El negacionismo de la violencia de género campa a sus anchas

Más de 500 mujeres denuncian cada día haber sido víctimas de violencia de género en España. Un total de 199.094 el año pasado, según datos de la Fiscalía. La cifra se mantiene constante en los últimos años. Sin embargo, para la ultraderecha de Vox, la práctica totalidad de estas mujeres mienten. Así lo manifestaron la semana pasada en un acto conjunto con la Asociación Nacional de Ayuda a las víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), una entidad que también niega la existencia de la violencia de género. ¿El lugar elegido para lanzar sus mensajes negacionistas? Nada menos que el Congreso de los Diputados, la más alta cámara de representación política de nuestro país. En el adefesio, titulado Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, no sólo se negaba la existencia de la violencia machista, sino que se afirmaba que las verdaderas víctimas de estas violencias son los hombres.

No se trata de un hecho aislado ni inocuo, sino de una estrategia orquestada por la ultraderecha a nivel internacional para ir contra los avances conseguidos por las mujeres en las últimas décadas. Un cambio del discurso social construido sobre  mentiras que ya está calando con fuerza entre la población más joven. Los últimos estudios realizados por organizaciones como el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, desvelaron en 2024 que uno de cada cuatro jóvenes (principalmente varones) consideran que la violencia de género no existe y que es "un invento ideológico".

El acto fue consentido por el Partido Popular y el PSOE, que lo aprobaron en la mesa del Congreso, con el voto en contra de Sumar. La petición posterior de los partidos de legislatura para que se prohibiera no tuvo ningún efecto. La justificación de los socialistas para no oponerse a la celebración del encuentro ultra fue que, según las normas no escritas del Congreso, no se puede negar una sala a un partido con representación parlamentaria si no existe un delito de odio. Según el PSOE, no se puede considerar delito de odio a algo que aún no ha sucedido.

Un argumento que cae por su propio peso. ¿Cómo puede no ser considerado un discurso de odio aquel que amedrenta a las mujeres para desincentivar la denuncia de delitos flagrantes cuya máxima expresión es el asesinato? Y van más de 1.300 asesinadas sólo a manos de sus parejas o exparejas desde 2003 y 65 niñas y niños desde 2013. Únicos datos que se recolectan de forma oficial.

La convocatoria ultra suponía desde el principio un ataque frontal a las normas aprobadas para luchar contra la violencia de género, pero también contra lo previsto en todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España, que son hoy en día leyes nacionales según la Constitución. Estos tratados imponen a los Estados firmantes medidas concretas para luchar contra los patrones culturales que legitiman estas violencias. Es decir, luchar activamente contra los estereotipos y prejuicios, así como contra los discursos falsos que desprotejan a las mujeres. Algunos de estos tratados son el convenio antidiscriminación hacia las mujeres de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) o el Convenio de Estambul. Por este motivo, algunas juristas no dudaron en tachar como contrario a nuestra Constitución permitir el encuentro de Vox en la cámara de representación política.

Una violencia insufrible

Lejos de las mentiras de Vox, la realidad sobre la violencia machista cuenta una  historia muy distinta. Según numerosos estudios realizados en las últimas décadas, no existe una enormidad de denuncias falsas, sino más bien todo lo contrario: son muchas las mujeres que no denuncian la violencia que soportan tanto ellas como sus hijas e hijos. Según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas fueron el 0,001% del total en 2024. Es decir, sólo dos de las casi 200.000 presentadas. Un porcentaje que se repite inalterable año tras año. El hecho de que existan una mayoría de denuncias que no llegan a juicio (o que acaba en archivo) no se debe a que las denuncias fueran inventadas, sino a la dificultad probatoria que existe en una violencia que casi siempre ocurre en la intimidad y que no logra romper la presunción de inocencia de los acusados.

Además, según los datos recogido por el Gobierno, sólo entre un 20% o un 25% de las mujeres denuncian en la policía o los juzgados la violencia que soportan. Del otro 80% no se sabe nada. Sufren violencia, pero no la denuncian. Según desvelaba la macroencuesta de 2019 realizada por el Ministerio de Igualdad, las principales causas para no hacerlo son el miedo a no ser creídas, la vergüenza y que éstas ocurrieron cuando aún eran menores de edad.

La academia no se queda atrás

La negación de las denuncias por violencia machista no se queda sólo en los partidos políticos, sino que también se extiende en otros ámbitos como la academia. Coincidiendo con el acto de Vox en el Congreso, el Palau de Congressos de Catalunya albergó la Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica, que se desarrolló con polémica y petición de boicot por parte de la Assemblea Feminista de la Universidad de Barcelona.

El evento, que se celebra cada dos años en un país diferente, estaba inicialmente promovido en España por la plataforma CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos), adscrita a la Universidad de Barcelona. Su fundador y cabeza más visible, el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona Ramón Flecha, fue denunciado el pasado mes de junio por 14 mujeres. Lo acusan de coerción y abuso sexual y abuso de poder.

Tras una ola de protestas, la UB decidió no albergar el evento en su sede, anunció la apertura de una investigación a Flecha por los hechos denunciados y lo apartó temporalmente de su cargo. Por su parte, la organización internacional del evento eliminó a CREA de la organización de las jornadas España, así como la ponencia que Flecha iba a dar en el encuentro y dio por zanjado el problema.

La Assemblea Feminista de la UB, sin embargo, denunció que entre los participantes en las mesas de debate de la conferencia permanecía un elevado número de miembros de CREA, que defienden al catedrático emérito y que han acusado a las denunciantes de emprender una campaña mediática para desprestigiar la organización.

Varios miembros de la organización, incluida su actual subdirectora, Rosa Valls, acusan a las denunciantes de mentir y de querer promover una campaña orquestada contra CREA. Valls, quien ha defendido en diversas ocasiones a Flecha en sus redes sociales, lideraba en el congreso una mesa de debate sobre violencia de género en las universidades españolas en la cual todos los demás participantes también eran miembros de CREA.

Según explican fuentes ligadas a las víctimas, las denuncias y evidencias de abusos por parte de Ramón Flecha han sido numerosas a lo largo de los últimos 30 años. En 2004 y 2016, el grupo CREA ya fue denunciado por algunos de sus miembros y becarias, por imponer métodos de trabajo que podrían considerarse propios de un culto o secta. Los sucesivos rectores de la Universidad de Barcelona conocían estas circunstancias pero, sin embargo, no se tomaron medidas para atajarlas.

La respuesta de CREA, un grupo de estudio con un amplio trabajo en temas de violencia de género, fue siempre culpar a las denunciantes, al más puro estilo de quienes niegan la violencia de género y promueven el bulo de las denuncias falsas.

Tanto en política como en la academia, al igual que en otros ámbitos sociales y culturales, negar la violencia machista y desprestigiar a las víctimas tiene consecuencias devastadoras sobre las mujeres que la sufren y, aún más, sobre el relato colectivo de lo que supone esta violencia.

En un momento histórico en el que las mujeres están sufriendo un severo retroceso en sus derechos fundamentales a nivel mundial, permitir estos discursos negacionistas supone validar la propia violencia, revictimizar a las mujeres y alentar comportamientos misóginos que, en su expresión más extrema, culminan con el asesinato de decenas de mujeres cada año. Negar la violencia de género no solo es inmoral, sino que debería ser un delito claramente tipificado en nuestra normativa jurídica.