Theo Oberhuber

Que actualmente nos enfrentamos a un grave proceso de extinción de especies ya nadie puede dudarlo, hasta el punto de que diversos autores consideran que estamos en la sexta extinción masiva que experimenta el planeta, la primera causada por el ser humano. Son múltiples los informes que desde hace dos décadas nos vienen advirtiendo del aceleramiento en el proceso de extinción de especies, lo que justificó que el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) aprobase en 2010, con el apoyo de los países miembros, entre ellos España, la Meta de detener la pérdida de biodiversidad en 2020.

También aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluyen las Metas de Aichi, 20 metas ambiciosas y alcanzables, que desarrollan las principales medidas a adoptar por los diferentes países para lograr el objetivo establecido.

En 2011, fue la Comisión Europea quien, siguiendo el camino marcado por el CDB, adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.

En pocas ocasiones ha existido tanta coincidencia y sinergia a nivel mundial y comunitario para lograr la conservación de la naturaleza, y no solo basada en declaraciones políticas, sino también desarrolladas en estrategias y objetivos con plazos concretos a cumplir por parte de los gobiernos. Otro elemento sin duda novedoso y muy destacable es que entre las metas a lograr se incluyó la necesidad de actuar sobre las causas subyacentes de la destrucción de la biodiversidad, lo que incluye el modelo económico y de consumo, y que se establezca la necesidad de eliminar los incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad.

En 2015, la Comisión Europea realizó una Revisión Intermedia de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad hasta 2020, en la que se identificaron los progresos alcanzados a nivel europeo en comparación con la base de referencia de 2010, y las áreas en las que es necesario realizar más esfuerzos para poder llegar a cumplir la meta principal. La conclusión fue que si no se tomaban medidas extraordinarias por parte de todos los estados miembros, no se alcanzaría el objetivo.

Pero, ¿cuál ha sido la actuación del Gobierno Español para lograr la meta prevista para 2020? Su respuesta ha sido la inacción. Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no se consideró necesaria la puesta en marcha de ninguna iniciativa nueva para cumplir dicha Meta, alegando que estaban aplicando el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017. Sin embargo, este Plan incluye una serie de deficiencias:

• No incorpora una parte importante de los objetivos incluidos en las Metas de Aichi y de la Estrategia Europea de Biodiversidad.

• Prácticamente no se ha aplicado debido, según el Ministerio, a la falta de presupuesto.

• Sólo incorpora medidas para ser desarrolladas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, olvidándose de otros departamentos del Ministerio y de otros ministerios.

• Lo más grave, el Plan no incorpora objetivos ni actuaciones que deban desarrollar las Comunidades Autónomas, a pesar de ser las administraciones que tienen las competencias en la gestión de la conservación de la naturaleza.

Aunque el resultado parecía evidente, desde Ecologistas en Acción realizamos en 2013 y en 2015 sendos informes para analizar el nivel de cumplimiento de las Metas de Aichi en España, y en 2016 una revisión intermedia del cumplimiento de la Estrategia Europea de Biodiversidad. En estos informes quedó en evidencia que, de media, solo el 2% de los compromisos previstos se han cumplido, un 38% tienen un importante retraso en su ejecución y seguramente no se cumplirán para 2020, y casi un 60% de los compromisos ni siquiera se ha iniciado su aplicación.

Aunque todavía restan tres años para finalizar el plazo establecido (2020), y pese a algunas mejoras puntuales, por ejemplo en la recuperación de algunas especies amenazadas, el Gobierno no está realizando avances globales significativos para cumplir la meta prevista, debido sin duda a la falta de interés político. El resultado es que la destrucción de la biodiversidad no sólo ha continuado en nuestro país desde 2010, si no que se ha acelerado, con evidentes consecuencias sobre la capacidad de los ecosistemas para satisfacer las necesidades de los seres vivos en el futuro.

Quizás después de 2020, tras la evaluación final de la Estrategia Europea de Biodiversidad y de las Metas de Aichi, la Comisión Europea y el Convenio de Diversidad Biológica saquen los colores al Gobierno Español de turno por ni siquiera haber intentado cumplir el compromiso asumido. Pero debería ser la mayoría de la sociedad española la que responsabilice a su gobierno de haber favorecido la destrucción de la naturaleza y de la pérdida de calidad de vida, debido al deterioro de los procesos ecológicos de los que dependemos todos los seres vivos. La esperanza nunca se pierde.