Por Francisca Stuardo (@Franstuardo)

En Nicaragua, la solidaridad puede ser un delito. Así lo demostraron las autoridades el pasado jueves 14 de noviembre, cuando detuvieron a 13 personas luego de que llevaran agua a un grupo de familiares de presos y presas políticas que iniciaron una huelga de hambre al interior de la Iglesia San Miguel, en Masaya, al oeste del país. Ese acto, hoy les tiene en prisión.

El grupo de detenidos y detenidas está formado por gente que ha dedicado parte importante de su vida a la defensa de derechos humanos, aunque eso les haya valido la cárcel anteriormente. Feministas, comunicadores, activistas y estudiantes, un bombero reaccionaron ante la respuesta represiva del gobierno, que había cortado el agua y la electricidad al grupo de huelguistas, mientras les mantenía rodeadas de efectivos policiales para evitar el ingreso de medicamentos y suministros. Sus nombres son Amaya Coppens, Neyma Hernández, Ivania Álvarez, Wendy Juárez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Téfel, Gabriel Ramos, Roberto Bushting, Melvin Peralta y Derlis Hernández.

Las familiares de presos y presas políticas iniciaron la huelga de hambre en respuesta a la represión por parte del Estado, que mantiene a más de 130 personas en condiciones deplorables, como castigo a su lucha por la democracia en el país. El Gobierno nicaragüense respondió con más violencia y represión.

Esa madrugada, al intentar acercar el apoyo, la policía capturó al grupo de 13 activistas, y les llevó hasta “El Chipote”, centro de detención ilegal. Pasadas las 48 horas reglamentarias para notificar la acusación, el grupo seguía incomunicado, sin que sus familiares ni personas cercanas pudieran constatar su situación.

El proceso en contra de estas personas atenta visiblemente contra sus derechos fundamentales, y sigue la dinámica que se ha fraguado en el país se ha intentado modificar el código penal para incluir penas que permitan castigar la protesta social; la policía ha constituido el principal y en algunos casos el único testigo de los delitos que se imputan; los tribunales procesan acusaciones con errores graves. Todo, para cooptar la justicia y detener las manifestaciones de la población.

Es esta misma línea, el pasado lunes 18 de noviembre, el grupo autodenominado “La banda de lxs aguadorxs” fue acusado de cometer actos de terrorismo, tachándoles de delincuentes, sin respetar su presunción de inocencia, prácticamente sin evidencia y fuera del plazo estipulado legalmente para levantar cargos.

Órganos internacionales como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la mano de distintas organizaciones de sociedad civil, han denunciado en repetidas ocasiones el acoso e intimidación a cualquier forma de oposición al gobierno. Ésta se recrudeció con el estallido de la crisis democrática, el 18 de abril de 2018.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en al menos 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas y más de 800 manifestantes, estudiantes y activistas estuvieron privadas/os de libertad por ejercer su derecho a la protesta.

Con estas nuevas detenciones, la cifra de personas privadas de libertad de manera arbitraria y sin derecho a la defensa sube a 150 y cerca de 88.000 personas desplazadas forzosamente a países vecinos ampliando esta crisis a dimensiones regionales.

El presidente aferrado al poder, Daniel Ortega, todavía no ha dado signos de diálogo ni de dejar la presidencia que ha ocupado durante los últimos 12 años. A 17 meses del quiebre institucional, el gobierno no hace más que perseguir a quienes luchan por la democracia en Nicaragua. Porque el agua es vida y no puede ser sinónimo de cárcel, te invitamos a decir #LaSolidaridadNoEsDelito y a firmar acá para que Nicaragua pueda encontrar la paz y la justicia.

Francisca Stuardo es periodista, feminista y defensora de derechos humanos. Ha trabajado en distintas organizaciones, entre ellas TECHO y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, usando la comunicación para el cambio social.