdades y de la pobreza.

Este hecho, en sí mismo, debería fortalecer la respuesta conjunta frente al cambio climático de los y las trabajadoras, ya que, dados sus impactos y consecuencias, no debería haber ningún colectivo más interesado en unas políticas públicas más eficaces contra estos efectos. A día de hoy, la Generalitat Valenciana continúa sin desplegar a nivel territorial las políticas adaptativas oportunas.

Los trágicos sucesos como la DANA de Valencia, los incendios forestales o los episodios de calor extremo de los últimos años, ponen en evidencia las consecuencias, en forma de pérdidas de vidas humanas y daños económicos millonarios, de las políticas públicas que no quieren aceptar la evidencia científica. De hecho, y en contraposición, es también contrastable que las políticas progresistas llevadas a cabo por el Gobierno central han conllevado avances en el reconocimiento de derechos y competencias a las personas trabajadoras y a sus representantes en el ámbito, entre otros, de la seguridad y salud laboral en relación con los impactos del cambio climático.

Y es que solo la clase trabajadora organizada puede trasladar a las empresas y a los gobiernos sus prioridades y exigir compromisos y medidas para mitigar, a largo plazo, el cambio climático y, sobre todo, en el corto y medio plazo, la adaptación al mismo. Por ello, el establecimiento de objetivos y planes para la  reducción de emisiones de CO2, la elaboración de planes de movilidad sostenible, el refuerzo de inversiones tendentes a mejorar la circularidad de los procesos productivos (reducir los residuos y reconvertirlos en recursos), el esfuerzo por la transición energética hacia las energías renovables o por el aumento de la eficiencia en el consumo de recursos naturales,… son aspectos necesarios en los que debe participar activamente la clase trabajadora, tanto a nivel de empresas como de políticas públicas. Eso sí, bajo una perspectiva socioeconómica distinta que valorice la sostenibilidad y la justicia social, frente al beneficio empresarial.