El viernes pasado, Compromís y EQUO organizaron en el Congreso de los Diputados una jornada abierta a la ciudadanía titulada "¿Estamos a tiempo?: Políticas contra el cambio político". Era una especie de prólogo de la Cumbre sobre el Cambio Climático (COP20) que arranca hoy y hasta el 12 de diciembre arranca en Lima y que se ha concebido como una transición hacia la más ambiciosa reunión que tendrá lugar el año que viene en París (COP21) y que está llamada a prolongar los objetivos de Kyoto.

Una iniciativa, la de Compromís y EQUO, muy acertada y que, en palabras de Mar Asunción, responsable del Programa Cambio Climático de WWF España, reunió "a bastantes más personas que hace una semana a parlamentarios cuando nos reunimos para abordar este mismo tema". Una prueba más de que la cuestión del calentamiento global está fuera de la agenda política, por lo que jornadas como la del viernes pasado son tan importantes para "sacar de la clandestinidad política este problema, que se excluye de la agenda al exigir un cambio sistémico que afecta desde el transporte, a la industria, la alimentación, etc.", apunta Juan López de Uralde, coportavoz de EQUO.

Durante la jornada se abordaron multitud de temas, pero si algo se evidenció es cómo el Gobierno -sea del color que sea- se pliega a los intereses de las grandes corporaciones, desde eléctricas y petroleras hasta constructoras. Llamó la atención sobre este punto, por ejemplo, José Larios, expresidente del Instituto de Estudios Transnacionales, que apuntó que "las eléctricas han hecho caja vendiendo los derechos de emisiones que les han concedido de más". Una afirmación que corroboró Cote Romero, portavoz de la Plataforma Nuevo Modelo Energético, al afirmar que también "a las constructoras y cementeras se les da emisiones gratuitas que no necesitan para que luega las revendan, es una clara ayuda indirecta del Estado".

Constructoras, por otro lado, a las que también se benefició claramente con el retraso en la aprobación del Código Técnico de Edificación, no aprobado hasta 2006 -y la recientemente aprobada directiva de Eficiencia Energética-, por lo que gracias a haber cedido a las presiones de este lobby, "la mayor parte de las casas construidas en el boom del ladrillo son energéticamente ineficientes", señaló Carlos Martínez, responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO.

Paralelamente, la propia Romero advirtió que, a pesar del fiasco de las renovables -y su inseguridad jurídica- que protagonizó el último Gobierno socialista a manos del ministro Miguel Sebastián, "estamos en un punto en el que podríamos construir una nueva generación de renovables sin ayuda económica externa y, si no se fomenta, es por las presiones del lobby de las eléctricas".

Romero acusó al PSOE de "haber dejado la patata caliente de la regulación del autoconsumo de balance neto al PP" y a éste último, de "haber elaborado un borrador con el que se penaliza a quien genere su propia energía del mismo modo que, si tuviéramos una huerta, nos penalizarían por tener nuestros propios tomates". La portavoz de Plataforma Nuevo Modelo Energético señaló que el comisario europeo de Energía, aún estando en contra, asegura no poder actuar hasta que el borrador sea aprobado (presumiblemente en el primer trimestre de 2015), "pero el texto del PP ya ha hecho su trabajo beneficiando a las eléctricas con la desincentivación de las inversiones en la instalación de placas solares porque con que sólo tengas una, si no la registras, te expones a gravísimas sanciones".

Mientras, Manuel González Ramos, diputado por el PSOE, promete "una ley del cambio climático si ganamos las próximas elecciones", así como "compensaciones a todos los perjudicados de las renovables", mientras que la diputada por el PP, Belén Bajo, culpa a las primas de las renovables del déficit tarifario. Un despropósito. No sólo eso, Bajo eleva como grandes apuestas para mejorar la situación las interconexiones con la Unión Europea para dejar de ser una isla energética cuando, en realidad, a lo que conducirá a España es a "convertirse en un hub de gas", como apunta Romero; o el registro de la huella de carbono de las empresas para acceder a concursos públicos, cuando este registro es voluntario y, además, opaco para la opinión pública de modo que los consumidores no pueden elegir productos en función de lo que se contamine en su producción.

Con este panorama y a pesar de que España es, tras Bélgica, el país que está más lejos de cumplir los objetivos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, no se pierde la esperanza.Y ello a pesar de que nuestro actual Gobierno, en lugar de apostar por las renovables, siga impulsando el fracking y las prospecciones petrolíferas. Tanto es así que un reciente informe de Greenpeace, como apunta su responsable de campaña de Cambio Climático, Tatiana Nuño, asegura que está a nuestro alcance descarbonizar la energía, de manera que para el año 2030 el 95% proceda de las renovables. Para ello, es imprescindible que "los políticos sientan la misma presión con el cambio climático que con el recorte a los derechos sociales", precisa Rosa Martínez, coportavoz de EQUO, y que en lugar de evaluar lo que cuesta reducir la emisión de gases, se imponga el coste de no hacerlo, que es mucho mayor.

La pregunta, en realidad, ya no es si estamos a tiempo o no de parar el cambio climático, como precisó Eduardo Sánchez, director de relaciones institucionales de ONGAWA, porque "ya no estamos a tiempo de salvar a los que murieron como consecuencia de ello" que, además, se da la circunstancia de que "los más vulnerables son, paradójicamente, los que menos contribuyen al calentamiento global". No es, pues, una cuestión de esta a tiempo, sino de "aceleración para pararlo cuanto antes".

Aitor Urresti, profesor de la Universidad del País Vasco, continuó su discurso en esta línea, haciendo un llamamiento a no rendirse a la estrategia de comunicación de esos "poderosos lobbies que quieren exprimir el negocio que les queda" y que tratan de convencernos de que "las renovables son el futuro, pero no es el momento, no están maduras, son inseguras...". Urresti exige acabar de una vez por todas con "las políticas energéticas cortoplacistas" como la que está llevando a cabo el actual Gobierno, que "pretende descarbonizar la electricidad para 2030 y, sin embargo, sólo invierte en infraestructuras de gas; ¿qué sentido tiene eso?". El profesor de la Universidad del País Vasco concluye convocando a la acción ciudadana, porque "la energía es nuestra, tenemos que tomar las riendas y decidir cómo y cuándo consumimos las energía".