Es curioso que no exista una traducción mínimamente acertada del término lawfare al castellano, cuando en España el lawfare es el pan nuestro de cada día. Lo de "prevaricación" se queda bastante corto porque, aparte de la arbitrariedad y la corrupción judicial, un lawfare como Dios manda implica una ofensiva mediática en toda regla, con portadas desplegadas a cuatro columnas y opinadores mercenarios repitiendo mentiras a destajo y publicando sentencias hipotéticas con varios años de adelanto.

"Guerra jurídica" o "guerra legal" son sintagmas bastante erróneos porque allí guerra hay más bien poca, como en Gaza, que es una guerra de tanques contra tirachinas y de exterminar a bombazos a millares de niños palestinos bajo los escombros. Además, hablar de "guerra" daría la impresión de que el estamento judicial tuviese objetivos políticos concretos y de que algunos magistrados fuesen por ahí pertrechados de ametralladoras y cananas, igual que Rambos con toga.

He perdido ya la cuenta de las causas judiciales abiertas contra Podemos que han terminado en nada, exactamente en nada, primero porque no había ningún indicio serio para empezarlas y segundo porque los medios que se hicieron eco de las denuncias a toda página no publican la rectificación ni con típex. Creo que desde 2015 van casi treinta querellas archivadas contra líderes de Podemos, una ofensiva jurídica que, vistos los resultados, debe de estar motivada únicamente por las pintas sospechosas de los imputados: las coletas, las barbas de hippy, el pelo largo y la total ausencia de corbatas, mantillas y peinetas. Es curioso, porque en España los altos cargos políticos que acaban en la cárcel (Rato, Matas, Zaplana, por poner tres ejemplos ilustres) suelen vestir de punta en blanco.

No tengo ni idea del gasto que ha debido suponer este despliegue completamente inútil de armamento legal para el contribuyente español, probablemente, una millonada de la que deberían responder los jueces responsables del despilfarro. Da escalofríos pensar lo que sería la justicia española si estos linces del derecho hubieran dedicado un diez por ciento del empeño que dedicaron a intentar destruir a Podemos en investigar tramas como la financiación ilegal del PP, los sobres de dinero negro que circulaban por Génova o el misterio de quién diablos habrá detrás del asiento "M. Rajoy". Luego uno cae en la cuenta de que el CGPJ lleva cinco años caducado, sin renovarse ni cambiarse de calzoncillos, y entonces se le pasa el afán justiciero.

Al poder judicial le molesta mucho que se hable de lawfare la misma semana en que archivaron el caso Neurona contra Monedero y las supuestas coacciones de Ada Colau contra un fondo buitre. "Déjennos en paz", ha dicho el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, aunque, en buena ley, quienes deberían decir eso son Monedero, Colau, Iglesias y las docenas de falsos imputados que han visto sus nombres rebozados en fango periodístico durante años por culpa de una cacería judicial repugnante teledirigida desde las cloacas. Habría que preguntar a los jueces Juan José Escalonilla y Manuel García Castellón, principales responsables de los últimos grandes fiascos contra el entorno podemita (caso Neurona, caso Niñera, caso Dina), qué han sacado en claro de sus desvelos aparte de un linchamiento mediático impagable.